Orden de expulsión de un cubano aviva la confrontación política en Bolivia

La orden de expulsión dictada por La Paz contra el médico exiliado cubano Amaury Samartino Flores ha avivado la confrontación entre el gobierno de Evo Morales y sus adversarios.

Según AP, un juez aplazó para este miércoles la audiencia de Habeas Corpus que interpuso la defensa del cubano, quien no pudo presentarse a los tribunales porque está ingresado en una clínica por posible taquicardia.

El gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS) y la derechista Podemos —principal formación de oposición— se enfrascaron este martes en discusiones sobre el futuro de Samartino, detenido el sábado pasado en la ciudad oriental de Santa Cruz y trasladado a La Paz para tramitar su expulsión, informó la AFP.

El Ministerio de Gobierno (Interior), al ordenar su arresto, informó que Samartino infringió una norma legal boliviana de 1996 que autoriza la expulsión de ciudadanos extranjeros que "intervengan en cualquier forma en política interna o inciten por cualquier medio a la alteración del orden social, político o de las organizaciones sindicales".

Antonio Peredo, senador del MAS y hermano del lugarteniente del Che Guevara en la insurgencia en Bolivia en 1967, aseguró que Samartino participó en actividades del poderoso consorcio político-empresarial Comité de Santa Cruz, opositor al gobierno de Morales, y en el impulso a acciones violentas contra simpatizantes del presidente boliviano.

Samartino también es reclamado por el régimen de Fidel Castro, aliado político de Morales, porque, según el embajador cubano en La Paz, Rafael Dausá, tiene cuentas pendientes con la justicia por delitos económicos.

Al anunciar la tramitación de la deportación, el Ministerio del Interior negó que el cubano, tenga estatus de refugiado, sino de "residente permanente".

El Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, un reconocido activista de derechos humanos, consideró que no debería procederse a la expulsión de Samartino, quien llegó a Bolivia hace seis años por gestión de Estados Unidos y la Organización Internacional de Migraciones, porque "corre riesgo su integridad (física) en Cuba".

"Este es un tema que tiene connotación política y al respecto el derecho internacional prevé el principio de no devolución (...) y para evitar que la imagen del propio Estado boliviano quede afectada ante la comunidad internacional", acotó el Defensor.

Una fuente de la embajada de Washington en La Paz citada por la AP dijo que se ha tomado conocimiento de este caso, que "implica convenciones y acuerdos internacionales de los cuales Bolivia es signataria".

Germán Antelo, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, calificó de "actitud dictatorial y no democrática" la decisión del gobierno de Morales de ordenar la detención del cubano.

Durante la reciente crisis política entre grupos opositores de Santa Cruz contra Morales, el cubano solía aparecer en entrevistas de televisión, para denunciar al régimen castrista y la presunta injerencia de La Habana en Bolivia.

Antelo, señaló que Samartino "fue secuestrado por emitir expresiones de lo que pasaba en su país y que no quería que sucediesen en Bolivia".

"Hay que rechazar (la expulsión), nosotros vamos apoyarlo", dijo.

José Antonio Arequipa, dirigente de Podemos, cuestionó al gobierno por actuar con "doble moral". "Hace oídos sordos" con otros refugiados como Aida Ochoa, militante del grupo extremista peruano Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), cuya extradición ha sido pedida por Perú por presunto terrorismo, dijo.

"El gobierno debería actuar de igual manera con Walter Chávez, él también es refugiado y se dedicó a trabajar activamente en hacer campaña política para el gobierno", señaló el senador opositor Oscar Ortiz. Chávez es peruano y uno de los más próximos asesores del presidente Morales.

© cubaencuentro.com