Villa Soldati: Un drama social convertido en un cambalache político

Súbitamente la tragedia volvió a estallar en Buenos Aires. Un reclamo de viviendas por un grupo de necesitados dio lugar a la ocupación de un parque porteño, a violentos enfrentamientos entre grupos con intereses opuestos y a la represión policial, con un saldo de tres inmigrantes muertos —dos bolivianos y un paraguayo— y numerosos heridos. Sin embargo, el balance va más allá, ya que estos hechos repercutieron en la política local y en la nacional.

Cerca de mil familias de diversas villas miserias de Buenos Aires y sus alrededores invadieron el parque Indoamericano en Villa Soldati. Muchos argumentaron que en sus barrios, donde malviven, no pueden pagar los alquileres. Los ocupantes, muy organizados, dividieron el terreno en lotes y lo ocuparon y formaron un cuerpo de delegados. También se mostraron dispuestos a negociar un plan de vivienda para abandonar el predio. La ocupación provocó altercados con los vecinos de barrios y villas próximas y su reacción airada, para expulsar a los intrusos, degeneró en violencia.

Es difícil encontrar un hilo rectilíneo para analizar lo ocurrido, ya que son tantos los actores y asuntos, que todo terminó mezclado y revuelto. Al problema de orden público causado por la ocupación y los intentos de desalojo se añade el enfrentamiento entre el gobierno municipal de Mauricio Macri y el nacional de Cristina Kirchner, una disputa lejana, que se intensificó durante los festejos del bicentenario. La dependencia policial (¿del gobierno nacional o del municipal?) ahonda las discrepancias mutuas. Otra vertiente del problema es la determinación del gobierno nacional de no reprimir a los movimientos sociales.

Para complicar más las cosas, están las denuncias de Sergio Shoklender, apoderado de las Madres de Plaza de Mayo que responden a Hebe Bonafini, quien denunció que cientos de “narcotraficantes armados intentaron ocupar a los tiros” una obra de su Fundación o las de Mauricio Macri de que todo fue consecuencia de una inmigración descontrolada. Pero también se ve la intervención de otros actores, como las “barras bravas” (grupos de hooligans vinculados no sólo a los clubs de fútbol al que siguen, sino también al poder político, que muchas veces los utiliza como fuerzas de choque).

El déficit de viviendas en la Capital Federal afecta a más 500.000 personas. Más de 210.000 viven en villas miseria y 150.000 en condiciones más precarias. Desde 2001 la población “villera” creció un 50%. Esto dificulta el acceso a otros servicios esenciales, como salud o educación. La llegada creciente de inmigrantes agravó un cuadro de por sí preocupante. Entre 2006 y 2010, más de 550.000 inmigrantes del Mercosur se radicaron en Argentina. El 84% trató de hacerlo en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, aunque muchos optaron por la primera. Más de la mitad de los habitantes de muchas villas de la capital son extranjeros, llegados mayoritariamente en esos años.

En su primera aparición tras la ocupación del parque Indoamericano en Villa Soldati, Macri vinculó la falta de viviendas con la inmigración, a la que calificó de “descontrolada”. También asoció la toma con el delito y el narcotráfico. El jefe de Gabinete del gobierno nacional, Aníbal Fernández, dijo que las explicaciones de Macri eran “un espanto” y lo acusó de “xenófobo”, un concepto repetido por los movimientos sociales y grupos de izquierda implicados en el caso. Algunos de ellos participaron en el ataque contra la sede del gobierno de la Ciudad.

Cristina Kirchner, crítica con las políticas migratorias europeas, decidió enseñar una vez más cómo se hacen las cosas. En mayo pasado, aprobó el Reglamento de la Ley de Migraciones y señaló que habían “reformulado los objetivos de (la) política migratoria en un marco de integración regional latinoamericana y de respeto a los derechos humanos y movilidad de los migrantes”. Pese a su voluntad, las migraciones han impactado en la política argentina y es probable que en los meses próximos, a medida que se aproxime la campaña electoral, su peso aumente.

En una manifestación de vecinos del parque, que pedía la expulsión de los invasores, se veían banderas argentinas, camisetas de fútbol de la selección y pancartas que decían “Somos argentinos y no pedimos al Estado”. De forma paralela, tras la llegada de la Gendarmería Nacional, los invasores mostraron su alegría, al pensar que de esa forma se acababan sus mayores problemas y que su desocupación sólo se produciría tras alcanzar algún acuerdo con las autoridades nacionales o municipales. Como sostuvo Aníbal Fernández, “este conflicto no se resuelve expulsando a palos a la gente”.

Otro ingrediente de la tragedia fue el clientelismo político y el caudillismo, ejercido en la política local argentina por los punteros. En las villas del sur de Buenos Aires interactúan clientelas de distinto signo. Están las que responden al kirchnerismo, y también al macrismo. En las últimas elecciones, esta zona supuso casi un tercio de los votantes del Pro, el partido de Mauricio Macri, algo menos que los aportados por la Recoleta y Barrio Norte.

También vemos a ciertos grupos populares afines a las Madres de Plaza de Mayo y a otros cercanos a la izquierda. Frente al parque Indoamericano la Fundación de las Madres construye una urbanización de más de 380 viviendas, que con referencias bolivarianas recibe el nombre de Misión Sueños Compartidos. Si bien todos estos grupos están enfrentados entre sí, quienes participan en ellos pueden actuar simultáneamente en dos o tres.

Con independencia del desenlace de los acontecimientos, estos salpicaron de lleno a la Presidenta, pese a que su jefe del Gabinete, Aníbal Fernández, dijera que el Gobierno sólo fue un “convidado de piedra”. Curioso convidado, ya que la seguridad pública en Buenos Aires depende básicamente de él (las funciones policiales no fueron plenamente transferidas a las autoridades metropolitanas). Otra paradoja, durante la celebración del Día de los Derechos Humanos, Cristina Kirchner anunció la creación de un Ministerio de Seguridad, del que dependería la Policía Federal y que Nilda Garré, la ministra de Defensa, sería la responsable de la nueva cartera.

La Presidenta también dijo que no estaba en sus planes ordenarle a la Policía Federal que interviniera en Villa Soldati: “Un ejemplo de que la mano dura no sirve es el desalojo que terminó peor de lo que empezó. El orden debe ser custodiado, pero no a partir de cobrar vidas”. La nueva Ministra no sólo deberá reorganizar profundamente a la Policía Federal, hasta ahora sumisa a Aníbal Fernández, sino también aplicar la doctrina oficial en materia represiva, incluyendo la premisa de que a los movimientos sociales no se los reprime.

De este modo se anuncian nuevos cambios en el Gabinete, con algunas salidas y llegadas importantes. Entre las posibles incorporaciones que se mencionan está la de Carlos Bettini, embajador de Argentina en Madrid. Un mes y medio después de la muerte de Néstor Kirchner, y con ella de la ola de afecto social que rodeó a la Presidenta, la brutal realidad se coló en la Casa Rosada de la forma menos esperada y repleta de contradicciones. De la forma en que su Gobierno sepa resolver o no problemas como éstos dependerá su futuro y su reelección.

Este artículo apareció en Infolatam. Se reproduce con la autorización del autor.

Carlos Malamud tiene un doctorado en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid, es catedrático de Historia de América en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) e investigador principal del área América Latina en el Real Instituto Elcano.

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