¿Fin de la crisis?

Con el Congreso rodeado por decenas de miles de amenazantes seguidores del presidente Evo Morales, que esta vez los convocó y encabezó, los parlamentarios bolivianos aprobaron recientemente el referendo sobre la Nueva Constitución Política del Estado, que se discutía, entre gritos y turbamultas, desde 2006.

El clima de violencia en torno al Congreso, que incluyó detonaciones de "cuatro cachorros de dinamita" y una fuerte presión para que se aprobara el referendo, llegó al punto en que el líder de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras, Andrés Villca, gritó: "Si en media hora no hay nada (Constitución), entramos".

Según el sacerdote jesuita José Gramunt, Morales se despojó de su investidura para colocarse "al nivel de un dirigente sindical", y añade que "ésta ha sido la estrategia de don Evo desde que se lanzó a la conquista del poder".

No a la reelección indefinida

A pesar de la beligerancia oficialista, el vicepresidente Álvaro Linera subrayó que "se han hecho correcciones, superación de contradicciones y modificaciones en más de cien artículos presentes en la nueva Constitución".

Particular resonancia provocó la reducción a dos períodos —contando el presente como uno completo— que se impuso sobre los afanes del Movimiento al Socialismo (MAS), con mayoría en la Cámara, que en el fondo quería eternizar al ex dirigente cocalero en el Palacio Quemado.

Hasta ahora, Morales podrá estar en el butacón presidencial hasta 2014, si gana, como creen amigos y enemigos, los comicios adelantados y generales previstos para diciembre de 2009.

Más de un analista de la realidad boliviana previene, sin embargo, sobre un hecho perfectamente posible. Si gana Evo los comicios señalados y logra mayoría en el Congreso, ¿quién asegura que no intentará violentar en su favor el artículo que no le quedó otro remedio que negociar con la mayoría opositora en el Senado?

En un comentario en el diario local La Razón, Gramunt afirma que el mandatario pudiera urdir "una trama seudolegal para hacer legal la reelección indefinida".

Flagrante contradicción

Si descontamos determinadas actitudes del oficialismo, es cierto que por ambos lados se notaron esfuerzos para una conciliación que podría acabar con la larga crisis boliviana, lo que está por ver. Todavía, por cierto, se desconocen detalles del acuerdo, como el Impuesto Directo al Hidrocarburo (IDH) y la autonomía, dos de las exigencias de los departamentos rebeldes.

Aunque el momento era propicio para dar pasos rectos hacia la paz social, faltó un esfuerzo extra por llegar hasta el fondo del tema. Mientras el país respiraba aliviado ante los acuerdos, García Linera se comprometió a gestionar el fin del Estado de sitio en Pando, vigente desde el 12 de septiembre pasado, en el contexto en que 17 personas murieron en acciones violentas.

Sin embargo, tanto Linera como Morales permitieron que los ministros de Gobierno y Defensa, Alfredo Rada y Walker San Miguel, respectivamente, adujeran que la Constitución —la misma que se está sustituyendo— establece que los Estados de sitio deben ser por 90 días. O sea, que hasta diciembre habrá Estado de excepción en Pando.

Esta postura llama mucho la atención si se recuerda que Morales llegó a la Cumbre de Unasur en Chile enarbolando un supuesto golpe civil en su contra.

Además, el gobierno tiene preso al prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, y ya se informó que no saldrá aunque cese el Estado de excepción. ¿Quién en realidad ostenta el poder en Bolivia y de qué golpe civil increíble habló Morales hasta hace pocos días? La consigna la reiteraron casi todos los mandatarios suramericanos.

Tales contradicciones no podían conducir más que a vigorizar la oposición de los prefectos autonomistas de Santa Cruz, Beni y Chuquisaca, quienes anunciaron una campaña en las urnas contra la nueva Constitución.

Un detalle que indica hasta dónde pueden afectar determinadas fullerías políticas, fue la admisión por parte del presidente boliviano de que "las propuestas que se hicieron aprobar en Sucre y después en Oruro, eran un poco fuertes, pero era para después negociarlas".

El más importante origen de la crisis estuvo directamente relacionado con el sesgo de las cláusulas incluidas por el oficialismo en la Carta Magna, algo que se hizo con la perfecta conciencia de que "eran un poco fuertes", es decir, que no serían aceptadas por la oposición y crearían conflictos, uno de cuyas lamentables derivaciones se verificó en la violencia desatada en Pando.

Algunos escollos

Mientras el MAS y el Palacio Quemado se atribuyen el éxito en los acuerdos, observadores señalan que la popularidad de Morales podría afectarse en el transcurso del próximo año, pues la crisis financiera y económica mundial se reflejará, sobre todo, en este período.

El empresariado, por su parte, se muestra contrario a que la política boliviana continúe ocupando el centro de la vida nacional y se desdeñe la economía en uno de los países más pobres del hemisferio.

Por otro lado, Washington inició el proceso para no extender después del 31 de diciembre, cuando caducan, los beneficios arancelarios a Bolivia por su "supuesta falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico". Conste que la decisión de Washington va contra el Congreso, de mayoría demócrata.

Más de una voz con poder en el país norteño se ha preguntado por qué mantener beneficios hacia gobiernos que hacen de la crítica a Estados Unidos la carne y el hueso de su política.

El corre-corre que esto ha generado no podía ser pequeño, y una misión de políticos y empresarios bolivianos se trasladó a la nación del norte para explicar las graves consecuencias que provocará la supresión de preferencias arancelarias, las cuales permiten la entrada de gran parte de productos bolivianos al mayor mercado del mundo sin el pago de impuestos aduaneros. Como habían vaticinado varios expertos, la gestión fracasó.

Mirada la situación general del país, observadores coinciden en que si es cierto que se dio un gran paso con la nueva Constitución y la aceptación del referendo, no se puede asegurar, de ningún modo, que Bolivia ha salido de una crisis que sociólogos y académicos nacionales y extranjeros persisten en llamar "permanente".

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