Los recodos de la justicia

Si para muchos presidentes el poder es dulce, al ex mandatario peruano Alberto Fujimori el poder lo envició. Después de casi once años en el Palacio Pizarro, con una elevada cifra de escándalos y fechorías, y aprovechando la nacionalidad japonesa, que ocultó para acceder a la presidencia, Fujimori huyó al país oriental en el año 2000.

Desde allá envió un fax de renuncia, pero el Congreso peruano lo destituyó por "permanente incapacidad moral". Con éste y otros muchos antecedentes, la lógica de conservación indicaba que debió quedarse en Japón.

Pero Fujimori no dejó nunca de escuchar los cantos almibarados del poder, y en 2005 —dijo que para acercarse al escenario peruano— se fue a Chile, desde donde resultó extraditado en 2007, a solicitud de la justicia limeña.

Condenado recientemente a 25 años de cárcel por los asesinatos de la Universidad La Cantuta y Barrios Altos —cerca de 30 muertos en total—, el político nipo-peruano no sólo cuenta con el fujimorismo en una no desdeñable porción del Congreso, sino además con su hija Keiko, entre las más votadas. Al actual gobierno de Alan García se le considera un aliado del fujimorismo.

Sendero Luminoso, fuertemente golpeado y desarticulado bajo su régimen, es mundialmente reconocido como terrorista y actor principal en una guerra intestina de más de diez años (1980-1992), que dejó decenas de miles de víctimas.

Por otra parte, en larga medida, el empresariado peruano asume al ex jefe del Palacio Pizarro como el que sentó las bases para el fuerte crecimiento macroeconómico que, todavía hoy, muestra Perú.

Al entender de la izquierda, sin embargo, lo que introdujo Fujimori fue una política neoliberal que poco favor ha hecho a los desposeídos.

Derechos humanos y orgullo democrático

Un político con semejantes colores sólo podía ser sentenciado luego de una ancha campaña, en este caso liderada por organizaciones de derechos humanos y un considerable segmento de la prensa, que influyó literalmente a todos los sectores del país.

La secretaria ejecutiva de FEDEFAM (Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos), Judith Galarza, hizo llegar a CUBAENCUENTRO.com un informe donde se muestra total acuerdo con la decisión de la primera sale penal de la Corte Suprema. FEDEFAM también critica que al ex presidente mexicano Luis Echeverría se le liberara de responsabilidad por la matanza de Tlatelolco en 1968.

Comunicadores del país andino aluden a la muerte de Augusto Pinochet en libertad, a pesar de las "aprestos" de la justicia chilena. No por gusto el informe de FEDEFAM sostiene que la condena "representa un aliento para la comunidad mundial".

Al parecer, la decisión contra Fujimori ha hinchado, en no pocos, el orgullo de identidad democrática peruana. César Hildebrant, un ícono del periodismo en este país, aseguró que "la historia del poder judicial en el Perú ha sido una historia de corrupción general y de muy pocas grandezas", pero "la grandeza mayúscula ha ocurrido ayer" (7 de abril).

Y añadió que "gracias a estos jueces con vocación de historia, tendremos que mirar de un modo distinto a la judicatura".

Para José Miguel Vivanco, director para América de Human Rights Watch, la condena es histórica, "porque no hay precedentes a nivel mundial de un ex presidente elegido democráticamente, que después es juzgado en su propio país por violación de derechos humanos".

Otro reconocido hombre de letras, Mario Vargas Llosa, quien perdió en la carrera presidencial contra Fujimori en 1990, recordaba en 2007 el otro lado del proceso: es la primera vez que "un gobierno democrático, siguiendo los procedimientos legales y respetando las garantías que establece el Estado de derecho, juzga a un ex dictador…".

La ribera opuesta

Un seguidor del ex mandatario, el diario peruano La Razón, señaló —citando al general Germán Parra y a la parlamentaria fujimorista Cecilia Chacón— que la condena "es una victoria del Partido Comunista Sendero Luminoso y su cabecilla, actualmente encarcelado, Abimael Guzmán".

En opinión de Keiko Fujimori, hija mayor del ex mandatario, una pena de 25 años para un hombre de 70 "es una condena de cadena perpetua, la misma que recibió Guzmán", subrayó.

Un criterio muy atendible lo ofreció el parlamentario y abogado oficialista Javier Valle, quien se apoyó en el dictamen de la Corte Suprema.

Valle dijo a la prensa que los senderistas "podrían plantear la revisión de sus casos", a partir de que Fujimori fue condenado por una guerra antisubversiva "sucia, totalitaria, antidemocrática y que violó los derechos humanos".

Luego de deslindar —por sus propias palabras, exageradamente— que él no es fascista como Fujimori, argumentó Valle que la sentencia tiene un problema de fondo, y se preguntó: "qué interés podría haber tenido Fujimori en mandar matar a quienes no eran terroristas".

Tanto en La Cantuta como en Barrios Altos hubo "impericias y torpezas", pero fueron decisiones propias de esa "gentuza", sugirió el también experto en derechos humanos.

Según el parlamentario, "si estuviéramos juzgándolo por el tema del 5 de abril (de 1992, considerado un autogolpe de Estado), tendríamos que aplicarle la pena máxima de la ley, porque disolvió la Cámara", y no habría ningún debate al respecto, agregó. "Sin embargo, todo lo que se refiere a los casos de La Cantuta y Barrios Altos es insostenible".

De acuerdo con Valle, no hubo política de eliminación sistemática de sospechosos, "porque en once años de gobierno no hubieran muerto 50 sino miles, como ocurrió con Pinochet, con Videla y con Franco, aquí no".

Fujimori "puede reducir su pena", advirtió Valle, y enfatizó que "la opinión pública lo puede ver como un mártir o lo vuelven mártir con su muerte en la prisión, lo cual sería la mejor faena que ha podido hacer un tribunal seudodemocrático a favor del fujimorismo", concluyó.

Quizá varios de los argumentos de Javier Valle encuentren algún asidero en la encuesta de la Compañía Peruana de Mercado y Opinión Pública, donde, de alguna manera, el 59,4% está en descuerdo con la sentencia.

Desde luego que Fujimori apeló, pero todavía le restan procesos por secuestro y enriquecimiento ilícito.

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