Actualizado: 14/10/2019 9:31
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Los desafíos a la reforma migratoria continúan siendo formidables

Asegurar la frontera estadounidense es sólo una consigna política que no resuelve los complejísimos problemas de la inmigración

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Situados ya en 48 millones, los hispanos constituyen el 15% de la población estadounidense. Si bien representan la minoría más amplia, casi ninguno se identifica como tal, sino más bien según su origen nacional. Tanto desde el punto de vista político como cultural, los afroamericanos continúan siendo la minoría más integrada.

Los mexicano-estadounidenses representan dos tercios de toda la comunidad hispana de Estados Unidos. Cuatro de cada diez mexicanos que viven en EEUU han nacido en el extranjero, una cifra algo superior al resto de los hispanos (38%) y mucho más alta que el total de la población (13%). Alrededor del 63 % de los inmigrantes mexicanos entraron en EEUU después de 1990.

Ahí está el origen de las actuales controversias sobre la inmigración y el control de las fronteras: los mexicanos suponen el 32% de los inmigrantes y el 62% de los que radican aquí de manera ilegal, es decir, 6,6 millones. Sin embargo, la mayoría de los mexicanos que se encuentran en EEUU nacieron aquí, son genuinos norteamericanos, y aún así, es en nuestra frontera suroccidental donde se inicia el debate sobre la inmigración, que no se acallará hasta que no se produzca una reforma integral.

El siguiente grupo hispano lo conforman los más de 4 millones de puertorriqueños que son ciudadanos norteamericanos y que no tienen ninguna relación con este debate. Les siguen los cubanos con 1,6 millones, aunque la Ley de Ajuste Cubano de 1966 nos otorgó un trato preferente por razones políticas. Más de cuatro décadas después, casi todos los cubanos que ingresan en Estados Unidos de forma ilegal consiguen ponerse en la cola para recibir la residencia permanente.

Los hispanos representaban cerca del 75% de la población indocumentada. Los salvadoreños, guatemaltecos y hondureños redondean los cerca de 8 millones de hispanos del total de inmigrantes ilegales. Esta última cifra, sin embargo, es probable que hoy se acerque, o incluso casi alcance los 11 millones.

Desde finales de 2007, al comienzo de la gran recesión, la inmigración ilegal ha caído un 45%, mientras muchos de los indocumentados continúan regresando —voluntariamente o no— a México y América Central. En 2009 la Administración Obama deportó casi 400.000 inmigrantes irregulares, es decir, 140.000 más que el Gobierno de Bush en los últimos dos años de mandato. Obama también ha aumentado los soldados en la frontera y planea solicitar al Congreso $500 millones adicionales para garantizar la seguridad en esta zona.

Los hispanos, cuya gran mayoría nació o reside aquí de manera legal, se han extendido por todo el país. Casi el 65% trabaja, paga impuestos, lleva a sus hijos al colegio, asisten a misa y votan en cinco estados: California, Texas, Florida, Nueva York y Arizona; y en siete Estados de la Unión conforman al menos el 20% de la población: Nuevo México (45,1%), California (36,6%), Texas (36,3%), Arizona (30,2%), Nevada (25,9%), Florida (21%) y Colorado (20,1%).

La inmigración ilegal constituye un tema candente, que sin duda se ha agravado a partir de mediados de los 80. La población indocumentada se ha multiplicado por ocho. Y las recesiones siempre exacerban sentimientos de rechazo al fenómeno de la inmigración. Los esfuerzos federales dirigidos a frenar el cruce ilegal de fronteras y la violencia que esto genera no han tenido los resultados esperados. Arizona está en primera línea en ambos problemas, de manera que, en ese sentido, resulten comprensibles las frustraciones de la población oriunda de esta región.

Estados Unidos ha tomado medidas drásticas contra los inmigrantes mexicanos indocumentados en dos ocasiones. Primero en los 30 y luego a mediados de los 50, el Gobierno federal deportó decenas de miles de ellos de California, Texas y Arizona, mientras cientos de miles regresaban a México voluntariamente.

Sería imposible poner en práctica medidas similares en la actualidad. Washington no conseguiría encontrar un socio para ello dentro del Gobierno mexicano como sucedió en los 50. En aquel momento pocos eran los que alzaban su voz en defensa de aquellos que tenían una “apariencia mexicana”. Afortunadamente, nuestra sensibilidad hoy con respecto a las libertades civiles se ha agudizado. Y sólo las estadísticas impedirían que se tomasen medidas similares. La extensión geográfica de la población indocumentada, además, requeriría de una movilización militar de dimensiones inimaginables.

Es por ello que la reforma migratoria —ofrecer un camino hacia la legalización que incluya multas y un programa de trabajadores invitados— no puede mantenerse apartada del tema de la seguridad fronteriza. Asegurar la frontera primero es sólo una consigna política que no resuelve los complejísimos problemas a que nos enfrentamos.

Las elecciones de noviembre probablemente les salgan algo caras a los demócratas. Los republicanos puede que ganen a corto plazo, pero perderán al final. Una reforma integral debería constituir la primera prioridad para el próximo Congreso, pero requerirá de algún acuerdo que, ciertamente, sería bienvenido por la comunidad empresarial si se produjera.

Entre tanto, echar un vistazo a la página pewhispanic.org/states/population, y ver el mapa de Estados Unidos que muestra la densidad poblacional de hispanos, por condados y estados, debería estimular a ambos partidos a pararse y reflexionar.


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