Actualizado: 20/09/2021 9:45
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DeSantis, Florida, Elecciones

La guerra por otros medios

En gran medida los negros no votan por los republicanos, que dejaron de ser el partido de Lincoln para convertirse en el de Jim Crow

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“…el poder es guerra, la guerra
continuada con otros medios.”
Michel Foucault[1]

El 65 % de los votantes de Florida aprobaron la Enmienda 4, el 6 de noviembre de 2018. Esta restablecía los derechos de voto de las personas condenadas por un delito grave, excepto asesinato o delitos sexuales, una vez cumplidas sus sentencias. En julio de 2019 los republicanos en la legislatura estatal de Florida promulgaron el proyecto de ley 7066 del Senado, que requiere que los exdelincuentes —que hayan cumplido sus sentencias— paguen todas las multas, tarifas y restituciones pendientes antes de recuperar su derecho a votar. De un plumazo esta ley privó de sus derechos a unas 774.000 personas y desestimó la posición y opinión del 65 % de los ciudadanos con derecho al voto.

¿Qué se proponían estos legisladores al pasar por alto la voluntad popular? Sospecho que no era la búsqueda de un equilibrio presupuestario ya que evidentemente esos cientos de miles despojados de sus derechos, mayoritariamente, carecen de los recursos financieros para sufragar la deuda que le impusieron por un aberrado decreto que fue rápidamente firmado por el gobernador, un admirador y pretenso sucesor del presidente que perdió las elecciones de 2020.

Evidentemente el interés era evitar que esos miles de nuevos votantes —en una alta proporción de la raza negra— recobraran sus derechos ciudadanos. Con cierta lógica y algunas indicaciones estadísticas, ellos son probables votantes demócratas. En gran medida los negros no votan por los republicanos que dejaron de ser el partido de Lincoln para convertirse en el de Jim Crow. El resultado final es que la Florida está entre los estados con la más alta tasa de privación del derecho al voto y de estos privados de sus derechos el 23 % son negros.

Un nuevo ataque contra la expresión de la voluntad popular se produjo cuando la Corte Suprema de Florida, considerada la más a la derecha de todo el país, impidió que la consulta sobre el uso recreativo de la marihuana se llevase a la boleta de las elecciones de 2022 evitando así que los votantes pudiesen legalizar la marihuana recreativa, es decir que “pusieron el parche antes de que saliese el grano”. Para ello utilizaron un tecnicismo irrelevante a lo cual sumaron el que dejaron descansar el tema por un año de manera de no darle tiempo a los defensores de la legalización de la marihuana de modificar la propuesta antes de las elecciones.

Tomemos en cuenta que en 2016 los floridanos votaron ampliamente, un 71 %, por la legalización de la marihuana medicinal y hasta el momento de la decisión de la Corte ya la propuesta había alcanzado un 62,4 % del apoyo necesario para modificar la constitución estatal. Su aprobación hubiese creado empleos y recaudados impuestos tan necesarios para las arcas estatales que ha visto decrecer sus ingresos como una lógica resultante de la pandemia.

En la actualidad son 15 los estados más el distrito de Columbia donde el consumo de esta droga es legal y el senador Bob Menéndez está proponiendo un estudio en los estados que ya legalizaron la marihuana para conocer cómo esta droga afecta a las comunidades y las personas. Pero lo que no necesita mucho estudio es que al declarar legal la posesión de 2,5 onzas de marihuana y de la parafernalia para su consumo todos aquellos que estén guardando prisión u otras sanciones relacionadas quedarían ‘ipso facto’ liberados de dichas sanciones y con ello las comunidades negras de Florida serían mayoritariamente beneficiadas y, supuestamente, la balanza electoral se inclinaría hacia el Partido Demócrata.

Un nuevo ataque contra el derecho al voto se ha producido recientemente. La legislatura de Florida ha aprobado nuevas y estrictas restricciones a la votación, colocando al estado en la vanguardia de los esfuerzos republicanos para reprimir la participación popular en el ejercicio del derecho al voto, uno, pero no el único, de los pilares de la democracia. La legislación introduce una profusión de obstáculos para la votación por correo a raíz del aumento en la votación por correo de los demócratas en las elecciones de 2020. El fundamento no explicitado de esta propuesta legislativa es la falsa afirmación del expresidente de que hubo un fraude generalizado en las elecciones de 2020.

Ello a pesar de que, en Florida, los republicanos se jactaron, y continúan presumiendo, de lo bien que se condujo la carrera presidencial, en la que el expresidente ganó el estado, un tradicional campo de batalla, que cuenta con 29 votos críticos en el colegio electoral, el gobernador del estado no se demorará mucho en firmar y aprobar dicha ley que no se justifica en ningún conjunto de hechos o acciones que hayan puesto en duda la integridad del proceso electoral pero que va a afectar básicamente a las minorías y las personas de la tercera edad.

El predominio de la ideología de la extrema derecha, la presencia de concepciones acordes con los criterios de los supremacistas blancos y una evidente influencia, en el margen de la extrema derecha del movimiento legal conservador, de la Sociedad Federalista nos invita a aceptar el señalamiento de Foucault en su Genealogía del racismo:

“El poder político… tiene de hecho el papel de inscribir perpetuamente, a través de una especie de guerra silenciosa, la relación de fuerzas en las instituciones, en las desigualdades económicas, en el lenguaje, hasta en los cuerpos de unos y otros. Este sería, entonces, el primer sentido que puede dársele a la inversión del aforismo de Clausewitz.”[2]

Aun cuando no coincidimos con la prolongación de este pensamiento que impulsa a Foucault a establecer que la inversión del aforismo finalmente nos lleva a aceptar que la decisión definitiva sólo puede venir de la guerra, prueba de fuerzas en la cual, finalmente, sólo las armas deberán ser los jueces, con lo cual el aforismo vuelve a su posición original.


[1] Michel Foucault. Genealogía del racismo. Editorial Altamira s/f pág. 24.

[2] Ibidem.


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