Actualizado: 26/10/2021 10:28
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¿Cómo liberar a Alan Gross?: lo primero, no hacerle daño

Movilizarse por la liberación de Alan Gross es positivo, pero ciertas aclaraciones son necesarias

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Alan Gross, un judío, un estadounidense, un subcontratista de la Agencia Internacional del Desarrollo de los Estados Unidos (USAID), lleva nueve meses en una prisión cubana. Los judíos, cuya gesta milenaria enlaza historias de exilio y retorno, cautiverio y libertad, sentimos su confinamiento y rezamos por su salud y liberación. Muchos ciudadanos norteamericanos se preocupan por la suerte de un compatriota, detenido en un país comunista, sin ser instruido aún de cargos y se preguntan: ¿cómo traer a este esposo, padre de dos hijas, e hijo de una señora de 86 años de vuelta a su familia?

Los cubanos, testigos durante décadas de los juegos polarizadores de los radicalismos en Washington y La Habana, reconocemos a un peón político a primera vista. La evidencia suprema de que al lobby pro-embargo no le importa la suerte de Gross ya fue presentada. Mauricio Claver Carone, del grupo proembargo U.S-Cuba Democracy ha criticado las gestiones del gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, a solicitud del Departamento de Estado, a favor de la liberación de Gross: “Lamentablemente, Richardson todavía quiere ayudar al régimen de Castro con su método de utilizar a rehenes a su favor”. Claver-Carone no quiere que Richardson gestione la liberación de Gross si el gobernador aboga por mejores relaciones entre los dos países. ¿Hasta dónde llega la falta de consideración humanitaria para defender una política fracasada por cinco décadas?

El US-Cuba Democracy no defiende los intereses norteamericanos, ni a los cubanos, ni la democracia, ni a Alan Gross. Lo suyo es trancar las relaciones Cuba-EEUU en la revancha y reclamación de propiedades. Anda promoviendo que los legisladores norteamericanos condicionen cualquier voto sobre el fin de la prohibición de viajar a Cuba a la previa liberación de Alan Gross por el gobierno cubano. Usar la situación de Gross para defender el embargo sólo prolongará su dura experiencia bajo la “hospitalidad” del Gobierno de Cuba. Pero a Mauricio Claver no le importa.

¿Por qué está Alan Gross en prisión?

Estados Unidos ha intervenido en Cuba para controlar su sistema político por más de un siglo, pero esta historia tiene un origen más reciente. La administración Bush produjo dos informes en mayo de 2004 y julio de 2006, atribuyéndose la función de “democratizar” a Cuba. A pesar de que las organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y las Naciones Unidas han descalificado al embargo como violación de esos derechos, en ambos informes se recomendó un paquete de medidas irresponsables para mover las actividades moderadas e independientes de la sociedad civil cubana hacia una estrategia de cambio de régimen. El Congreso de Estados Unidos aprobó un presupuesto anual de decenas de millones de dólares a utilizar por la Agencia de Estados Unidos para Desarrollo Internacional (USAID) para este propósito —una estrategia que la administración de Obama sigue sin desmantelar.

Cualesquiera hayan sido sus actividades, Gross está detenido en Cuba por el gobierno cubano, que es responsable de su salud, su bienestar y de garantizarle un juicio justo. Es de esperar que el gobierno cubano entienda que éste es un asunto extraordinariamente sensible en la opinión pública norteamericana, con efectos positivos o negativos duraderos, en dependencia de su tratamiento y la forma en que finalice.

Gross no fue detenido por ser judío. Es probable que tampoco fuese detenido por ayudar a la comunidad hebrea cubana, que ya tenía un laboratorio de computadoras (donado por una judía cubanoamericana a través de la organización judía ORT), correo electrónico y acceso a Internet antes de que él llegara a La Habana. A Cuba viajan delegaciones judías norteamericanas todos los meses, que comparten información sobre EEUU, Israel y el judaísmo mundial, muchas de las cuales discrepan de las posiciones del gobierno cubano. Muchos miembros de esas delegaciones han donado computadoras y celulares a judíos cubanos. Sin embargo, ninguno de esos grupos forma parte de una estrategia proclamada para imponer a Cuba un cambio de régimen, a través de leyes aprobadas por el Congreso de EEUU.

Lamentablemente, Alan Gross viajó a Cuba para implementar un contrato del gobierno de Estados Unidos, comprendido bajo la sección 109 de la ley Helms-Burton. Toda actividad bajo ese engendro plattista tiene como premisa la subordinación de Cuba al tutelaje norteamericano. Por tanto, expone a sus participantes ―como Alan Gross― a la acusación de violadores de la soberanía cubana.

Muchos cubanos tienen una triste simpatía a favor de Alan Gross. Este judío norteamericano es otra víctima de la hostilidad entre los dos países. La mayoría de los cubanos en Cuba y la diáspora discrepamos de las limitaciones impuestas por el gobierno comunista al derecho de los cubanos a acceder a Internet. Sin embargo, dos males no hacen un bien. Gross no debió ir nunca a la Habana, con un contrato auspiciado por una política ilegal intervencionista, condenada de manera casi unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidas y rechazada por todos los cubanos patriotas.

En un reciente viaje a la Isla, a propósito de la X Semana Social Católica, conversé con muchos de mis hermanos y hermanas de las comunidades judías. Todos los religiosos cubanos, judíos y no judíos, con los que conversé, reafirmaron la importancia de pedir a Dios por la salud y el pronto reencuentro de Alan y su familia, y que las autoridades cubanas traten el caso con la mayor humanidad. De igual forma, no se abstuvieron de rechazar los llamados “programas de promoción democrática” comenzados por el gobierno de Bush. Fue una falta de respeto a la sociedad civil de Cuba promover agendas políticas plattistas de cambio de régimen, a través de las organizaciones religiosas cubanas, sin el consentimiento informado de esas congregaciones. Más aun cuando sus líderes han declarado su rechazo a la Ley Helms-Burton.

Como lo han fundamentado los profesores Juan Linz y Alfred Stepan, de las universidades de Yale y Columbia, la sociedad civil y la sociedad política opositora son diferentes arenas de la promoción democrática. Los judíos en Cuba ―como otros grupos religiosos― se congregan en sus sinagogas a orar y estudiar la Torá, a disfrutar los beneficios de una biblioteca, una farmacia, un centro deportivo, un laboratorio de computación, a aprender hebreo o acerca del querido estado de Israel, con el cual todas las comunidades judías del mundo tienen una relación especial. Usar la sinagoga para conspirar, de común acuerdo con el Gobierno norteamericano, pondría en peligro la necesaria cooperación con el Gobierno cubano para actividades tales como la emigración a Israel, la ayuda humanitaria y el contacto con judíos de otras latitudes. Para proteger lo que más importa, los judíos de Cuba, como la gran mayoría de las comunidades religiosas, no quieren vínculo alguno con las erróneas intervenciones de Estados Unidos en los asuntos internos del país.

Afortunadamente la era Cason, cuando se insultó al Cardenal Ortega en el aeropuerto de Miami y se calumniaba a los líderes religiosos cubanos renuentes a aceptar el diktat intervencionista, está siendo cuestionada en Washington. El propio James Cason languidece en el Centro por una Cuba Libre (Center for a Free Cuba), institución conocida por un desfalco al contribuyente realizado por uno de sus ejecutivos, Felipe Sixto, de cerca de seiscientos mil dólares, de la llamada ayuda para la democracia en Cuba. Es imprescindible hacer una revisión total de los programas hacia Cuba heredados de la Administración Bush, no sólo para traer luz sobre las desviaciones del dinero de los contribuyentes, que no son pocas, sino para resaltar la responsabilidad de la anterior administración en la tragedia de Gross y colocar el objetivo legítimo de la promoción de los derechos humanos en consonancia con el derecho internacional y el respeto a los actores internos cubanos. Una lección mínima del incidente Gross sería regular que los programas de la USAID requieran el consentimiento informado de toda organización de la sociedad civil cubana involucrada.

Al César, lo que es del César:

El llamamiento de la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, a la comunidad judía estadounidense, a fin de movilizarse por la liberación de Alan Gross, es positivo. Pero ciertas aclaraciones son necesarias. La comunidad judía puede rezar por la salud de Gross, interceder para mejorar sus condiciones de vida y el contacto con su familia, y abogar por una distensión entre Cuba y EEUU que haría más probable su liberación. La Secretaria Clinton hace bien en no subestimar el poder de la solidaridad, la oración y los vínculos comunitarios.

Pero la responsabilidad fundamental por la liberación de un ciudadano norteamericano, enviado al peligro por las políticas aprobadas por Bush y continuadas sin una reevaluación apropiada, es del gobierno norteamericano. La comunidad judía norteamericana no decide la política exterior de EEUU hacia ningún país y como tal, no puede realizar gestos que lleven a la liberación de Alan Gross por el gobierno cubano, en acto de reciprocidad (como lo sería la liberación de los cinco cubanos acusados de espionaje y juzgados en Miami en condiciones que no fueron ni justas ni imparciales). Gross no fue a Cuba trabajando para ninguna organización judía, sino para la USAID.

Lo último que necesita Alan Gross es que lo conviertan en otra arma de quienes promueven la política de Estados Unidos que lo llevó al cautiverio. Lo primero, es no hacerle daño. Su liberación será más probable en la medida en que un rumbo de política norteamericana hacia Cuba, basado en el respeto por la soberanía cubana, se afiance. La mejor forma de evitar situaciones como las que llevaron al arresto de Alan Gross es permitir que cualquier estadounidense pueda viajar libremente a Cuba, en un ambiente de paz, negocios y comunicación entre los dos países. En lugar de hacerlo en arriesgada misión semisecreta financiada por una política de cambio de régimen.

La derecha cubana exiliada, tan rauda en reclamar propiedades, ha “olvidado” reclamar su propiedad de la responsabilidad por este incidente. Si no hubiese auspiciado la política sonámbula de la administración Bush, subestimando al gobierno cubano y enviando ciudadanos norteamericanos al peligro, Gross estaría hoy en su casa.

La administración Obama debería resaltar cómo está controlando los daños de la chapucería que Adolfo Franco, James Cason y compañía dejaron atrás. Cualquier concesión al Gobierno cubano para obtener la liberación de Gross es responsabilidad de los que diseñaron la política que lo llevó a prisión. Si alguna concesión norteamericana fuera necesaria para liberar a Gross, la administración Obama debe planificarla en paralelo con la revelación de un informe sustancioso sobre las irregularidades y malversaciones cometidas bajo la política que lo llevó a su cautiverio, de modo tal que la credibilidad y capacidad de respuesta de sus auspiciadores quede seriamente herida.

La prohibición de viajar es la piedra angular de la política intervencionista de cambio de régimen. Su fin facilitaría a los estadounidenses dialogar in situ con la población y el Gobierno cubano, a favor de la liberación de Gross sin portar el estigma de cualquier identificación con la estrategia impopular y contraproducente de cambio importado de régimen.

El libre viaje de los norteamericanos a Cuba ofrecería un marcado contraste con las restricciones de viaje que el Gobierno cubano impone a sus propios ciudadanos. Sin prohibición de viajar, la inutilidad de la política de cambio de régimen de Estados Unidos hacia Cuba quedaría expuesta. Los norteamericanos, de regreso a su país, promoverían una política al servicio de los intereses nacionales y los valores democráticos de los Estados Unidos y no de una minoría motivada por agendas revanchistas y de reclamación de propiedades. Un clima de relaciones constructivas entre Cuba y EEUU favorecería la liberación de Alan Gross.



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