Dos senderos se bifurcan

Ya dentro de la nueva crisis institucional que atenaza al país, el presidente ecuatoriano Rafael Correa apoyó la reciente medida del Tribunal Supremo Electoral, que expulsó del Congreso a 57 legisladores, precisamente aquellos que se mostraron en contra de la instauración de la Asamblea Constituyente, instrumento fundamental para cambiar el statu quo, según el Palacio Carondelet.

El flamante Tribunal cercenó así, casi totalmente, el acuerdo entre los legisladores y el ejecutivo de que no se disolvería el Congreso. Ciertamente, no lo cortó completo, pues quedaron 43 diputados en sus curules, cuya mayoría, desde luego, comulga con el gobierno. Días más tarde, en una acción realmente inédita, 21 políticos desobedecieron a sus directivos partidistas, aceptaron sustituir a los expulsados y completar, después de la jura, el nivel mínimo de quórum.

Se asegura entretanto que los suplentes entraron al edificio del legislativo en buses, de madrugada y con custodia policial. La autoridad impidió a los titulares entrar al recinto.

Mientras observadores coinciden en que la mayoría del Tribunal —y momentáneamente el Congreso— está controlada por el oficialismo, el mandatario se comprometió a hacer "respetar y cumplir la ley". Sin embargo, precisamente en esta nada inusual disposición radica en gran medida el conflicto ecuatoriano.

¿Cuál ley va a hacer cumplir? Enfrentadas las instituciones, en medio de un alarmante vacío legal, con un Congreso transformado a la brava y con la ausencia en la Constitución de pautas para la convocatoria a una Asamblea Constituyente como la que se precisa, casi todo lo que hace hoy el Palacio Carondelet adolece precisamente de legalidad.

El dilema ecuatoriano se agravará cuando la oposición comience, amparada en la actuación del gobierno, a emular con éste en la violación de la institucionalidad y la ley. Será entonces cuando se inicie, a todo vapor, la lucha de poderes.

Ilegalidad y desprestigio

Aunque el actual dilema tuvo su proclamación en la campaña presidencial y desde la negativa de Correa a presentar un solo candidato al legislativo, con lo cual descalificó a toda la clase política, también es verdad que la mayoría del actual Congreso carece de prestigio entre la ciudadanía, la misma que lo eligió. Ha pasado a ser el representante de un quehacer político corrupto, incapaz de sacar al país de la inercia y de la pobreza al 35 por ciento de la población, según estadísticas.

Si de acuerdo con opiniones opositoras, Correa busca a toda costa un nuevo Congreso que colabore en enrumbar al país hacia "otro populismo latinoamericano", sus enemigos dentro de la política parecen decididos a impedirlo. Desde aquí se levantan voces que vaticinan un poder autoritario que, hasta ahora, ha impuesto una situación de facto.

Ciertamente, resulta peligrosa una circunstancia como la presente, donde las amenazas se confunden y la violencia todavía en ciernes puede socavar la sociedad y expandirse desde un ancho boquete. Desde 1996 el país ha visto desórdenes, presidentes defenestrados, golpes, gobiernos en fuga y turbamultas que arrollan todo a su paso.

Las amenazas

Veedora respetada de los destinos nacionales, la Conferencia Episcopal afirmó que Ecuador no merece ni puede aceptar la peligrosa situación a la que está abocado, y añadió: "todavía estamos a tiempo para detener la debacle que se nos viene encima".

Cuando entidades como la Asociación de Editores de Periódicos, junto con las zonas más mesuradas del quehacer ecuatoriano, convidaban al diálogo como instrumento para salir del actual atolladero, Correa retrucaba que la invitación a la calma y la sensatez era inmoral y corrupta. Recuérdese que incitó recientemente a "la resistencia pacífica" contra quienes pretendieran bloquear la instalación de la Asamblea Constituyente.

Analistas de diversas procedencias han comparado la circunstancia ecuatoriana con la generada por Hugo Chávez, que dedicó años a debilitar la institucionalidad de Venezuela. Pero la contracara de Correa es que él, hasta ahora, sólo cuenta con un mandato. ¿Cuándo entonces iniciará realmente su gestión?

En la opinión de ciertos analistas, aparece muy compleja una solución consensuada. Como bien dice el académico Carlos Zúñiga, el presidente prometió constituyente originaria y cualquier solución armónica que mediatice las promesas será recibida por sus seguidores como una traición. También se baraja que de insistir el ejecutivo en su estrategia, chocará inevitablemente con las fuerzas armadas, consideradas el brazo de la oligarquía.

Observadores entienden que el presidente aprovecha su popularidad y el desprestigio del Congreso para ganar espacios y quemar etapas. Como en la narración famosa, dos senderos se bifurcan delante de Correa. Si sale derrotado, el pueblo de Ecuador habrá perdido una buena oportunidad de mejoría a causa de un método político equivocado.

Si vence, saldría sin duda con un poder superlativo de la batalla, aunque ya algunos dicen que éste no sería "el socialismo del siglo XXI", del que parlotea Chávez, sino "el totalitarismo del siglo XXI".

• Debate televisivo sobre la reforma de la Constituyente:

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