Un pueblo sin ley, una nación sin amparo

¿Qué jueces de cuál Corte independiente cubana van a declarar improcedentes y van a anular los juicios contra los más de trescientos prisioneros políticos que sufren los horrores de las mazmorras de Fidel Castro?

¿Quiénes van a considerar como prejuiciados y hostiles los ambientes en los cuales se desarrollan estos procesos, muchos de ellos con carácter sumario y condenas pre-establecidas?

¿Cuándo alguien dirá basta y establecerá el estricto cumplimiento de los derechos ciudadanos reconocidos internacionalmente, empezando por una moratoria menos intermitente de la pena de muerte, aplicada cada vez que al anciano Comandante le parezca necesaria?

Nadie puede saber hasta dónde llegará la hipocresía de las autoridades cubanas, ahora alentada por el martillo soberano de tres magistrados del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito Federal de Atlanta, que dictaminaron el "cambio del lugar del juicio" presentada por los cinco miembros de la red castrista detenidos en Miami en 1998.

Los voceros del caudillo pasean por ciudades del mundo democrático, en cada continente, su cacareada "verdad" en el caso de los cinco agentes de la Red Avispa, ocultando sus verdaderos tejemanejes tras su expresa voluntad de confrontación y las conexiones con el caso de Ana Belén Montes, la espía en el Pentágono.

De cara al futuro democrático en la Isla, son muchas las lecciones que los cubanos debemos sacar de la controvertida decisión anunciada en la capital de Georgia, segunda que se toma, en menos de cuatro años, en detrimento de la comunidad exiliada de Miami. La primera y más importante de ellas tiene que ver con la absoluta autonomía del poder legal en una sociedad plural y pluralista, cuyo gobierno observa las garantías de juicio y respeta el imperio de la ley.

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