Actualizado: 17/10/2017 10:31
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FSLN, Nicaragua, Daniel Ortega

El “Poder Ciudadano” en Nicaragua: formato institucional de una nueva hegemonía

El 10 de enero pasado reasumió la presidencia Daniel Ortega por otros cinco años, dando continuidad a la expansión de la hegemonía del FSLN en el panorama político nicaragüense

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El Frente Sandinista ha obtenido una importante (pero cuestionada) victoria en las elecciones generales del 6 de noviembre de 2011, dando a Daniel Ortega un nuevo mandato presidencial y alcanzando la mayoría absoluta del parlamento, lo cual refuerza su hegemonía dentro del panorama político nicaragüense. Oficialistas y opositores reconocen que el voto sandinista alcanzó más del 50 % de los boletas válidas sufragadas, aun cuando las denuncias de irregularidades empañen el triunfalismo de los voceros del Frente (Unión Europea, 2011). Con todo, semejante resultados incrementan el interés de la opinión pública por conocer los rumbos y contenidos de la agenda política de esta fuerza política ahora que Ortega (re)asumió la banda presidencial el pasado 10 de enero.

El actual Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) debe analizarse en el marco de su trayectoria y desempeño concretos y recientes (Martí, 2009) (Saldomando, 2011) diferenciándolos del mantenido durante el periodo revolucionario (1979-1990). Los defensores del actual gobierno lo presentan como paladín de la soberanía nacional, garante de los intereses de los pobres y proclive al diálogo con las demás fuerzas políticas dentro del contexto nacional. Para los opositores, el Gobierno de Ortega estaría procurando, desde sus inicios y mediante el empleo de medios legales y/o inciviles, un control total de las instituciones del Estado, la justicia, los medios y la sociedad civil. Ambas lecturas podrían ser confirmadas/refutadas por un análisis del accionar gubernamental en algunas de sus iniciativas políticas fundamentales, como el llamado Poder Ciudadano.

Desde el inicio de su mandato, en enero de 2007, el presidente Ortega se empeñó en construir un sistema de participación ciudadana paralelo al establecido en la Ley 475 de Participación (2003) y en asignar a Rosario Murillo, su esposa y jefa de campaña del FSLN, la coordinación de esta nueva estructura. En enero del 2008 una resolución de la Corte Suprema de Justicia —afecta al sandinismo— reconoció el derecho del Ejecutivo para emitir decretos relacionados con la participación ciudadana que contribuyan al buen desempeño de su gobierno. Semejante decisión posibilitó la confirmación de Rosario como Coordinadora del Consejo y la Secretaría de Comunicación y Ciudadanía para el Desarrollo Social del Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional (GRUN), con la responsabilidad de coordinar todos los programas sociales de las instituciones públicas, administrar la relación con los medios de comunicación y diseñar y ejecutar políticas, planes, programas y acciones para promover la formación de los Consejos del Poder Ciudadanos (CPC) en todo el territorio nacional.

La misma resolución advirtió que el Decreto debía respetar los principios establecidos en la Constitución y la Ley de Participación Ciudadana, que las instancias creadas no podrían asumir funciones, responsabilidades o atribuciones de los servidores públicos, ni mantenerse con los recursos del Presupuesto General de la República. Sin embargo, desde ese momento y hasta el presente la actividad de la Primera Dama y los cuadros del Frente han sido febriles en la construcción —con recursos del Estado y de la cooperación venezolana— del modelo del denominado Poder Ciudadano, ignorando o suplantando instancias vigentes como los Comités de Desarrollo Municipales.

Los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano (CPC y GPC) han sido calificados por los ideólogos del FSLN como el más grande movimiento social del país, y la más masiva expresión de la democracia directa. Están mandatados formalmente con la misión de que el pueblo nicaragüense, en ejercicio de la democracia participativa y directa, se organice y participe en el desarrollo integral de la nación de manera activa y directa, y apoye los planes y las políticas del Presidente de la República encaminadas a desarrollar estos objetivos. Sin embargo, a cuatro años del establecimiento de los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano, es preciso interrogarse sobre la correspondencia que existe entre el desempeño del modelo de Poder Ciudadano y sus ideales, valorar cuan innovadora y democrática es este tipo de participación y ponderar cuánto contribuye a la emancipación de quienes en ella se involucran.

En general los GPC y CPC han desarrollado en estos años una agenda de trabajo que responde a la estrategia y labores del GRUN y de aquellos gobiernos municipales en manos del FSLN. Realizan diversas acciones que abarcan la entrega de avales para el otorgamiento de trabajos, la repartición de becas estudiantiles y de formación profesional (docencia, enfermería, secretariado, computación), la formación de cooperativa y la definición de los beneficiarios de programas sociales (Hambre Cero, Bonos productivos, Bonos de patio, Usura cero, Alfabetización, Programa amor, Operación milagro, Consultas de las brigadas médicas sandinistas) impulsados por el GRUN con apoyo venezolano. También se implican en la donación de útiles escolares, jornadas de reforestación, limpieza, vacunación y salud, el apoyo a labores de prevención, evacuación y rescate, y se intenta que dichas estructuras sirvan para dar seguimiento tanto a los funcionarios que deben implementar con eficacia los programas del gobierno como a los compromisos asumidos por los beneficiarios de dichos programas.

Se trata de una estructura unificada que ha sido ideada por el GRUN y organizada directamente por el FSLN para responder a una aplicación más eficiente de sus políticas nacionales a nivel municipal. Eligen sus delegados en barrios y comunidades, y operan en niveles territoriales sin existir un reglamento, cumpliendo las funciones que les orientan los funcionarios públicos. No poseen mecanismos de impugnación y su incidencia hacia arriba se limita a hacer recomendaciones. La capacitación de sus miembros proviene de dependencias del gobierno central (Ministerio de Salud, Ministerio de Educación), así como de alcaldías y organizaciones afines al FSLN. Y como las directrices vienen del gobierno nacional (y su máxima autoridad es al mismo tiempo la jefa de campaña del FSLN y esposa del presidente de la república) el modelo de participación GPC/CPC opera como una suerte de embudo que se cierra, en materia de diversidad ideológica y pluralidad, a medida que se asciende en la pirámide y que se encuentra virtualmente ausente/inoperante en aquellos municipios donde no gobierna el FSLN.

Al margen de las ventajas con respecto a una mayor participación comunitaria de los sectores populares, este modelo está muy distante de promover una verdadera participación ciudadana y se encuentra más cerca de un modelo tradicional autoritario. Si bien la movilización está inspirada en meta-relatos revolucionarios —que consisten en darle el poder al pueblo para la transformación radical del status quo— en la práctica se trata de una ampliación del área de influencia del FSLN dentro las organizaciones sociales. Va apareciendo —desde el seno del Frente— una aparente contradicción entre un modelo de participación partidizado, donde “(…) los funcionarios y las instituciones del Estado, bajo la influencia del Frente Sandinista, se disponen para ejecutar las tareas que por una parte provienen de las prioridades definidas por la dirección revolucionaria, y por otra, desde el seno del pueblo mismo” (Grisby, 2009: 10) y una retórica gubernamental que convoca a participar de forma amplia y democrática dando cabida a los reclamos de la gente, incorporando a las nuevas generaciones y asegurando participación de todos, al margen de militancias particulares (Murillo, 2011).

En consecuencia, el GRUN no estaría favoreciendo con el modelo GPC/CPC un esquema emancipador. Por el contrario, está fortaleciendo su control sobre las organizaciones sociales y su sometimiento a un modelo vanguardista que tiene al FSLN en el centro como diseñador, administrador y director de las estrategias y a las organizaciones sociales —que se encuentran en la periferia de la toma de decisiones—, como brazos ejecutores o correas de transmisión. La imposición de este modelo ha provocado tensiones con todos aquellos sectores de la sociedad civil que tienen capacidad para captar recursos en fuentes no estatales y que analizan las políticas, sugieren soluciones o intervienen sobre la realidad con propuestas alternativas al modelo partidista y vanguardista que se promueve desde el binomio GRUN/FSLN.

Gracias a la disponibilidad de recursos de uso discrecional que facilita la cooperación venezolana, el FSLN ha conseguido que muchos dirigentes comunitarios y pobladores organizados estén dispuestos a prestar menos atención a su autonomía en aras de conseguir beneficios para su comunidad y/o su familia. Con todas las diferencias del caso —pues se trataba de un modelo con una mayor capacidad de crítica, reflexión y compromiso político, afín a un proyecto político más que a la figura de su líder— es preciso recordar que ya se aplicó un modelo similar en la Nicaragua revolucionaria (1979-1990) el cual colapsó una vez que el FSLN perdió el poder. En consecuencia, una vez que el FSLN no disponga de los recursos públicos actuales —en virtud de las dificultades del gobierno venezolano— y de incrementarse la polarización política, la capacidad de sobrevivencia a largo plazo de este modelo es incierta.

En las pasadas elecciones el protagonismo de los Consejos del Poder Ciudadano en actividades de propaganda y captación de voto fue notable. A la conocida distribución de bienes y programas sociales se sumó la repartición de cédulas a los empleados públicos y simpatizantes del partido de gobierno (Unión Europea, 2011). Además, en algunos municipios se exigía una carta de recomendación de los CPC para la entrega de cédulas en las oficinas creadas para tal efecto (Courtney, 2011).

La reelección de Ortega simboliza para algunos analistas la implantación de un modelo que combina el autoritarismo político con los negocios privados y el clientelismo social, apuntalado en la privatización de la millonaria cooperación económica venezolana (Chamorro, 2011). Se insiste en que Ortega podría reformar la Ley de Leyes o convocar una asamblea constituyente —para permitir la reelección presidencial indefinida y eliminar los obstáculos a futuras candidaturas presidenciales de sus familiares—, además de institucionalizar a los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) como parte de la nueva geometría política del territorio y estado nicaragüenses.




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