Elecciones 2020: ¿jelengue constitucional?

Ya sabemos que Trumpoloco perdió y Biden tomará posesión. No lo van a impedir los generales ni apelables procesos judiciales, pero los problemas de legitimación quedan planteados por la falta de mecanismo electoral fiable. Sin nada que ver con quién ganó y quién perdió, ya en 2012 el Pew Research Center tachó el registro electoral de inexacto, costoso e ineficiente. Y precisó que, aparte de por lo menos 51 millones de ciudadanos sin registrarse, 24 millones adolecían de registración sin validez o con errores tan significativos como direcciones postales incorrectas, casi 2 millones de muertos seguían inscritos como votantes y casi 3 millones de votantes tenían asiento registral en más de un estado.

¿Nadie escuchaba?

Al filo de las rebambarambas en Florida (2000) y Ohio (2004), el expresidente Carter y el ex jefe de Despacho de Buschón, James Baker, lideraron una comisión de reforma electoral que para 2005 largaba 87 recomendaciones, entre ellas:

• Supervisar las elecciones con funcionarios profesionales e independientes para evitar que, como había ocurrido en aquellos estados, la confianza en las elecciones quedara puesta en entredicho por conflicto de intereses, ya que ambos secretarios de Estado, responsables de certificar oficialmente los votos, estaban a la vez afiliados a la campaña de Bushito
• Implementar un sistema universal de registración de electores, a cargo de los estados en vez de las jurisdicciones locales, con método uniforme de identificación por foto (ID) para verificar la correspondencia entre el votante y su asiento registral, con especial atención y facilidades de obtener ID a quienes no poseyeran licencia de conducción

Esta comisión identificó las absentee ballots como “the largest source of potential voter fraud”. De la potencia al acto sólo hay un paso en el contexto caldeado por la animadversión mediática hacia Trumpoloco, pero la excusa presuntiva de que si hubo fraude no alteró los resultados pone la carga de la prueba en la bandería trumpoloquista.

¿Cuatro jinetes de la apocalipsis inconstitucional?

Al filo de la pandemia, los estados de Georgia, Michigan, Wisconsin y Pensilvania reajustaron el proceso electoral con medidas dictadas por autoridades del poder ejecutivo y/o judicial. Puesto que “a significant departure from the legislative scheme for appointing Presidential electors presents a federal constitutional question” [Bush v Gore, 531 U.S. 98, 113, (2000)], el culebrón poselectoral rompió ya con la rutina de episodios en que abogados de Trumpoloco alegan sin éxito tales o cuales fraudes ante jurisdicciones estatales. Tejas acaba de demandar a los cuatro estados mencionados por inconstitucionalidad en la regulación y gestión de los comicios:

• Modificaciones sensibles de las leyes electorales vigentes por autoridades no legislativas, en violación de la Cláusula de los Electores [Artículo II, Sección 1, Cláusula 2 de la Constitución], ya que las legislaturas estatales tendrían potestad plena y exclusiva para este asunto
• Diferencias marcadas en el trato a los electores de áreas bajo control de gobierno local de filiación demócrata con respecto a los electores de áreas inclinadas al Partido Republicano, en violación de la Cláusula de Igual Protección [Enmienda XIV]
• Irregularidades en la votación que indican relajación de las leyes del estado sobre integridad de las elecciones, en violación de la Cláusula del Debido Proceso [Enmiendas V y XIV]

Y como el Tribunal Supremo tiene competencia original y exclusiva para dirimir controversias entre dos o más estados [Artículo III, Sección 2, Cláusula 2 de la Constitución y Código Federal 28 § 1251(a)], Tejas acude directamente a la máxima autoridad judicial con la pretensión de bloquear la entrada en el Colegio Electoral de los 62 votos de los cuatro estados demandados: Georgia (16), Michigan (10), Wisconsin (16) y Pensilvania (20) hasta que se aclaren las cosas.

Never let a crisis to go to waste?

Las cosas estriban, según el fiscal general de Tejas, Ken Paxton, en que esos estados se valieron de la pandemia como justificación para que ciertos funcionarios usurparan la autoridad de las legislaturas y modificaran inconstitucionalmente las reglas del juego electoral prefijadas por ley. Enseguida esos mismos funcionarios inundaron con boletas sus respectivos estados a fin de que se remitieran por correo postal o se depositaran en buzones, con deficiente o ninguna cadena de custodia y sin estrictas medidas de protección de la integridad del voto, como intervención de testigo y verificación de firma. El alegato de Paxton señala que los votantes conforme a la ley no pueden verse rebajados por estados que gestionaron la elección presidencial de tal manera que no puede discernirse una boleta válida de otra sin validez.

Al respecto de las cláusulas constitucionales violadas, Paxton razona por analogía en virtud de reciente fallo del Tribunal Supremo: “Government is not free to disregard the First Amendment in times of crisis (…) Yet recently, during the COVID pandemic, certain States seem to have ignored these long-settled principles” [Roman Catholic Diocese of Brooklyn, New York v. Cuomo, 592 U.S. (2020)].

¿Dialéctica de imposibilidad y fraude?

Además de repicar las irregularidades que vienen presentado los abogados de Trumpoloco por doquier, Paxton se lanza con dictamen pericial estadístico a despachar la presunción de que si hubo fraude no alcanzó a cambiar los resultados de la voluntad popular. Trajo como perito al PhD. Charles J. Cicchetti, profesor de Economía de la Universidad del Sur de California (USC) y asesor principal de Pacific Economics Group Research, quien se apeó con que la probabilidad de que Biden ganara el voto popular en aquellos cuatro estados, a partir de la ventaja que en ellos tenía Trumpoloco a las tres de la mañana del miércoles 4 de noviembre, sería de menos de uno en un cuatrillón (1/1.000.000.000.000.000).

Coda

Por los pasillos del Tribunal Supremo anda en coplas: “Texas tries Hail Mary to block election outcome”. El alegato de Paxton puede consultarse aquí.

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