Actualizado: 08/05/2021 4:49
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Vivienda

Protestas contra los desalojos masivos en Holguín

Las autoridades han aumentado el despliegue de efectivos policiales en la ciudad para evitar 'incidentes'.

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Dos incendios de mediana intensidad ocurrieron en las últimas jornadas, sin que se reportara la pérdida de vidas humanas, en áreas de la ciudad de Holguín donde han sido desalojadas en lo que va de año varias decenas de familias.

El primero de ellos ocurrió el domingo en las inmediaciones de El Pití, de donde fueron desalojadas en enero más de 60 familias, y apenas 24 horas más tarde fuerzas especializadas del Cuerpo de Bomberos de Holguín tuvieron que sofocar otro siniestro que arrasó la vegetación de una elevación que sirve de cobertura a refugios de las FAR (Fuerzas Armadas), en el Reparto 26 de Julio.

Una información divulgada de forma anónima en pasquines colocados en varios sitios de la ciudad dio a entender que los incendios podrían no ser fortuitos, sino parte de las protestas que protagoniza la población civil por los desalojos que han practicado las autoridades y que amenazan a centenares de personas.

En varios puntos céntricos de la ciudad de Holguín han aparecido carteles de protesta contra los desalojos, con frases como "Fuego contra el desalojo" y "Abajo el desalojo". En algunos casos han aparecido además recortes del oficialista semanario ¡AHORA! donde aparece los líderes del Partido Comunista en el territorio portando antorchas encendidas, a propósito de la marcha organizada por el gobierno como homenaje a José Martí el pasado 28 de enero.

Sin embargo, varios observadores de la actual situación no descartan la posibilidad de que los siniestros hayan sido provocados por agentes de la Seguridad del Estado con el fin de culpar a los desalojados para dañar su imagen.

Entre tanto, algunos de los desalojados han apostado por el diálogo con las autoridades para encontrar una solución a su situación de vivienda, aunque no han recibido respuesta alguna, ni han sido atendidos por las instancias gubernamentales ni partidistas.

La máxima dirección del Poder Popular y del Partido Comunista han insistido con énfasis en que todas las familias que han construido sus casas en terrenos estatales y sin tener en cuenta lo establecido en la Ley General de la Vivienda "tendrán que retornar a sus lugares de orígenes y abandonar esos asentamientos".

Afectados alegan que el propio gobierno ha fomentado el surgimiento de los poblados ilegales

Una fuente de la Dirección Provincial de Planificación Física, que pidió no fuera revelada su identidad, aseguró que este es un problema "originado por el propio gobierno, pues desde hace más de 20 años ha permitido, y hasta ha alentado, las construcciones sin ningún tipo de planificación ni orden".

"Ahora la situación es incontrolable debido, en primer lugar, a lo expandidos que están estos asentamientos por toda la ciudad y, también, porque la propia Dirección Municipal de la Vivienda ha legalizado muchas de esas casas", agregó la fuente.

Un informe dado por el presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Holguín, Vitaliano González, al cuerpo de inspectores de la Dirección de la Vivienda, reiteró que no se permitirá la ilegalidad en ningún caso.

Las autoridades consideran que "más del 80 por ciento de los casos son personas que no trabajan, con antecedentes penales, verdaderos antisociales que arman cuatro palos y un cartón y luego quieren que el Estado les ayude a reparar sus 'viviendas'".

Sin embargo, entre los desalojados están empleados de centros de trabajo de la provincia integrados en las llamadas organizaciones de masas, controladas por el gobierno.

El sábado pasado más de cien personas protagonizaron una manifestación pacífica por calles de Holguín para intentar defender el derecho a permanecer en sus viviendas.

"No somos antisociales ni queremos cuestionar al Partido ni nada por estilo, sólo queremos que entiendan que un pueblo no puede detenerse en el tiempo ni en el espacio, nuestros hijos crecen, nuestras familias cada día tienen nuevos intereses y no podemos pasarnos la vida viviendo como en un alberge colectivo", dijo a ENCUENTRO EN LA RED un hombre que en más de una ocasión ha acudido a las oficinas del poder político para reclamar sus derechos y que pidió permanecer en el anonimato.

"Soy ilegal hace más de 17 años, cuando me mudé estaba recién casado y ahora estoy preparando la fiesta de los 15 años de mi hija. ¿Mi lugar de origen?, la casa de mis abuelos, donde viven once personas y tiene dos habitaciones", dijo Jorge, quien trabaja en un taller fabril de la ciudad.

Entre las manifestantes que el sábado 23 recorrieron céntricas calles holguineras pidiendo soluciones al gobierno, estaba una señora que dijo que ahora dialoga "con mucho temor, porque nos han intimidado", con las autoridades.

Pero "si nos quedamos de brazos cruzados nunca tendremos ni la más mínima libertad en este país", agregó.

"Los propios inspectores de la Vivienda nos alentaban a que construyéramos las casas en esos terrenos infectados de marabú, siempre pedían que les hiciéramos un 'regalito', y ahora resulta que somos antisociales, eso no es justo", afirmó por su parte Mariela, de 35 años.

La manifestación pacífica del sábado pasado contra los desalojos ha desencadenado una serie de medidas coercitivas del gobierno contra la población civil, que incluyen el despliegue de cientos de efectivos policiales, quienes patrullan la ciudad las 24 horas del día, la activación de las Brigadas de Respuesta Rápida (seguidores del régimen) y la movilización de cientos de civiles en "tareas de la defensa", que realmente tienen el objetivo de sofocar cualquier intento de nuevas marchas de protesta.

En centros laborales y las oficialistas organizaciones de masas se realizan reuniones con el objetivo de desacreditar a los protestantes, así como a las organizaciones disidentes de derechos humanos y la prensa independiente, que denuncian los desalojos.


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