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Posada Carriles

Un juez emplaza al gobierno de EE UU a justificar la detención de Posada Carriles

Washington deberá completar antes del 1 de febrero de 2007 el proceso para dejar a Posada Carriles encarcelado indefinidamente, de lo contrario podría ser liberado.

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Un juez federal estadounidense dio 90 días al gobierno para que justifique el encarcelamiento del anticastrista Luis Posada Carriles, procesado por entrada ilegal a Estados Unidos y acusado por La Habana de graves actos terroristas, entre ellos el atentado contra un avión en 1976, que costó la vida a 73 personas.

En una orden de cinco páginas, emitida el jueves y publicada el viernes, el juez Philip Martínez, del tribunal federal en El Paso (Texas, suroeste), ordenó al Departamento de Seguridad Interior completar en o antes del 1 de febrero de 2007 el proceso para dejar a Posada Carriles encarcelado indefinidamente, de lo contrario podría ser liberado, informó la AFP.

El proceso consiste en buscar una certificación del fiscal general estadounidense que indique que la liberación del anticastrista, de 78 años de edad, podría tener serias consecuencias en la política exterior de Estados Unidos. En ese caso, Posada Carriles podría quedar encerrado sin fecha de salida.

El gobierno estadounidense se opuso a la liberación de Posada Carriles el pasado 5 de octubre —recomendada a Martínez por un magistrado de menor rango—, considerando que es un peligro a la comunidad y debe seguir buscando un país que lo reciba, ya que tiene una orden de deportación pendiente.

Entonces el gobierno aseguró que consultaría con el Departamento de Estado la posibilidad de certificar la liberación de Posada Carriles como un acto que traería efectos adversos a la política exterior del país.

"La corte también reconoce que el solicitante (Posada Carriles) ha estado detenido más de un año (…) esto sobrepasa por mucho el período de seis meses" que el Tribunal Supremo estableció como máximo para mantener encarcelado a un extranjero con orden de deportación si no encuentra un país que lo reciba, escribió Martínez.

A Posada Carriles se le exige la búsqueda de un país al que irse, con excepción de Cuba o Venezuela —de los que es ciudadano—, donde podría ser torturado, según determinó un juez migratorio.