Medio millón para cada inmigrante ilegal

El gobierno del presidente Joe Biden está considerando otorgar $450.000 por persona, para llegar a un acuerdo en las demandas provocadas por la política de separación de las familias inmigrantes en 2018, durante la época de Trump.

Esta política, llamada de “Cero Tolerancia”, luego fue suspendida por un juez y más tarde abandonada por la anterior administración.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security) consideran que el número total de personas, colocadas en custodia entonces, supera a los 5.500.

En la mayoría de las ocasiones, los niños fueron separados de sus padres por patrulleros fronterizos y enviados a albergues del gobierno, mientras sus familiares fueron encarcelados para ser juzgados por entrar al país ilegalmente.

Un año más tarde, en más de 1.000 casos no había sido posible reunificar las familias.

Parte de los involucrados en estas situaciones tenían motivos admisibles para solicitar asilo, otros no.

La solución de este conflicto, creado por la administración que le precedió, tiene consecuencias políticas que los republicanos —los causantes del lío y que ahora niegan su culpa — buscan explotar con fines electorales.

Cuentan con municiones de sobra para ello: decir que el actual gobierno quiere darles más dinero a los inmigrantes ilegales que a las familias de los soldados de Estados Unidos muertos en conflictos internacionales; argumentar que los cheques por el acuerdo legal se convertirán en un incentivo tremendo para nuevas y mayores caravanas; escandalizarse porque en la actualidad se busca premiar al delito y no castigarlo. La lista puede ser interminable.

Un negocio resolvería fácilmente una situación similar. Pagaría (por supuesto, trataría de pagar lo menos posible) y concluiría el asunto a la mayor brevedad posible.

Pero un gobierno no un negocio y las consecuencias son distintas. Por una parte, la administración Biden quiere dar por concluida una situación embarazosa para Estados Unidos (no la única, por cierto). Por la otra sabe que dilatar el asunto y que llegue a corte implica que un juez cualquiera puede formular un fallo a favor de los inmigrantes indocumentados por varios millones de dólares. A todo ello se une que la situación en la frontera no es algo que esté favoreciendo al gobierno actual.

Contra todos esos argumentos, hay un hecho poderoso y tiene que ver con la percepción del ciudadano estadounidense —nacido aquí o en el extranjero—, y que vive legalmente en este país y pasa o no pasa trabajo para acomodar las cuentas y los pagos al llegar el fin de mes: enterarse de la entrega de $450.000 a quienes intentaron entrar aquí ilegalmente no es una noticia que se asimile con paz y armonía.

Desgraciadamente, en ocasiones resulta fácil pasar por alto culpabilidad y culpable.

Por ejemplo, cinco años después de que Joe Arpaio no fuera reelecto a la oficina del sheriff del condado de Maricopa, Arizona, las demandas en su contra les han costado a los contribuyentes $100 millones. Nadie ha tocado a su puerta a reclamarle ese dinero, gastado, pagado, dilapidado por su culpa.

Por cierto, Miami cuenta con cierto historial de casos judiciales contra el gobierno cubano, con fallos de pagos millonarios —en ocasiones realmente estrafalarios— que el régimen no ha cumplido. Pero las cuentas continúan ahí pendientes, y en un futuro —tras un cambio político en la Isla— los demandantes o sus herederos tendrían la opción de reclamarlas, por lo que existe la posibilidad de que terminarían convertidas en una carga para los contribuyentes cubanos.

En la búsqueda de una compensación económica por algo mal hecho, por lo general el camino resulta tortuoso y con frecuencia largo. Al parecer, eso es lo que quiere evitar el Departamento de Justicia de EEUU.

Todavía está por calcular cuánto nos costará Trump y su política migratoria. No solo en dolor y sufrimientos, sino en dólares.

Con información de The Wall Street Journal y The Washington Post.

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