Actualizado: 23/10/2017 19:18
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Paladares, Represión, Cambios

Represión, reglamentos y referencias

La incapacidad del Gobierno cubano para la producción agropecuaria marcha pareja con la capacidad para reprimir hoy lo que era permitido ayer

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¿Dónde está el “manual” de lo permitido y lo prohibido en Cuba? Claro que mucho de “lo que no se puede” ha permitido inmutable por décadas. Vaya a una esquina, grite “Abajo Fidel” o “Abajo Raúl” y sabe a qué atenerse antes de abrir la boca. Pero en los reglamentos jurídicos, los decretos en la Gaceta las normas empresariales, los códigos de buena conducta, las guías ideológicas e incluso la propia Constitución de la República aparecen leyes que no se ponen en práctica, “delitos” que se permiten hasta un día, consentimientos que desaparecen de la noche a la mañana.

Durante décadas el régimen ha cambiado opiniones y normas de acuerdo a las circunstancias del momento, tanto a la hora de condenar a una persona por un supuesto delito de opinión como al elaborar un expediente de colaboración con el enemigo. Pero donde los cambios han sido más prominentes, aunque en ocasiones sin anuncios, es en las situaciones que tienen que ver con la vida cotidiana de los ciudadanos, que quizá puedan hoy arrastrar una carretilla por las calles y vender frutas sin problemas, y ver mañana su magro cargamento confiscado. Claro que también han existido absolutos durante ese tiempo. Por ejemplo, la Plaza de la Revolución ha mantenido una constante en no permitir la menor oposición o disidencia de cualquier tipo, por pacífica que sea. Los métodos varían; los objetivos son los mismos.

Definiciones cambiantes

Como en cualquier sociedad totalitaria, el Gobierno de la Isla se encarga de definir lo que es un delito. Bajo la óptica democrática, suele parecer que tales dictados son arbitrarios, pero en realidad responden a un código represivo que asegura la sobrevivencia del sistema, y mientras el mecanismo funcione, quienes lo imponen no ven la necesidad de cambiarlo. Es más, lo que disgusta a funcionarios y represores es que alguien en cualquier lugar del mundo se cuestione ese mecanismo y las definiciones que implica, las cuales pueden estar escritas o no, porque en última instancia ello es intrascendente: lo fundamental es que se cumplan.

Por lo general esos criterios aún hoy se elaboran con la constante referencia a una “guerra terrible con una potencia nuclear”, cuando en realidad desde hace muchos años, en el diferendo entre Cuba y Estados Unidos, se puede hablar de la hostilidad de Washington mantenida en ciertas acciones, normas y leyes, pero no de acciones bélicas. Y en los dos últimos años hablar de “hostilidad” carece de sentido.

Una guerra sin disparos y ataques mortíferos, sin cañones y acorazados. Una contienda donde los únicos “barcos enemigos” que entran en aguas cubanas traen mercancías que se cargan en los puertos de la nación agresora. Cuba está en una “guerra”, dicen quienes gobiernan la Isla, y no le queda más remedio que encarcelar a los “agentes” que luchan en favor del otro lado.

Sin embargo, un buen número de disidentes cubanos han cumplido largas condenas y otros son encarcelados temporalmente y amenazados todos los meses por el solo “delito” de buscar cambios pacíficos en la Isla. Cambios que en otros países, con un sistema democrático y un Estado de derecho, se buscan obtener, por ejemplo, en las urnas. Transformaciones que se intentan, y que en ocasiones también terminan en fracasos, pero por las cuales no hay que pagar el precio de la represión más vulgar: el encarcelamiento o la amenaza.

El gobierno cubano comete un error, cuando confía en la eficiencia probada de su mecanismo de represión preventiva para dilatar la solución ―o al menos el mejoramiento― del problema de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos.

Lo que es una victoria de la censura se traduce en una derrota de la creatividad, en el sentido más amplio de ambos términos.

Desde hace mucho tiempo los disidentes luchan frente a dos enemigos poderosos: la represión y la inercia. Por décadas el régimen ha alimentado la ausencia de futuro en la población como el medio ideal para alimentar la fatalidad, el cruzarse de brazos y la espera ante lo inevitable. Pero si estas actitudes influyen negativamente en las posibilidades de un cambio democrático, también afectan a la capacidad de la nación para resolver sus problemas por medios propios.

Comparaciones y ejemplos

Uno de los argumentos más repetidos por el Gobierno cubano y sus seguidores es que “No hay una sola familia cubana que en los últimos 50 años llore a un familiar desaparecido, no hay una sola que llore a un familiar asesinado extrajudicialmente, no hay una sola denunciando trato inhumano degradante, torturas como las que se aplicaron en otros países de América Latina”. Estas palabras las pronunció el excanciller Pérez Roque en un foro internacional, el mismo que años después sería separado de forma abrupta del gabinete cubano, sin necesidad de muchas explicaciones al respecto, salvo el dictado casi bíblico de Fidel Castro sobre la predilección por las “mieles del poder”. Pero no importa si lo diga un funcionario u otro. No se trata más que de máquinas repetidoras que no se apartan una palabra del guion dictado desde la Plaza de la Revolución.

La afirmación tiene una porción de verdad, en el sentido de que no hay un historial de desapariciones y barbarie similar al que arrastran diversas dictaduras latinoamericanas. No quiere decir que el régimen esté libre de culpas, como se recuerda a menudo con diversos ejemplos, entre los cuales destaca la barbarie ocurrida con el remolcador 13 de Marzo, cuando 41 personas, incluidos niños y mujeres, murieron en un intento de abandonar el país. Y eso para solo recordar un hecho que reaparece mencionado una y otra vez como la herida abierta que es.

La comparación con lo que pasó durante las sangrientas dictaduras latinoamericanas no absuelve al Gobierno de La Habana de su historial represivo. Es más, lo que en otros países es pasado, en Cuba es presente.

En la Isla se practica una represión sin tregua, aunque las largas condenas han sido sustituidas por breves arrestos preventivos.

Por otra parte, la referencia a las desapariciones tiene cierta dualidad, ya que busca tanto la absolución como el destacar la eficiencia de la maquinaria represiva cubana. Esta le ha permitido prescindir de acciones que tanta “mala fama” acumulan sobre los violadores. Pero aunque se puede especular sobre la existencia de otras formas de “desaparición” en la Isla ―incluso más allá de fusilamientos, juicios sumarios, condenas excesivas y encarcelamientos sin la celebración de un proceso penal, para citar algunos de los hechos ocurridos desde el establecimiento del régimen aún imperante en Cuba―, hay un elemento importante a destacar: la diferencia entre recurrir al delito y la marginalidad para impedir un cambio de Gobierno y el establecimiento de un sistema que modifica las leyes y normas con el objetivo de perpetuarse.

Incapacidad para crear y facilidad para castigar

Estas modificaciones son fundamentalmente en diversas esferas de la vida cotidiana, desde ciertas actividades económicas hasta las acciones represivas contra la libertad creadora o la discriminación de ciertos sectores poblacionales.

Lo que en otra época fue delito en Cuba, ahora es permitido. Y lo que hoy es autorizado mañana podría estar en duda o censurado.

Acaba de ocurrir en el caso del otorgamiento de nuevas licencias a “paladares” en La Habana y el temor a inspecciones más severas. Los funcionarios gubernamentales han explicado los motivos para tal medida a partir de toda una serie de supuestas actividades delictivas, y es posible —o muy posible— que tales actividades delictivas existieran y siguen existiendo.

Pero lo primero que se ha puesto en evidencia es la incapacidad del propio Gobierno para ejercer un control necesario, pero libre de corrupción y soborno. Lo segundo es la incapacidad también para solucionar ciertos problemas sin tener que recurrir al mecanismo represivo.

Por ejemplo, algunos de los visitantes a la Isla en los últimos meses han mencionado al regreso la práctica llevada a cabo por dueños o empleados de “paladares”, de acudir en horas tempranas a ciertos establecimientos y comprar toda la existencia de determinados productos del agro y privar a los vecinos de adquirirlos; lo que obliga a estos a buscarlos en sitios con precios más elevados —si cuentan con el dinero para ello— o acudir a revendedores, que es posible sean los mismos que justificaron las compras elevadas con el pretexto de ser “para un paladar”. Aunque la solución aquí sería la creación de una red comercial mayorista. A nadie en Miami se le ocurre ir a un supermercado y comprar todos los aguacates, porque, sencillamente, ¿qué va a hacer con ellos?

En estos casos el mismo Gobierno actúa, primero, como facilitador del delito —gracias a su incapacidad productiva que ha convertido a la escasez en un mal endémico en Cuba— y luego como represor de ese delito distribuyen oportunidades y castigos.

Esa incapacidad para crear y esa facilidad para castigar resume una de las características más notables del sistema cubano.

Como contrapartida, tanto a la ineficiencia productiva como a la capacidad represora, surge la necesidad de buscar un cambio, que no tiene que resumirse en unos cuantos planteamientos sobre derechos humanos y sociedad civil, sino en el deseo de cambiar ciertos aspectos de la sociedad —o la sociedad y el gobierno en su conjunto— y la cual sigue siendo tan refrenada en la Isla como cuando esta persecución se vestía del ropaje de la lucha de clases.


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