Actualizado: 17/10/2017 10:31
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| Opinión

Editorial

Menos presos, pero más represión

Pese al recrudecimiento de la violencia de Estado, en los últimos meses ha crecido la pérdida del miedo entre la población.

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Si juzgamos las pretensiones del gobierno en materia de derechos y libertades a la luz de los recientes acontecimientos, el panorama actual de la Isla no puede ser más desolador. Diecisiete meses después de la transferencia provisional de poderes, no ha aumentado el número de presos políticos, pero sí las detenciones temporales y, dramáticamente, la intensidad represiva.

Las autoridades, que intentan limpiar su imagen pública mediante rejuegos estadísticos, procuran no perder el control del país. Y aplican, para ello, un terror que no forja titulares en la prensa internacional. Aumentan los actos de repudio contra toda heterodoxia, revalidan la intolerancia como su apuesta más efectiva, recurren a la coartada de que es "la indignación ciudadana" la que "espontáneamente" agrede a la disidencia. No el ejército, no la policía.

Pese al recrudecimiento de la violencia de Estado, en los últimos meses ha crecido la pérdida del miedo entre la población, que busca salida a sus graves problemas. La campaña a favor de la autonomía universitaria; la de la organización de mujeres rurales contra la doble moneda; las protestas estudiantiles en Santiago de Cuba; la creación del Comité Ciudadano de Reconciliación y Diálogo, impulsado por Oswaldo Payá; la fundación del Foro Progresista de La Habana, por el Arco Progresista, sumados a la aún discreta pero palpable solidaridad de la población hacia las Damas de Blanco, disponen, entre otros proyectos e ideas, un nuevo escenario para la disidencia interna.

Esta situación coloca al gobierno en la incómoda disyuntiva de utilizar la fuerza bruta contra mujeres, estudiantes y campesinos, gente muchas veces sin una línea ideológica o política definida, pero harta del actual estado de cosas. El ejercicio de la violencia es la antítesis del debate convocado por Raúl Castro y ocurre cuando la sociedad demanda cambios profundos y el panorama internacional —con la derrota de Hugo Chávez en el referendo constitucional— podría desfavorecer la economía de la Isla.

El régimen castrista, que consiguió el pasado noviembre la anulación de la relatoría especial de la ONU para los derechos humanos en Cuba, acaba de anunciar que firmará el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pero no deja de combatir cualquier expresión de libertad.

No existen, por tanto, razones sólidas que justifiquen el optimismo del canciller español Miguel Ángel Moratinos al referirse a la situación de los derechos humanos en la Isla.

Es un acierto mantener la puerta abierta para la interlocución —más aún en el caso de un régimen cerrado como el cubano—, pero esa interlocución tiene que basarse en el realismo político. No puede ser un cheque en blanco. Y, al menos hasta hoy, existen muy pocos motivos para el optimismo. El único testimonio veraz que llega desde La Habana en este diciembre de 2007 habla, desafortunadamente, de represión e inmovilismo.


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