La falsa inocencia de las estatuas

Esta política fue combinada con un control riguroso de la macroeconomía y la implantación desde principios de los años noventa de una Junta Monetaria que le ayudó a estimular la economía y, al mismo tiempo, lograr que el Banco Central no cargara con los déficit presupuestarios. Aunque como aspecto negativo, Estonia ha tenido problemas con la estabilidad política.

El actual primer ministro, Andrés Ansip, quien lidera el Partido Reformista (centroderecha), tomó posesión hace apenas dos años, cuando sustituyó a una coalición del mismo tinte político que tuvo que renunciar en medio de un escándalo por corrupción. Ansip gobierna junto con el Partido de Centro Izquierda y la centrista Unión Popular.

Resentimientos y legados del pasado

Como legado de la era soviética, el país arrastra una enorme población rusoparlante —calculada en casi un tercio del total de habitantes— que llegó en tiempos soviéticos a tomar el lugar de los naturales estonios que fueron deportados por Stalin hacia los campos de concentración en Siberia.

En 1991, la mayor parte de esta población rusa quedó en un limbo legal, ya que la nueva legislación republicana exigió un examen de idioma estonio para obtener la ciudadanía y prohibió la enseñanza del ruso en las escuelas.

Muchos de los ciudadanos de origen ruso que viven en Estonia son veteranos de guerra y sus familiares defienden su derecho a hablar su lengua y que se respete su cultura. Y es precisamente este grupo minoritario quien se siente más ofendido por el traslado del monumento al soldado rojo, lugar donde tradicionalmente se manifiestan el 9 de mayo, considerado por Moscú como "Día de la Victoria".

Por su parte, el gobierno ruso —y en especial su presidente Vladimir Putin— ha sido muy enérgico en "apoyar los derechos de los compatriotas" (30 millones de rusos) que quedaron viviendo en otros países al desintegrarse la URSS. La mayor cantidad vive en Ucrania, Kazajstán y Bielorrusia.

¿Qué opinan los estonios?

Un informe reciente de Amnistía Internacional exige que Tallin reconozca los derechos de la minoría rusa en Estonia, pero también admite que ésta debe respetar las leyes del país de acogida. La mayor parte de la población desea que la cultura dominante sea la suya y rechaza las escuelas bilingües de la era soviética.

Los estonios dicen, según las encuestas locales, que no necesitan a los rusos para desarrollar su país. En la actualidad más de la mitad de la población local es usuaria de internet, el 34% de los hogares cuenta con al menos un ordenador y todos los centros de enseñanza están conectados a la red. Cifras del Eurobarómetro indican que Estonia es el país europeo donde más personas están ligadas al ciberespacio.

Con orgullo, los estonios señalan que ahora pueden hacer su declaración de ingresos a través de internet, pueden saber por esta vía cómo funcionan los presupuestos del Estado y, desde agosto de 2000, el gabinete estonio realiza sus sesiones sin documentos, utilizando un sistema de base de datos conectados a la red.

El 72% de los usuarios estonios de internet realiza sus operaciones bancarias cotidianas a través de la red y más del 93% de la población utiliza el teléfono móvil (encuesta de la Oficina de Comunicaciones, primavera de 2005).

Todos estos datos demuestran por qué Estonia, junto con las otras dos ex repúblicas soviéticas del Báltico, no sólo fueron las primeras en separarse de la URSS, sino las primeras en ingresar a las estructuras de Occidente como la OTAN y la UE.

Según los expertos, las tres repúblicas requieren todavía de reformas en el sector público, profundizar las medidas contra la corrupción, y mejorar los beneficios sociales y el mercado laboral.

Pero lo más importante es que puedan dejar atrás las heridas del pasado, cuando las tres pequeñas naciones, de unos 10 millones de habitantes, fueron ocupadas por la URSS —en base al Pacto Molotov-Ribbentrop de 1940—, país que mantuvo a sus soldados invasores hasta 1993.

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