Crisis a tres bandas

El ataque de Colombia, el día primero de marzo, contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Ecuador, detonó la última crisis andina, a la que Venezuela se unió con presteza. Se movilizaron las tropas y se retiraron los embajadores. Los redobles de los tambores bélicos sonaron hasta el 7 de marzo. En la cumbre del Grupo de Río, los presidentes Leonel Fernández —anfitrión por parte de República Dominicana— y Hugo Chávez, de Venezuela, se las ingeniaron para producir una especie de detente. Los presidentes Álvaro Uribe, de Colombia, Rafael Correa, de Ecuador, y Chávez se dieron las manos y sonrieron ante las cámaras.

Diez días más tarde, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución de rechazo a la incursión militar colombiana, al mismo tiempo que convocaba a todos los Estados miembros a combatir las fuerzas irregulares que amenazan la seguridad regional. El Grupo de Río había expresado sentimientos parecidos.

Sin embargo, las tensiones están lejos de aliviarse. Ecuador y Colombia aún tienen que restablecer relaciones diplomáticas, algo que se ha dificultado luego de la revelación de Bogotá de que un ciudadano ecuatoriano había muerto durante el ataque del primero de marzo. ¿Era un civil inocente o un seguidor de las FARC?

Ambos presidentes, Correa y Uribe, en sus países respectivos, cosechan ganancias políticas por la crisis. Chávez se convirtió en mediador en un abrir y cerrar de ojos. Colombia halló, entre los escombros del campamento, tres computadoras portátiles llenas de expedientes que, supuestamente, prueban la complicidad de Caracas y Quito con las FARC.

La Interpol y el FBI ayudan ahora a la inteligencia colombiana para determinar la seguridad y la integridad de los documentos. Además, la Interpol pronto dará a conocer un informe independiente sobre los hallazgos.

Las FARC en la encrucijada

El éxito militar de Uribe sobre las FARC ha forzado a la guerrilla a incursionar en Ecuador y Venezuela. Aunque aún cuentan con 13.000 combatientes, sus filas merman (eran 18.000 en el año 2000) y aumentan las deserciones. Desde el año 2003 se ha roto el ciclo vicioso de la violencia y de una autoridad estatal disminuida. La ciudadanía no se cansa de expresar su repudio profundo hacia las FARC.

Estados Unidos y la Unión Europea consideran a las FARC una organización terrorista —una fuerza inescrupulosa que actúa con violencia y crueldad gratuitas en la eliminación de civiles—, también hondamente vinculada con el tráfico de drogas. El terror y las narcoganancias han sustituido cualquier ideal político que alguna vez motivara a sus fundadores hace cuarenta años.

Al mismo tiempo, la izquierda populista latinoamericana prefiere a las FARC antes que al gobierno de Uribe. A principios de mayo, sabremos si los alegatos de Colombia contra Venezuela y Ecuador tienen sustancia.

Para entonces, Paraguay estrenará un nuevo presidente, quien —según parece— será el ex obispo Fernando Lugo, un alma gemela populista que añadirá su voz al coro. Por razones buenas o malas, hay ciudadanos —como los cuatro estudiantes mexicanos muertos durante el ataque del primero de marzo o el comunista argentino cuya foto se halló en el campamento— que siguen el sendero hacia las FARC.

El Grupo de Río (que naciera del proceso de Contadora y Esquipulas, por el que la paz se negoció con éxito, en los últimos años de la década de los ochenta, para una Centroamérica agobiada por las guerras) es una iniciativa latinoamericana. El éxito de Uribe en Colombia significa que el conflicto ha rebasado las fronteras, porosas y difíciles de controlar, con Venezuela y Ecuador. Por tanto, las FARC son ahora, más que nunca, un problema de seguridad regional, un problema criminal. Una negociación regional podría ser el único camino para frenar la crisis andina.

La vía mejor y más segura para la paz es aceptar los principios sencillos, adoptados por la frágil detente, alcanzados en la República Dominicana y apoyados por la OEA: soberanía y seguridad. Sería bueno comenzar con la sugerencia de Correa de formar una fuerza de paz que patrullara las fronteras.

Aunque el gobierno colombiano se encuentra ahora en una posición mucho más fuerte que las FARC, Uribe debería desistir de una solución militar. Hace poco él ofreció excarcelar a todos los presos de las FARC —incluyendo aquellos sentenciados por homicidio, que antes estaban excluidos— por la liberación de Ingrid Betancourt.

Podría ser que la suerte de las FARC mejore, pero lo contrario es lo más seguro. No son buenas las señales de las deserciones, los guerrilleros que matan a sus oficiales y los prisioneros de las FARC encarcelados que rechazan la idea de volver a la selva si son liberados. Además, las FARC podrían toparse con el hecho de que Venezuela y, en especial, Ecuador, no estarían a su lado, incondicionalmente, si los expedientes de las computadoras portátiles son tan dañinos como el gobierno de Colombia asegura.

Hace unos días, el ministro de Defensa ecuatoriano, Wellington Sandoval, renunció inesperadamente a su cargo. Es difícil imaginar que el hecho esté aislado de los acontecimientos actuales. ¡Más intrigas!

Mientras tanto, Ingrid Betancourt, tres contratistas estadounidenses y cientos de rehenes esperan aún por su libertad, y los colombianos de a pie anhelan la paz para su país.

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