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Paraguay, América Latina, Golpe de Estado

Acomodo de la democracia latinoamericana-caribeña

Entre las novedades del caso paraguayo están la definición por Lugo de que se ha producido una interrupción del orden constitucional no llamándolo golpe de Estado

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“El Gobierno cubano no reconocerá autoridad alguna que no emane del sufragio legítimo y el ejercicio de la soberanía por parte del pueblo paraguayo”, expresó la Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba del 23 de junio, reiterada en Nota Informativa el día 26. Gran farsa, pues en esta Isla no se efectúan elecciones libres ni el pueblo puede determinar su soberanía, gobernado por un presidente, Fidel Castro, durante 47 años, prolongado a Raúl Castro desde hace 6, en total 53 años prorrogables “solamente” 10 más.

Indudablemente, América Latina ha seguido un curso democratizador y de esfuerzos por disminuir las desigualdades sociales, así como avanzar en el desarrollo y la integración a tenor con los avances mundiales. No obstante, no ha podido sustraerse de los problemas históricos en el proceso lastrado por los intereses de políticos y económicos; en tanto la represión, la delincuencia, el latrocinio y la corrupción tradicional se imbrican con la producción y el tráfico de drogas. Ciertos aspirantes a caudillos han amoldado exitosamente los mecanismos de la democracia a sus propósitos de alcanzar y perpetuarse en el poder por métodos populistas, como se ha constatado en los procesos electorales, de control de parlamentos y cambios de las constituciones en Venezuela y Bolivia.

El chapucero golpe de Estado en Honduras en 2009 contra Manuel Zelaya, demostró la inoperancia de sacar al presidente en pijama hacia el extranjero para desvincularlo de sus bases de apoyo interno y salvar la cara ante la opinión pública internacional, por no mantenerlo en prisión ni someterlo a un juicio amañado e incluso haberle respetado la vida. Sin embargo, zanjar el tenso acontecimiento implicó muchas negociaciones y dificultades económicas, junto a las manchas sobre los personajes golpistas, los gobiernos extranjeros más o menos cercanos y hasta el manejo de la crisis por la Organización de Estados Americanos (OEA).

Mientras, avanzó la integración y la cooperación multifacética a través de las organizaciones existentes durante decenios y las nuevas –UNASUR y CELAC—, en un ambiente de unión en la diversidad, más propicio a aceptar la preponderancia de Brasil para hacer frente a las aspiraciones de ALBA (Venezuela, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Bolivia, fundamentalmente).

El despojo de la presidencia en Paraguay no puede definirse como un golpe de Estado tradicional. Honduras demostró que ahora “hay que hilar fino”. Fernando Lugo fue sometido a un proceso contemplado en la Constitución. El 21 de junio la Cámara Baja lo acusó y el Senado decidió someterlo a juicio político, al día siguiente, luego de permitirse solo 2 horas para su defensa, fue destituido como presidente por los votos a favor de 39 de los 43 senadores presentes. El pretexto para tal procedimiento fue el resultado del desalojo de los ocupantes de una finca en la localidad de Curuguaty, el 15 de junio, donde murieron 6 policías y 12 campesinos, lo que el mandatario había tratado de zanjar con la destitución del ministro del Interior, pero abandonaron todos los ministros del Partido Liberal Radical Auténtico, que formaba la coalición de Gobierno.

Fernando Lugo había sido elegido el 20 de abril de 2008 con el 40 % de los sufragios, luego de 61 años de gobierno por el Partido Colorado, incluyendo la dictadura de Alfredo Stroessner de 1954-1989, depuesto por su yerno, el general Andrés Rodríguez. Tomó posesión el 15 de agosto para un período de 5 años, no reelegible. Nació el 30 de mayo de 1951 en el distrito de San Pedro de Paraná, del pobre departamento de Itapuá. Fue ordenado sacerdote en 1970 y obispo en 1994 hasta 2004; en diciembre de 2006 presentó la renuncia como cura para entrar en la campaña electoral, aceptada 18 meses después. No tenía un partido fuerte, sino el apoyo de grupos campesinos y de izquierda, en las elecciones obtuvo 5 escaños, y se alió al tradicional Partido Liberal, con 29 diputados y 14 senadores. Por tanto, desde el comienzo su gobierno fue frágil para ejecutar sus promesas de renovación política, reforma agraria (más del 90% de la tierra en posesión de los terratenientes) y otras, cuando la oposición los superaba en el Parlamento.

Sus dificultades se agudizaron por las contradicciones con el movimiento campesino, y en 2009 por las denuncias de paternidad de cuatro niños, cuando era el “obispo de los pobres”, comprobadas en dos casos y una aún pendiente de confirmación. Aunque sus preferencias políticas tendían hacia Lula da Silva, las relaciones con Hugo Chávez provocaban recelos en un país tradicionalmente cerrado al exterior y extremadamente pobre. Posiblemente sus mayores logros hayan sido la negociación con Brasil para aumentar significativamente el pago por la energía de la represa de Itaipú y haber superado el cáncer.

La defenestración de Lugo y su remplazo por el vicepresidente liberal Federico Franco, ocurrió cuando todavía la mayoría de los mandatarios de América Latina y el Caribe se encontraban en la Cumbre Río+20, efectuada en Brasil. A pesar de la reacción airada de los miembros de ALBA y de algunos otros países, se ha procurado la cordura ante una variante de golpe de Estado, probablemente para no ocasionar otra situación de delicada solución como la sucedida en Honduras. Inmediatamente los mandatarios convocaron una reunión de MERCOSUR, cuya presidencia pro tempore ocupaba Paraguay y sería traspasada por adelantado a Perú, y de UNASUR, el 28 y el 29 de junio en Argentina. La OEA también puso en movimiento sus mecanismos, aunque las instituciones mencionadas le restaron protagonismo.

Entre las novedades del caso están la definición por Lugo de que se ha producido una interrupción del orden constitucional no llamándolo golpe de Estado; su negativa a renunciar pero acatando la decisión sin que llamara al apoyo popular inicialmente, y el rechazo a la absurda solicitud de Franco de que ayudara a gestionar la situación internacional. También los reemplazantes se cuidaron de no ocasionar derramamiento de sangre, lo cual habría igualado el suceso por el que se juzgó al Presidente; y la libertad de movimiento de Lugo, incluida la posibilidad del desplazamiento al extranjero para participar en las reuniones antes mencionadas, desechado posteriormente bajo la explicación de que no deseaba influir en los acuerdos y que los cancilleres de UNASUR que visitaron Asunción el día anterior al juicio conocían bien lo acontecido.

Más allá de la llamada a consulta de embajadores y el retiro de algunos, el desenlace podría seguir los derroteros sugeridos por el presidente José Mujica de Uruguay, quien previno contra la adopción de medidas que lesionaran a la población paraguaya. Aunque Chávez pronto cortó el suministro de petróleo, el Gobierno cubano anunció el mantenimiento de la asistencia oftalmológica. El supuesto apego a la Constitución no elimina el tufo a golpe de Estado, lo que podría llevar a adoptar medidas más severas al menos inicialmente, según la actitud de Fernando Lugo, muy distante del humillado Zelaya en Honduras, y las eventuales represalias de Asunción con el suministro eléctrico a Brasil y Argentina. En todo caso, la maniobra paraguaya podría sentar un nefasto precedente. No resulta cómodo tampoco para la administración de Estados Unidos, que hereda las reminiscencias del pasado, cuando Obama ha afrontado los desafíos de la creación de la CELAC y en torno a la Cumbre de las Américas.

Lamentablemente, al inaugurarse la era Lugo, los analistas políticos auguraban una difícil presidencia y el peligro de que se reinstauraran los partidos tradicionales sobre bases de clientelismo, con el perpetuo abandono a la paupérrima población.


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