Un cubano condenado a muerte en EE UU apela la sentencia
Juan Carlos Chávez, de 31 años, fue condenado por la violación y asesinato de un niño de nueve años en un área rural de Miami-Dade.
La condena a un emigrante cubano por el asesinato de un niño de nueve años debería ser sobreseída porque sus abogados en el juicio fracasaron en plantearle las diferencias entre los sistemas legales de Estados Unidos y Cuba, argumento el jueves una nueva letrada en el caso, reportó la AP.
Juan Carlos Chávez, de 31 años, fue sentenciado a muerte por la violación y asesinato del niño Jimmy Ryce, hace 14 años, en un área rural del condado de Miami-Dade. Jimmy fue secuestrado cerca de su casa tras haber descendido de su autobús escolar.
La Corte Suprema de la Florida ya había sostenido la condena a muerte. Ahora Chávez dice que sus abogados anteriores fueron incompetentes, en parte porque nunca le ofrecieron una comparación entre las leyes de Estados Unidos y las de Cuba en su esfuerzo fallido por hacer suprimir su confesión, de la cual él se había retractado.
El juez de circuito Marc Schumacher falló hace dos años que el abogado Michael Amezaga, nacido en Cuba y quien estudio ambos sistemas legales, no podía testificar en una audiencia de apelación porque no estaba calificado como testigo pericial. Schumacher también rechazó los alegatos de que los defensores eran incompetentes.
La actual abogada de Chávez, Andrea Norgard, argumentó que el testimonio de Amezaga debería haber sido permitido porque habría mostrado que Chávez no entendió las advertencias de que tenía derecho a guardar silencio y a contar con un abogado durante los interrogatorios, pues en Cuba no existen esos derechos.
Los jueces, que emitirán un fallo en fecha posterior, se mostraron escépticos ante el argumento de Norgard.
Chávez había confesado haber violado a Jimmy, haberle disparado y desmembrado su cuerpo para colocarlo en macetas selladas con cemento. La madre del niño, Claudine Ryce, quien murió de un ataque cardíaco el mes pasado, y su esposo, Don, buscaron durante tres meses a su hijo desaparecido.
El subsecretario de Justicia Scott Browne dijo que al menos cuatro veces Chávez recibió advertencias en español sobre los derechos de que disponía, y que había estado suficiente tiempo en el país —cuatro años— como para familiarizarse con los derechos de los que gozaba. Chávez tampoco mencionó nunca tener confusión alguna sobre sus derechos legales cuando habló sobre la confesión en la corte.
El juez Charles Canady consideró que las diferencias legales entre ambos países versan más sobre una cuestión psicológica, que legal. La jueza Barbara Pariente dijo que a ella también se le hace difícil aceptar el argumento de Norgard porque es especulativo afirmar que el testimonio de un perito habría cambiado el veredicto.
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