Actualizado: 19/10/2017 11:37
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Narcotráfico, México

Guerra contra el Narco: política de dominación del régimen mexicano

Lo que se inició como una táctica para acabar a corto plazo con los cuestionamientos a la legitimidad del nuevo Gobierno, se convirtió en una estrategia a largo plazo para asegurar la dominación política del régimen

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Entablada para superar la debilidad inicial del Gobierno de Felipe Calderón, la guerra contra el Narco se transformó en la principal estrategia de dominación política del régimen mexicano. Con la Nación en primer plano, disminuye el ruido entre las clases sociales. México no es Colombia, pero cuando Washington postula esta equiparación, sus efectos entrañan riesgos que deben ser combatidos. La izquierda está obligada a proponer una salida a la actual situación, pero limitarse a exigir el repliegue del Ejército es insuficiente y peligroso. El desafío —inusual, sin duda— es disputar al poder su monopolio en la respuesta a las demandas de seguridad de las familias.

2006: antesala de la actual situación.

El 2006 fue un año muy convulsivo en México. En enero arrancaba La Otra Campaña, encabezada por el EZLN. Fue un movimiento que atrajo muchas simpatías, el cual logró posicionar, a nivel nacional, una alternativa de izquierda a la izquierda del Partido de la Revolución Democrática (PRD). El Estado mexicano, encabezado entonces por Vicente Fox, decidió diluir tal amenaza, lo cual logró con la dura represión en San Salvador Atenco. Muchos cayeron presos, incluyendo a los principales dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. El Subcomandante Marcos, por su parte, terminó por cerrar el episodio, al decidir interrumpir su gira por el país.

Round dos. Poco después vinieron las elecciones presidenciales. El candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón, derrotó a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por un mínimo margen, aprovechando los amplios espacios políticos facilitados por la campaña triunfalista del PRD, centrada en el slogan “ya ganamos”. De cualquier modo, el político de Tabasco lanzó un serio desafío al régimen, acusándolo de fraude electoral. Con ello, el próximo nuevo Presidente, sin tomar posesión aún, cargaba con el pesado estigma de una legitimidad cuestionada.

Pero faltaba el tercer y último round del año. En Oaxaca, persistía un ascenso de masas iniciado en junio, que estuvo cerca de quebrar la dominación del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que en ese Estado venía gobernando como lo hizo a nivel nacional hasta el año 2000. El gobernador Ulises Ruiz Ortiz se enfrentaba a la beligerante Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que exigía su renuncia. El magisterio oaxaqueño fue la columna vertebral de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que llegó a anular, por varios lapsos, de julio a octubre, a las instituciones estatales. Sin embargo, este brote insurreccional también fue derrotado más tarde, a finales de octubre, con la violenta represión de la Policía Federal Preventiva (PFP).

La guerra: mutación de táctica en estrategia.

Tres actos, tres derrotas, que hicieron peligrar el statu quo. Al mismo tiempo, tres datos ineludibles para restablecer una gobernabilidad confiable. Para ello, la solución pasaba por superar la debilidad con la que se iniciaba la gestión de Felipe Calderón.

En diciembre de 2006, el nuevo Gobierno declaraba la guerra al Narco. El nuevo Gobierno, apelando a las preocupaciones de todos los grupos sociales en torno a la seguridad, engrandecía su figura como encarnación de los intereses de la Nación.

El entonces secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, explicaba el inicio de la “Operación Conjunta Michoacán, como una encomienda del Presidente para “acabar con la impunidad de los delincuentes que ponen en riesgo la tranquilidad de todos los mexicanos y, especialmente, de nuestras familias” (Ramírez, 2006). Esta tónica no ha cesado y persiste hasta hoy.

Este gesto político con el que se inauguró el sexenio, tuvo por efecto lanzar a un lejano segundo plano los temas que dieron vida a la explosividad del año que terminaba. Se reestructuraba la agenda política del país. Las luchas de 2006 colocaban a la sociedad frente a discursos que polarizaban la “élite” contra el “pueblo”. Para cerrar esta situación, el régimen convocó a la sociedad en un todo, la Nación, que debería debatir su existencia frente al enemigo común: el crimen organizado. Al intercambiar las imágenes de divisiones intestinas por la unidad frente a una amenaza exterior, Calderón lanzó una cortina de humo sobre la lucha de clases.

La magnitud del poder político puede medirse en su capacidad para definir los temas sobre los cuales una sociedad discute (Lukes, 2007). No se trata de evaluar si el análisis de Calderón sobre el tema Narco es correcto. Lo que es real para el Estado, es real en sus efectos. El Ejército y la Policía Federal salieron de sus cuarteles a entablar una guerra que se ha convertido en el principal tema de conversación en México, haciendo de ella el principal hecho político del país. Al igual que le ha ocurrido a Estados Unidos en Irak, se ha demostrado que es más fácil sacar a las fuerzas armadas de los cuarteles que regresarlos a ellos.

Lo que se inició como una táctica para acabar, en el corto plazo, con los cuestionamientos a la legitimidad del nuevo Gobierno, se convirtió en una estrategia, en el largo plazo, para asegurar la dominación política del régimen.

La militarización de México

La revista Foreign Affairs es editada por el Consejo sobre Relaciones Exteriores de Estados Unidos. En ella escriben los principales teóricos de la política exterior de ese país, ofreciendo análisis de coyuntura sobre distintas regiones del mundo, a partir de las cuales sugiere o establece una línea de acción para el cuerpo diplomático estadounidense. Desde 2006 no se publicaba nada sobre México, hasta que en julio de 2010 apareció la visión de Estados Unidos sobre la guerra contra el Narco.

El autor señala que “dos décadas atrás, Colombia se enfrentaba a una lucha similar” contra narcotraficantes (Bonner, 2010). “Pero en menos de una década, el Gobierno colombiano los derrotó, con la ayuda de Washington. Estados Unidos jugaron un rol vital en su apoyo al Gobierno colombiano, y debe hacer lo mismo por México.” En su lógica, si los narcos mexicanos ganan, estaría en riesgo la democracia mexicana y la estabilidad de América Central y del Sur.

Sin embargo, la comparación con Colombia carece de fundamento (Escalante, 2009). Pero cuando es Washington quien lo dice, hay consecuencias prácticas. Poco importa que los voceros de Calderón hayan rechazado esta comparación cuando la hizo Hillary Clinton hace un año, para alejar de sí la sospecha de un Estado fallido. Lo sustancial es que la política estadounidense para México y la política interna del régimen mexicano están alineadas. El Plan Mérida —acuerdo de cooperación militar entre ambos países, firmado en 2008—, es la forma concreta que asume la convergencia en la política de aumentar el papel de las fuerzas armadas en el territorio nacional. La militarización de México está, por lo tanto, bastante arraigada. Basta observar a los dos principales actores que la mantienen en pie —y sus razones para mantenerla así—, para captar las dificultades de una pronta superación.

¿Exigir “la paz” u organizar la resistencia?

Exigir la salida del Ejército, a secas, no es una consigna convincente. Primero, implica callar ante los actores del narcotráfico. Segundo, implica, en el inter, quedarse inmóviles ante el fuego cruzado.

Sobre la primera omisión, la salida a la guerra es relativamente sencilla. La legalización de las drogas disolvería a los narcos. Tratar a las drogas del modo en que se hace con mercancías similares, como el alcohol o el tabaco, sujetándola a las leyes del mercado, haría decaer los precios. Dejaría de existir un atractivo negocio ilegal cuya subsistencia requiera de armas.

En cuanto al segundo flanco desatendido, es necesario que la izquierda esté al frente de la lucha por la seguridad de las familias. Mientras no se logre la desmilitarización, el fuego cruzado y los abusos de ambos bandos deben combatirse. Esto debilitaría el discurso del régimen, disputándole esa legítima demanda que le da base social a la guerra.

Sobre el primer punto, se ha escrito mucho y hay que seguir haciéndolo. Sobre el segundo, es necesario comenzar a explorar los retos que implica. Se trata de organizar la resistencia. En algunos lugares, según las condiciones locales, podrá ser más o menos abierta, pero donde la amenaza a los activistas es cada vez más aguda, llevaría a tácticas organizativas más rigurosas.

En este sentido, el estado de Chihuahua se perfila como emblemático. Sus principales centros urbanos comienzan a vivir, más en Ciudad Juárez que en la capital, una situación que el trotskismo local califica de ocupación militar por un ejército nativo (La Gota). En cuanto a la ciudad fronteriza, es la urbe más violenta del mundo; más que Bagdad bajo ocupación estadounidense, o que los territorios palestinos, ocupados por el ejército israelí. Si esta caracterización adopta mayor nitidez, la táctica de la resistencia implica proponer la autogestión de la seguridad. Esto se asemeja a posibilidades que la Liga Socialista Revolucionaria ha pensado en torno a la colonia Villas de Salvarcar, donde hace un año el Ejército asesinó a trece jóvenes, y que es frecuente objeto de agresiones. Experiencias de policía comunitaria, son ejemplos que pueden ofrecer un modelo a partir del cual aportar variantes específicas.



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