Actualizado: 21/10/2019 9:39
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Bonafini, Argentina

Madres de Plaza de Mayo: la incompatibilidad entre política y Derechos Humanos

La Asociación Madres de Plaza de Mayo ha convertido su gestión en algo más parecido a un partido político que a una ONG

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La renuncia de Sergio Schoklender como apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, a finales del pasado mes de mayo, fue el inicio de una intensa tormenta política en Argentina, de consecuencias insospechadas. La tempestad que se avecina ha reunido la corrupción y el saqueo de fondos públicos con los derechos humanos y la política gubernamental. Todo ocurrió cuando faltan menos de cinco meses para las próximas elecciones presidenciales, lo que agrega más morbo al asunto. Si bien se mantienen las expectativas favorables a la reelección de Cristina Fernández, todavía no se ha podido comprobar el impacto de la crisis sobre la popularidad de la presidenta.

Las primeras reacciones frente a las acusaciones de los implicados en el escándalo, tanto de las Madres aglutinadas por Hebe Bonafini, como del Gobierno nacional y los medios periodísticos afines, fueron el silencio o la descalificación. A preguntas de la prensa, una Bonafini airada respondió que todo el tema de la corrupción y desvío de dinero público a bolsillos privados era una tontería (sus palabras fueron más duras, pero acordes con el lenguaje más soez que suele emplear), prueba de la crispación y la tensión que la afecta. Por entonces se levantaron muchas voces señalando que era una campaña y un montaje para atacar a las Madres y, por elevación, a la política kirchnerista de derechos humanos. Y numerosas personas, algunas de buena fe, buscaron deslindar el accionar impropio de los hermanos Schoklender de la gestión impoluta y exenta de crítica de Hebe Bonafini.

Sin embargo, a medida que se van conociendo nuevos datos y algunos antecedentes son puestos sobre la mesa, va quedando claro que las principales responsabilidades deben ser investigadas a fondo para poder esclarecerlas, llegado el caso, de forma consecuente. Entre las acusaciones vertidas, aparte del enriquecimiento ilícito de los Schoklender está el lavado de dinero y, muy especialmente, la falta de control y fiscalización de ingentes fondos públicos. También hay numerosas preguntas pendientes sobre el grado de conocimiento o responsabilidad de Hebe Bonafini en relación con lo sucedido.

La semana pasada se conoció la carta de renuncia en 2003 del entonces rector de la universidad popular de las Madres, Vicente Zito Lema. La misiva de Zito Lema a Bonafini manifestaba la opacidad de la gestión de Schoklender y de una serie de acciones sumamente sospechosas. Pero nada pasó, como tampoco nada pasó después de algunas denuncias sobre la forma de gestión de la Fundación de las Madres y sus negocios inmobiliarios, así como en torno a una forma de vida sumamente ostentosa de los más próximos a Bonafini.

Es verdad que la opacidad y la falta de transparencia en la gestión política no son un problema exclusivamente argentino, pero en este caso adquieren un dramatismo mayor por la identidad de los personajes implicados. Hay otro elemento que podría tener repercusiones sumamente graves. Es la vinculación entre las Madres y el Gobierno de Hugo Chávez, y las sospecha de traspaso de dinero venezolano al grupo de Bonafini. No en vano el programa de construcción de viviendas populares se denomina “Misión sueños compartidos”, un concepto cargado de significado bolivariano.

La última dictadura militar argentina, con su secuela de desapariciones, asesinatos, torturas y violaciones sistemáticas de los derechos humanos fundamentales, puso a la sociedad argentina, que en buena medida había sido cómplice o espectadora silenciosa de cuanto ocurría, frente a una posición delicada. La respuesta coherente y heroica de las Madres fue un referente decisivo y un elemento movilizador de fuerzas latentes que buscaban superar tan grave problema. Aquí no hubo una única postura y los partidarios de pasar página debieron convivir con aquellos que estimaban que solo el castigo a los culpables resolvería definitivamente una cuestión tan delicada.

La llegada de Néstor Kirchner al poder se planteó como un borrón y cuenta nueva, un nuevo comienzo de la historia argentina con una matriz fundacional claramente estructurada. En ella, los derechos humanos fueron centrales y así las Madres de Plaza de Mayo, especialmente el grupo de Hebe Bonafini, pero no solo, ocuparon un lugar protagónico en la política nacional. Como en tantos otros órdenes de la vida política, el gobierno kirchnerista monopolizó los derechos humanos y distribuyó etiquetas de aptos y no aptos, o leales y traidores, etiquetas que permitían acceder a recursos públicos distribuidos arbitraria y discrecionalmente.

Muchos se preguntan ahora cómo se llegó a una situación en la cual un símbolo hasta ahora intocable está siendo puesto en cuestión. En parte, la respuesta hay que buscarla en la deriva seguida por algunos organismos de derechos humanos argentinos que no solo se centraron en su agenda específica, sino también pretendieron darle a la misma un alcance mucho más político, convirtiendo su accionar en algo más parecido a un partido político que a una ONG.

Esto permite explicar una serie de actividades de las Madres de Plaza de Mayo que iban mucho más allá de la defensa de los derechos humanos. A este rubro pertenecen la gestión de una radio (“La voz de las madres”, “la primera de la izquierda”) y, sobre todo, la intensa actividad constructora e inmobiliaria de los últimos años. De este modo, la Asociación Madres de Plaza de Mayo actuaba más como un movimiento social o como un partido político que como una organización sectorial. Su objetivo estaba más próximo a la “revolución” que sus hijos no pudieron hacer que a su agenda específica de derechos humanos. La subordinación de esa agenda a las necesidades políticas del gobierno kirchnerista y a un proyecto continental antiimperialista terminan explicando buena parte de lo que pasó, más allá del evidente y notorio pillaje de los hermanos Schoklender.



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