Sombras que atormentan

Desde otra esquina piensa el candidato presidencial Roberto Lavagna. Este asegura que con la detención y la publicidad sucedánea se encubren problemas de la actualidad nacional, como por ejemplo el alza de precios del mes de enero.

Víctima y testigo, el secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Eduardo Luis Duhalde, reveló que no le constaba que la ex presidenta supiera del accionar de la Triple A y ni siquiera de que López Rega fuera su jefe, pero que era de público conocimiento tanto una cosa como la otra, y asestó que no podía ignorar lo que pasaba.

Mientras el presidente Néstor Kirchner responde que "no puede haber impunidad para nadie" y descarta intencionalidad política en la confección del caso, el ex fiscal general y principal acusador en el sonado proceso contra las juntas militares, Julio César Strassera, considera "una barbaridad jurídica", "un mamarracho" y "un disparate" el andamiaje para llevar a juicio penal a 'Isabelita'.

Strassera es el mismo que pidió cadena perpetua para todos los integrantes de las tres juntas llevadas a tribunales. En el suceso que nos ocupa, lo acompaña un considerable número de letrados.

De acuerdo con ideas que transcribe y que envió a Encuentro en la Red, Gabriel Salvia anda por otro sendero: "A pesar de algunas controversias y sospechas de politización, es muy saludable para la memoria y la justicia en la Argentina que citen a declarar a la ex presidente Isabel Martínez de Perón".

Si Salvia coincide en que los crímenes "cometidos entre 1976 y 1983 representan la etapa más negra de la Argentina", también "hay que buscar responsables en aquellos políticos y dirigentes guerrilleros que previamente incentivaron el clima de violencia en el país. Por eso, está muy bien que se procese a 'Isabelita' y a sus ex ministros como Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf, por ejemplo".

Otro mundo, otra historia

Dos elementos a favor de la defensa incorporó una entrevista del diario La Nación con quienes asesoran a doña Isabel. Uno de ellos es, sencillamente, que la mandataria no firmó los decretos que ordenaban "aniquilar el accionar de la subversión". Lo hizo el entonces presidente provisional del Senado e interino del país, Ítalo Argentino Luder.

Isabel no los rubricó porque a la sazón se encontraba en la localidad cordobesa de Ascochinga, recuperándose de un problema de salud, añade La Nación.

Tampoco falta quien enarbola —y esto no lo recuerda el periódico— que quizá los malhadados decretos (2270/75 y 2272/75) tuvieron la intención de restar poder a El Brujo, aunque por sus consecuencias aceleraron la guerra sucia emprendida por los militares contra cualquier atisbo de inconformidad.

Los documentos aluden a un Consejo de Seguridad Interior constituido por el presidente y los jefes de las fuerzas armadas, y extienden a todo el territorio la autorización para actuar contra las organizaciones "subversivas".

El otro elemento matiza sin duda el azaroso proceso. Cuando la Perón regresó de su licencia médica, dispuso limitar y reglamentar los decretos mediante una serie de proyectos de ley que envió al Congreso y que, según algunos, obligaron a los militares a apurar el pucherazo. No podían tales condicionamientos convertirse en ley, pues por sí mismos hubieran impedido cualquier dictadura, alegan entendidos.

Voces y ausencias

Vale anotar, en fin, que un testimoniante en el caso pudiera ser sin duda Ítalo Luder, pero éste padece mal de Alzheimer y no irá a interrogatorio.

Otro personaje de aquellos tiempos, El Brujo, claudicó en 1989 ante lo que Jorge Luis Borges llamó nuestra vieja "costumbre de morir". Escapó así —otra antigua costumbre— de una larga sentencia, aunque para entonces ya estaba preso.

A pesar de que aparece dispuesta a declarar, Isabel Martínez de Perón carga una avanzada edad y un físico endeble. Los pedidos de extradición sirvieron para sacarla de un virtual enclaustramiento en su chalet de las afueras de Madrid y, como se ha dicho, tal vez para afectar más su salud. "Puede entonces apresurarse el fallecimiento de la señora", criticó uno de sus abogados.

En medio de la recia polémica, quizá tengan razón los que argumentan que la ex jefa de Estado debió ser citada como testigo, para que dijera todo lo que sabe, y no como imputada —un claro exceso—, al igual que el despropósito del pedido de detención, añade al cotarro Gregorio Badeni, muy prestigioso abogado y académico.

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