Proa al desastre económico

La nacionalización de las empresas que operan en el sector eléctrico, la principal compañía telefónica del país, el cambio del esquema de ganancias de las petroleras ubicadas en la Faja del Orinoco, en general, la implantación en Venezuela de un nuevo modelo de producción social, han marcado el inicio del nuevo período de gobierno del presidente Hugo Chávez (2007-2013).

Se trata de reformas de corte "socialista", tal y como lo han aclarado los voceros del ejecutivo nacional. Medidas que para algunos sectores productivos distan del carácter democrático, eficiente y de libre competencia que, según la Constitución vigente de 1999, debe primar en el régimen socioeconómico venezolano.

El artículo 115 de la Carta Magna, por ejemplo, garantiza el derecho a la propiedad y aclara que sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes.

"Todo aquello que fue privatizado, nacionalícese", dijo el jefe de Estado dos días antes de su juramentación. "Recuperemos la propiedad social sobre los medios estratégicos de producción", añadió.

"Lo estratégico para el Estado será la construcción de formas de propiedad en las que lo colectivo, en las que la solidaridad, en las que el contenido social de la distribución de la riqueza va a primar", ha dicho el ministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas.

El esquema económico en Venezuela podría cambiar a partir de la reforma de la Constitución que ha anunciado Chávez en el marco de su toma de posesión. Tal como lo explicó el nuevo ministro del Trabajo, José Ramón Rivero, del Movimiento Quinta República, en el sector privado habrá una relación directa con las comunidades en la toma de decisiones. "Tenemos que avanzar en una forma de sociedad, en la propiedad social. No debe ser solamente el lucro", aseguró el titular de esta cartera.

Desde el sector productivo han reaccionado a los anuncios hechos por el mandatario, durante su toma de posesión, asegurando que la democracia empieza a sofocarse y a morir cuando un gobierno se atreve a irrumpir en los derechos de propiedad privada y "empiezan también a descorrerse las caretas y a visualizarse un régimen hegemónico, socialista anacrónico", según el director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, Víctor Maldonado.

Estado, dueño y señor

La estatización de la Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela (CANTV) y de una de las primeras empresas eléctricas que operaron en el país con capital privado (la Electricidad de Caracas), incluyendo todas las que operan en el sector, ha generado incertidumbre entre los inversionistas extranjeros con intereses en el territorio nacional. El anuncio lo realizó Chávez, reelecto hasta 2013.

Según apuntara The New York Times, la americana Verizon Comunications, una de las principales accionistas de la telefónica, perdió cientos de millones de dólares tras las declaraciones del mandatario venezolano, luego de una caída inicial del 30% ciento de sus acciones en la Bolsa de Valores de Caracas y en la de Nueva York. Y el efecto podría ser peor al momento de negociar la adquisición por parte del Estado venezolano.

BBO Servicios Financieros, organización de inversión centrada en negocios, calcula que al gobierno le podría costar tomar las compañías en las telecomunicaciones, las industrias de la electricidad y el petróleo, incluyendo sus deudas, cerca de 15.000 millones de dólares. Casi un tercio de las reservas internacionales de Venezuela, ubicadas en 37.000 millones.

Pero la incertidumbre no sólo ha afectado a los inversionistas grandes y pequeños de los sectores de telecomunicaciones, eléctrico y petrolero, sino a los trabajadores de las empresas que hasta hace unos días funcionaban bajo el esquema del sector privado. Los empleados desconocen si pasarán a depender del Estado después de las nacionalizaciones.

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