Actualizado: 22/05/2024 18:46
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Gobalización

No es el fin del capitalismo

El protagonismo y el peso de la opinión del simple ciudadano ya trascienden los asuntos de su propio país, incursionando y creando estados de opinión sobre temas globales

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Nunca antes la Humanidad había alcanzado los niveles de comunicación interpersonal de que goza en el presente. Y para mayor provecho hacia una creciente modernidad, las aceleradas innovaciones tecnológicas permiten avizorar un fantástico escenario de nuevas posibilidades de interconexión. De hecho, el concepto del mundo como una “Aldea Global” adquiere mayor materialidad cada día, influyendo de modo determinante en las sociedades civiles, hasta en aquellas naciones donde rige un severo control de su libre actividad.

Participar en esta aventura innovadora promueve novedosas perspectivas para millones de seres humanos. Y las posibilidades no se limitan al protagonismo e influencia en el mercado mundial, ya como vendedor o como simple consumidor. Las ideas e intercambios de información ahora viajan de una parte a otra del orbe con velocidad y presencia inmediata a los acontecimientos políticos, sociales y económicos que las generan, y estas a su vez impulsan otros cambios aún mayores. Las convulsiones sociales de esta dinámica impulsan una amplia incidencia en aquellas sociedades donde rigen tradicionales o anquilosados patrones culturales. Pero la misma ola de modernidad también estremece las sociedades desarrolladas, donde se generó el fenómeno de la gobalización.

La presente crisis económica emergida en Estados Unidos y por lo pronto expandida hasta buena parte de Occidente, revela distorsiones surgidas de la perniciosa tendencia al estatismo que socava la base económica. Y pese a todos los pronósticos agoreros sobre las “insalvables contradicciones” del sistema productivo más exitoso de la Historia, lo que se reciente es su efecto, no su causa. En esencia, ningún modelo de desarrollo basado en la economía de mercado demuestra ser ineficiente en elevar la productividad y el disfrute de riquezas y bienestar para tantos, además de garantizar el Estado de Derecho a sus ciudadanos. Sin embargo, son las deformaciones del modelo político, sobre todo debidos al espacio y función ocupados por el Estado en plena práctica del Keynesianismo, lo que da claras señales de agotamiento evolutivo.

La presencia del Estado en funciones para las que no fue concebido, por ejemplo como protagonista económico, creador de empleo y subvención social, más allá de las reales posibilidades económicas en un momento dado, provocan una deformación consecuente en la estructura del empleo, la maquinaria política de los partidos democráticos y los propósitos y metas de las elecciones, y como secuela derivan en la generación del clientelismo en la masa de votantes y la creciente intervención de los gobiernos de turno en las finanzas privadas y el mal manejo de los recursos acumulados por las instituciones públicas.

Es evidente que la presente crisis tiene su origen, e incluso se ha agravado, por la persistencia en esa fórmula como solución ante alarmantes indicios de catástrofe económica. También quedan claros los prejuicios derivados de la persistente injerencia del Estado al incentivar, u obligar legalmente en determinados casos, al sistema financiero privado a la práctica bancaria de expandir el crédito de manera indirecta (favoreciendo las hipotecas riesgosas, por ejemplo), o directa, más allá de las reservas bancarias, como principal método de estimulación económica. Pese a tal práctica ser perfectamente identificada como el origen nocivo de las crisis periódicas del sistema de economía de libre mercado, se ha insistido en ella como el trillado método de motivación económica para aumentar la recaudación impositiva y así sufragar mayores subvenciones y gasto público.

Para mayor gravedad, y como urgente intento de solución de las crisis, con el dinero público el modelo de intervención estatal ha favorecido gigantescos rescates financieros de los bancos y enormes empresas en quiebra. Los resultados de esta desacertada política, implementada de manera muy parecida en todo el modelo económico occidental, han demostrado una y otra vez su fracaso como solución que no supera lo eventual.

Muchos analistas políticos y expertos económicos reconocen estos desfavorables resultados. Y hasta opiniones muy calificadas señalan la necesidad de un retroceso de la presencia estatal como protagonista económico. Mas, ¿bastaría con ese paso? ¿No sería un repliegue provisional, para tiempos mejores, conservándose en esencia el mismo concepto del Estado interventor en la economía y finanzas y todo el tándem de maquinaria política-elecciones- clientelismo popular?

Si hay algo que indican estos tiempos globalizadores es que los cambios que ocurren en las sociedades son profundos y generales para todo y todos. ¿Por qué no concebir una nueva configuración del Estado y su contraparte, la sociedad civil, cada una ocupando el espacio que de verdad les pertenece y donde funcionan mejor? No se trataría de otro intento de ingeniería social, sino dejar que fueran retomadas las funciones para las que ambos, durante siglos de formación, errores y aprendizaje, demostraron ser efectivos instrumentos de orden y progreso.

Por ejemplo, el Estado podría retomar por completo su papel de rector, prudente regulador y supervisor, cediendo gradualmente a la sociedad civil y al dinámico mecanismo de oferta-demanda y beneficio-castigo de la economía de mercado las funciones que cumple como benefactor público y creador de empleo. Este ejercicio económico podría ser sufragado, por ejemplo, mediante los recursos que recaude mediante un sistema de impuestos que también fuera novedoso. Tiene más sentido dejar de castigar la riqueza con impuestos crecientes, como tiende a suceder en la actualidad, y en cambio premiar con rebajas la inversión. Es decir, medir el impuesto de acuerdo al gasto y no al ingreso. Aparte de generar capital, haría desparecer gradualmente la dependiente concepción clientelista de la población hacia el Estado Benefactor. En consecuencia, las asignaciones de esos recursos no serían festinadas y a capricho de inversión de un reducido grupo de funcionarios del Estado, como es práctica habitual, sino mediante un riguroso proceso de licitación pública a los diversos mejores proyectos de beneficio general, supervisados periódica y rigurosamente por el Estado en sus niveles de calidad.

Espacios lastrados y con límites onerosos a la vista del presente modelo económico estatista, tales como el empleo, en buena parte causante de excesiva burocracia, y sobre todo de la creciente presión de las pensiones, pasarían a ser asunto de la economía de mercado. Es innecesario que la mayor o una parte significativa de las empresas de servicios públicos sean un monopolio estatal. La práctica histórica de esta política demuestra las ineficiencias que esto genera en corrupción y mala atención a la población. Y las pensiones que son administradas por el Estado, en rigor pertenecen al capital acumulado con su trabajo por cada pensionado. Salvo las excepciones que la razón indique, por causa de incapacidad física, mental o ambas del beneficiario, u otra que merite, el Estado debería entregar en manos del pensionado el total acumulado y que éste lo invierta como accionista en las múltiples compañías de Seguro Social que de inmediato surgirán en el mercado libre, atraídas por el capital que podrían aportar estos nuevos inversores. El éxito de esta fórmula en un país pionero como Chile demuestra una eficiencia en el uso de esos capitales que supera toda expectativa.

Más, si se acepta que la globalización es integral en los cambios que trae, se debe ser realista: el aparato legislativo y el funcionariado de la burocracia estatal también debería ser transformado. Se revela una tendencia alarmante sobre la invariable presencia por años de los mismos legisladores y funcionarios encargándose de los asuntos públicos. La experiencia confirma que no resulta beneficioso que los legisladores o los altos funcionarios y especialistas transformen un cargo estatal en una carrera de por vida. El poder es algo demasiado peligroso y tiende a corromper. Tal situación crea estructuras de relaciones o maquinarias políticas que a largo plazo trabajan más para el beneficio de su grupo y persona que para el bienestar público. El cargo legislativo debe estar sujeto al mismo límite de dos períodos de funciones seguidas que cualquier cargo ejecutivo. No debe ser una carrera profesional. Es un puesto de sacrificio y entrega provisional a los intereses de la nación. En definitiva, lo que importa es la libertad y eficiencia del cuerpo legislativo, no figuras carismáticas que por muy atractivas que parezcan, envejecen y se pensionan sentados en su curul.

Y sería conveniente en el orden y la efectividad para la necesaria administración burocrática de los asuntos públicos que, una vez reducido a su esencia funcional el aparato burocrático del Estado, no esté exento de una minuciosa política periódica de supervisión y calificación, basada en la calidad y eficiencia de cada funcionario mediante exámenes por oposición. Es esencial que el funcionario público, cualquiera que sea su responsabilidad, se sienta en la obligación de ser cada vez mejor en su trabajo. Su experiencia es muy valiosa, mas no cuando utiliza el poder que se le otorga en prácticas ineficientes o franca e ilegalmente lucrativas.

Medidas como estas, u otras mejores que limiten la desmesura de funciones de instituciones estatales serían de provecho para el área de la política. El ejercicio democrático en las urnas no estaría dirigido al propósito de obtener votos a cambio de la promesa de beneficios sociales sufragados con el mismo dinero de los votantes. Las maquinarias de los diversos partidos políticos deben estar influenciadas por programas que no tengan como objetivo crear más carga económica para la sociedad. Los beneficios que se recaudan mediante impuestos no pueden estar a disposición de las plataformas políticas del partido de turno en el poder, ni de funcionarios o legisladores inamovibles de sus cargos. La supervisión del Estado y sus regulaciones como árbitro no deben ser confundidas con disponer como empresario de esa riqueza recaudada. Es la sociedad civil la encargada de tal cometido. Por tanto, el ejercicio consecuente de sus verdaderas funciones pondría gradual fin al vicio del clientelismo popular y al poco eficiente empleo estatal.

Sería razonable tomar en cuenta la imprescindible transformación que debe emprender toda sociedad ante los tiempos que corren. No son premonitorios del fin del sistema de desarrollo que mayores beneficios le ha otorgado a la Humanidad, también sacudida por medio de irrupciones de experimentos irracionales, ajenos al progreso y el cambio saludable. El protagonismo y el peso de la opinión del simple ciudadano ya trascienden los asuntos de su propio país, incursionando y creando estados de opinión sobre temas globales. La ganancia que ello representa para la raza humana aún está en embrión, pero ante la ola de libertad que ahora recorre el mundo, sus perspectivas son muy estimulantes.


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