El patio de su casa

"Lo que está primando en la justicia venezolana es la lógica de infundir miedo en la gente y la lógica de la venganza, sin importar que los encausados sean culpables o no", dijo a CUBAENCUENTRO.com el académico venezolano Rafael Rincón, avecindado en Santiago de Chile.

"El objetivo del presidente Hugo Chávez es que ningún líder opositor aglutine una cifra de partidarios que pueda poner en peligro a su gobierno, que ahora está en problemas económicos en lo interno y tiene un enemigo nada fácil de atacar, de poner como justificación en lo exterior: Barack Obama".

Aunque crudas, las opiniones de Rincón parecen hallar sentido en la realidad que hoy vive Venezuela. Elevadas condenas contra nueve policías, tres de ellos sentenciados a 30 años, constituye una escalada que ha puesto a la judicatura, con evidencia inédita, bajo la férula de Miraflores.

El proceso judicial, de más de tres años, estuvo repleto de arbitrariedades, según expertos, políticos y testigos de los sucesos del 11 de abril de 2002. Estos tuvieron lugar horas antes de que Chávez fuera objeto de un golpe que lo dejara brevemente fuera del poder. En aquella ocasión murieron 19 personas y se produjo al menos una decena de heridos.

Los sucesos se desarrollaron en una compleja red donde intervinieron manifestantes en pro y en contra del gobierno, así como policías, militares y civiles armados que dispararon y fueron captados por la televisión. Se asegura que obedecían órdenes del propio Chávez.

Si las duras condenas han levantado voces en diversos confines políticos e incluso en otros sectores, se insertan en el contexto en que el líder de oposición, Manuel Rosales, actual alcalde de Maracaibo, se encuentra prófugo de un aparato judicial en el que desde luego no confía.

También acusado de corrupción, el general retirado Raúl Isaías Baduel, ex ministro de Defensa de Chávez, fue privado de libertad. Con influencia en las fuerzas armadas, Baduel se convirtió en firme opositor del mandatario.

Hechos y discrepancias

Uno de los tres condenados a 30 años de cárcel, el ex comisario Lázaro Forero, escribió que en el proceso la jueza Marjorie Calderón "permitió descaradamente que la fiscalía maltratara a los testigos que no decían lo que ellos querían", y añadió que de 150 testigos "la mayoría nunca estuvo en el escenario de los hechos".

Tampoco se reconoció —precisa el documento— que en el lugar "había más de 65 pistoleros, ni se tomaron en cuenta los muertos de quienes manifestaban por parte de la oposición".

El abogado de Baduel, Omar Mora Tosta, ofreció un testimonio donde dijo que la detención del general retirado se realizó "sin mediar palabra" y de forma tan abrupta que Baduel no tuvo tiempo para mudarse el pijama. El ex titular de Defensa siempre cumplió con las etapas del sumario que se le sigue. Mora subrayó que la privación de libertad "no obedece a ningún acto del proceso", más bien es una muestra evidente del "terrorismo judicial para atemorizar a la disidencia".

El panorama venezolano no dejó impasible a la Iglesia Católica, y el secretario de la Conferencia Episcopal, monseñor Jesús González Zárate, dijo que "no se ha puesto en evidencia la verdad de lo ocurrido el 11 de abril", y añadió "que no se han respetado" "las garantías de los que fueron procesados", "empezando por la duración del juicio".

En el mismo sentido se había expresado el arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa, quien calificó de "terrible" la sentencia de 30 años, y recordó que también "están involucrados militares".

Mientras la oposición casi en pleno condenaba los hechos y Chávez se regocijaba con las sentencias, el periodista José Toro indicó que la radicalización de este último "puede transformarse en su propia perdición". En tanto, su colega en el diario El Universal, Eddie Ramírez, argumentó que el propio Chávez fue el culpable intelectual de lo ocurrido el 11 de abril, al no tomar las medidas lógicas para evitar un enfrentamiento.

Mirada más allá de la superficie, la obsecuencia de la justicia ante el poder es sólo uno de los problemas que afecta al país, donde, además de los efectos de la crisis internacional, campean la delincuencia, la corrupción, e incluso los trabajadores estatales se van sintiendo cada vez más incómodos con las exiguas expectativas creadas por Miraflores.

Por si fuera poco, se llevan a cabo nacionalizaciones que lesionan al empresariado y se adoptan medidas para restar poder a alcaldes y otros dirigentes regionales electos popularmente, sobre todo de la oposición.

El martes, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica del Distrito Capital, mediante la cual el presidente Chávez designará un jefe de gobierno para Caracas. Según la prensa local, dicha maniobra arrebata a la Alcaldía Mayor la sede para su funcionamiento y deja al regidor electo por el pueblo sin importantes competencias.

Sobre el rol de la justicia, el académico Rafael Rincón aseguró a CUBAENCUENTRO.com que ésta se ha convertido "en el brazo político de la revolución bolivariana", y enfatizó en que nunca las denuncias de la oposición son investigadas.

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