Rumbo al socialismo del siglo XXI
Uno de los primeros pasos del gobierno de Hugo Chávez para el control de los medios de comunicación será el cierre de Radio Caracas Televisión.
"El insulso doctor Insulza", lo llamó Chávez, quién además lo calificó de "pendejo". "Un verdadero pendejo, desde la P hasta la O", insistió el mandatario en un acto en el Teatro Teresa Carreño, en Caracas, durante la juramentación de su nuevo tren ministerial.
El cardenal Jorge Urosa Savino, arzobispo de Caracas, también ha hecho un llamado al ejecutivo para que reflexione sobre la decisión. El prelado pidió al gobierno "hacer un esfuerzo por buscar un entendimiento, porque el país gana si hay medios diferentes y si hay una libertad completa de opinión".
Distintos sectores en Venezuela y diferentes organismos internacionales han alertado sobre el futuro de la libertad de expresión a partir de una medida de esta naturaleza. Reporteros Sin Fronteras, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Sociedad Interamericana de Prensa, el Instituto de Prensa Internacional, entre otros, han señalado que si el criterio para revocar la licencia de RCTV tiene que ver con el hecho de que el canal se sitúa en la oposición, entonces se trata claramente de un atentado al pluralismo editorial.
¿Argumentos políticos o jurídicos?
"Ya está redactada la medida, así que vayan apagando los equipos, pues. No se va tolerar aquí ningún medio de comunicación que esté al servicio del golpismo, contra el pueblo, contra la nación, contra la dignidad de la República", dijo el presidente Hugo Chávez, vestido de verde oliva, al momento de anunciar la medida de no renovar la concesión de Radio Caracas Televisión.
Los argumentos que ha utilizado el ejecutivo para justificar el cierre de la estación privada incluyen la competencia que tiene el Estado para administrar el espectro radioeléctrico, un decreto que firmó el gobierno socialdemócrata de Jaime Lusinchi que habilita al canal para operar 20 años desde 1987, y las acusaciones del gobierno que han intentado involucrar a RCTV con el fallido golpe de Estado de 2002.
Según Granier, es falso que el contrato se venza en esa fecha y el gobierno tampoco tiene el poder para quitar la concesión. "El Estado venezolano es administrador del espectro radioeléctrico, no es dueño y lo tiene que administrar por razones técnicas y económicas", dijo.
El empresario ha sido contundente al asegurar que el ejecutivo debe probar las acusaciones de golpismo contra la planta de televisión privada, "el gobierno debe ir a los tribunales y demostrarlo".
Comienza un compás de espera para los más de tres mil trabajadores de RCTV, los anunciantes, televidentes y los venezolanos en general, ante una medida anunciada por la administración de Chávez que será ventilada ante tribunales nacionales e internacionales a la luz de la Constitución y las leyes que garantizan la libertad de expresión en Venezuela.
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