A buen paso
Acoso y derribo: La guerra de Morales contra los poderes judicial, legislativo y electoral amenaza directamente la estructura democrática boliviana.
El pasado 30 de marzo, el presidente de la Corte Nacional Electoral —organismo independiente en Bolivia, cuyos miembros son electos por dos tercios del Congreso— renunció a su cargo por "razones personales". Se trata de la tercera renuncia en un alto organismo del Estado, independiente del Ejecutivo, desde la asunción de Evo Morales.
Primero fue el titular de la Corte Suprema de Justicia y ex presidente de la República, Eduardo Rodríguez, quien renunció en febrero aduciendo también "razones personales", en tanto que la cabeza del Tribunal Constitucional, William Durán, lo hizo pocos días después, supuestamente por las mismas causas, sin contar la del fiscal general de la República, Pedro Gareca, que luego de dimitir se retractó misteriosamente y ahora sigue en funciones.
A propósito, vale la pena recordar una información que difundiera el diario boliviano La Razón, que conduce a preguntarse si el fiscal está libre de ataduras para actuar.
El hecho es que "un periodista de un medio llamó al vocero (del presidente) para pedirle la reacción del Gobierno sobre la acusación de dos ex presidentes en el sentido de que el MAS está manipulando al fiscal para que los acuse. El vocero dijo que no podía contestar en ese momento porque estaba en un avión. Creyendo haber colgado el teléfono, Contreras le contó al Presidente sobre la pregunta y alguien respondió: 'Tiene razón pero pues'… acto seguido se oyó una carcajada".
Ahora bien, ese fiscal es el encargado del proceso contra el ex presidente Sánchez de Losada por las represiones sangrientas de febrero y octubre de 2003; proceso en el cual Carlos Mesa Gisbert, entonces su vicepresidente, está entre los acusados. Es el mismo que ha emprendido el proceso contra Eduardo Rodríguez Veltzé por traición a la patria, luego que este último permitiera (intencionalmente o no) la salida del país de los misiles chinos que estaban en posesión del Ejército, para desactivarlos. Así, el actual gobierno mantiene a distancia a los tres ex presidentes del país, en calidad de acusados.
Denuncias sin pruebas
Como la dimisión del presidente del Tribunal Constitucional no fue suficiente para doblegar a los miembros de dicha instancia jurídica, la misma se encuentra nuevamente en el punto de mira del poder, después de una resolución relativa a la más grande compañía boliviana de transporte aéreo, actualmente en quiebra.
Evo Morales insinuó que ejecutivos del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) habían sobornado a los magistrados del Tribunal Constitucional para que admitieran un Recurso Directo a la Nulidad, suspendiendo momentáneamente la competencia del interventor de la empresa aérea.
Esto condujo a la magistrada del Tribunal, Silvia Salame, a replicar severamente: "No voy a permitir que nadie, llámese Evo Morales o Perico de los Palotes, vaya a mellar mi dignidad". Es más, Salame amenazó con iniciarle un juicio en la Corte Penal Internacional si no se retractaba públicamente. El presidente de la Corte Suprema le manifestó su apoyo y proclamó que las declaraciones sin pruebas de Morales constituyen "una forma de amedrantamiento, que pretende imponer una voluntad omnímoda".
En cuanto al nuevo presidente de la Corte Nacional Electoral que designarán los restantes miembros de esa instancia, el presidente de la República, Evo Morales, ya pidió su dimisión porque, a su juicio, no tiene ética ni moral para dirigir los procesos electorales en el país. Lo acusa de formar parte del entorno del ex jefe de Estado, Jorge Quiroga Ramírez, y luego de las elecciones de diciembre ha hecho aparecer la sospecha de fraude sobre los miembros de la Corte.
En lo que respecta al poder judicial, ya seis han renunciado a sus puestos desde principios de año. Algunos evocan claramente los ataques y la deslegitimación hacia este poder, luego que Morales insinuara que recibirían soborno para admitir recursos.
No olvidemos que el escándalo de los misiles chinos también sirvió de pretexto al presidente para descabezar y neutralizar las Fuerzas Armadas, pues retiró a 28 generales y puso al mando a oficiales de su preferencia.
En pocas palabras, el nuevo gobierno pretende someter todos los poderes a su merced: además del ejecutivo y el legislativo, necesita controlar el ejército, la policía, el poder judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y ahora el poder electoral. Para eso pone todo su empeño y medios, en particular la intimidación y las insinuaciones reiteradas.
Esta labor de zapa va mucho más allá del clásico spoil system, que consiste en cambiar los altos funcionarios del Estado, tarea que, evidentemente, avanza en los ministerios y en todas las ramas de la administración. Se trata de destruir sistemáticamente las instalaciones democráticas, en funciones desde 1982.
De tal forma que algunos cronistas no dudan en hablar del peligro de un retorno de la dictadura si Evo Morales triunfa en las elecciones de la Asamblea Constituyente de julio próximo, un triunfo que él prepara con esmero, sin escatimar medios y con la ayuda diligente de asesores venezolanos y cubanos.
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