Actualizado: 01/04/2020 15:47
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Red Avispa

Espionaje, terrorismo y costo

Lo que dice la ley: ¿Se abstendría La Habana de enjuiciar a agentes de la CIA que intentaran saber qué hacen en la Isla más de ochenta fugitivos estadounidenses?

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Un nuevo juicio a los cinco agentes de Castro en Estados Unidos pondría sobre el tapete jurídico este planteo elemental de Madison: "la seguridad frente al peligro exterior es uno de los objetivos primarios del orden estatal" (41 The Federalist, noviembre 30 de 1787).

Los jueces tendrían que decidir si Cuba (u otro país) puede infiltrar agentes para velar a grupos "terroristas" de exiliados, sin previo consentimiento del gobierno ni temor a la acusación de espionaje, o si sólo corresponde a cada Estado prescribir cómo vigilar a la gente dentro de su propio territorio.

Vírese el asunto: ¿se abstendría Cuba de encausar por espionaje a los agentes de la CIA que se metieran clandestinamente en la Isla para saber qué hacen allá más de ochenta "terroristas" y otros fugitivos de la justicia estadounidense?

Tómese un ejemplo: Joanne Chesimard, militante del Ejército de Liberación Negro, apareció en La Habana después de fugarse de la prisión (Nueva Jersey) donde cumplía condena por la muerte del patrullero Werner Foerster. De nada valdría la opinión de Castro: "Quererla presentar como una terrorista es una injusticia, una brutalidad, una mentira infame". Así como es improcedente discutir en el juicio de los cinco si el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate (HAR) es o no "asesinato", ya que los tribunales americanos deben respetar el "acto de gobierno" extranjero ( Underhill contra Hernández, 1897), Cuba no podría levantar objeciones (en juicio semejante a espías norteamericanos) contra la calificación jurídica de "terrorista" que el gobierno estadounidense dio a Chesimard.

La razón suficiente

El 20 de octubre de 1998, Castro recalcó ante la CNN "el derecho de Cuba a informarse sobre la actividad de los grupos terroristas de la mafia de Miami". Y agregó: "No nos interesan en absoluto informaciones militares". Ejercer aquel derecho plantea este dilema: llegar a un acuerdo con Washington o proceder clandestinamente. Ninguno de los dos gobiernos confía en el otro y ambos actúan como adversarios. En este río político revuelto pretende Castro sacar ganancia jurídica para sus pescadores de información.

En Cuba fusilaron a los tres cabecillas del secuestro de la lancha Baraguá y Castro reiteró a Oliver Stone que "haría exactamente lo mismo" por hallarse desde siempre en "situación virtual de guerra" con Estados Unidos ( Looking for Fidel, 2004). Los cinco correrían entonces la misma suerte. No sólo el Tribunal Supremo americano admitió hace tiempo que "la situación de guerra puede darse sin declaración formal de ninguna de las partes" ( Prize Cases, 1862), sino que también la ley codificada impone pena de muerte a cualquier persona que, en tiempo de guerra, actúe como espía o esté simplemente al acecho en cualquier lugar (10 USC 906). Contra los ciudadanos americanos René González y Antonio Guerrero podría incluso esgrimirse el arma predilecta de Castro: traición a la patria (18 USC 2381).

Para el 3 de agosto de 2001, el Parlamento cubano declaraba que los cinco "prisioneros políticos del imperio" eran "inocentes". Añadió que la Casa Blanca había nombrado en puestos importantes "a varios sujetos de connotada trayectoria en la guerra contra Cuba". No sólo hay guerra, sino también alianza entre "la mafia de Miami" y el gobierno americano. Estas claves del discurso castrista desentonan con la melodía de una solita misión clandestina de los cinco: "detectar e informar las actividades criminales que organizan los grupos terroristas de Miami".


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