Otro que escapa

La disposición de meterse de lleno en la política japonesa dividió por cierto a sus partidarios en Perú, donde Martha Chávez, ex presidenta del Congreso y representante del fujimorismo, planteó: "nos ha desconcertado a todos", y subrayó que debió "negar con delicadeza el gesto de solidaridad del pueblo japonés". "Su rol está en Perú, así venga a sufrir bajo una justicia llena de odios contra él", fustigó.

Si no falta el que piensa que todo ha acabado para él en Perú, todavía no pocos en las fajas pobres de Lima creen que su postulación es "una bendición de Dios". Coinciden muchos, sin embargo, en la falta de carisma de su hija Keiko, que, no obstante, logró la mayor votación en su candidatura al Congreso. Ella hincha las velas del fujimorismo, pero le falta duende, como diría un poeta.

La irresponsabilidad del gobierno peruano

A las presiones japonesas, el analista Alejandro Guillier agregó presumibles apremios "bajo cuerda" desde Lima, que habría solicitado a La Moneda que interviniera para evitar la extradición. De acuerdo con Gisela Ortiz, el gobierno de Alan García no ha jugado un "papel muy comprometido" en pro de la extradición, y enfatizó que no hay "un discurso claro y público por parte del gobierno".

Según la representante de los familiares de las víctimas de la matanza de la Cantuta, la presencia de Fujimori no conviene a Lima, pues sería "conflictivo, problemático para la gobernabilidad que persigue" García. Coincidiendo con expertos que dan por hecha la cercanía entre el ejecutivo y los seguidores de Fujimori, Ortiz considera que "hay también desde el año pasado un pacto implícito entre el gobierno y los fujimoristas, que están votando conjuntamente todas las leyes en el Congreso".

Al mismo tiempo, "el fujimorismo no ejerce oposición, y todos estos factores influyeron determinantemente para que el gobierno aprista no haya querido impulsar el proceso de extradición como se venía haciendo en el mandato anterior". El ejecutivo peruano ha "jugado un papel irresponsable, y le corresponde parte de la culpa por el resultado en el proceso contra Fujimori", acotó Ortiz, hermana además de un alumno de la Universidad de la Cantuta asesinado en 1992.

Las palabras de esta defensora de los derechos humanos se verifican en las declaraciones pasivas de la ministra peruana de Justicia, quien a pesar de señalar que la resolución era contraria a los intereses del Estado peruano, dijo que respetará, tanto desde ahora como cuando ya estén ejecutoriadas, las decisiones de los jueces chilenos.

Resulta por lo menos curioso que el gobierno se comprometa a respetar la futura decisión judicial (de la Corte Suprema lógicamente), pero lleve a Chile a la Corte Internacional de la Haya por el diferendo fronterizo, cuando todo el mundo sabe que existe un tratado firmado al respecto. El respeto de Lima parece ser sospechosamente selectivo.

A pesar de lo que Gisela Ortiz llama "intervenciones negativas de todo tipo para determinar el resultado final" del proceso, en Perú muchos no pierden la esperanza de llevar a Fujimori a los tribunales. Entre éstos se encuentra Carlos Rivera, jefe del equipo de derechos humanos del Instituto de Defensa Legal, para quien "la jugarreta del ex mandatario no impedirá a la larga que sea traído al país".

Efectivamente, Fujimori debe ser juzgado en el país donde violó la ley y los derechos humanos desde el máximo poder del Estado, y el mismo destino debe corresponder a todos sus pariguales. Pero Fujimori, mientras unos escupen sobre su memoria en el Palacio de Gobierno y otros la aplauden, vive en un presidio domiciliario realmente envidiable: una impresionante casa en Chicureo, en las afueras de una ciudad de Santiago que ve impasible cómo otro líder político escapa de la justicia.

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