De censuras y censura

La representante republicana María Elvira Salazar publicó un video en Facebook donde dijo estar “altamente preocupada porque en este país se está colando la censura, censura la cual yo nunca viví”. Se refería a la censura que Twitter y precisamente Facebook impusieron al expresidente Donald Trump hace un par de semanas. En el video, la representante Salazar agregó: “Aunque estas empresas no son el gobierno, la dirección en la que podríamos ir es muy aterradora”. Pero lo que más me llamó la atención en el video fue la frase siguiente: “cuando comenzamos a aceptar la censura, estamos dando el primer paso hacia el socialismo”.

Me llamó la atención porque si esa declaración de la representante Salazar es cierta y correcta, entonces la censura impuesta por el expresidente Trump a sus críticos en Twitter también tenía, tiene, carácter socialista y quizás por eso el Knight First Amendment Institute lo demandó siendo él “el gobierno”, y lo demandó no una sino en varias ocasiones. El expresidente perdió todos los juicios y siguió bloqueando “de a pepe”, como hacen los dictadores. Es más, bloqueó a sus críticos en Twitter hasta que Twitter lo bloqueó a él. Entonces protestó.

De forma general, concuerdo con la representante republicana Salazar. Es cierto que la censura aterra y es, además contraproducente. Hay que combatirla en una batalla eterna porque siempre habrá un consagrado a la censura. Es cierto también que Facebook y Twitter no son el “gobierno” sino empresas privadas. Sin embargo, me parece que la preocupación de la representante Salazar es selectiva e injusta. Veamos por qué.

En Julio de 2018, el instituto Knight First Amendment Institute demandó al entonces presidente Trump en un tribunal federal de Estados Unidos. El caso está registrado como Knight First Amendment Institute v. Trump. En la demanda, el Instituto Knight argumentó que el presidente había bloqueado el acceso de siete personas a su cuenta en Twitter, y resaltó el hecho de que dichas personas eran muy críticas para con el presidente y su discurso público. O sea, que la acción del presidente no había sido casual sino consiente y forzosa. La demanda también argumentó que Twitter era un foro público protegido por la Primera Enmienda de la Constitución, por lo que el gobierno, es decir, el presidente Trump, carecía de autoridad para bloquear y prohibir el acceso de la ciudadanía a su cuenta en Twitter.

La abogada Katie Fallow, representante del Instituto Knight en el caso que comentamos, citó como precedente la decisión unánime de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Packigham v. North Carolina. En aquella decisión, el juez Anthony Kennedy había argumentado que las redes sociales eran foros o plazas públicas, imprescindibles para el libre intercambio de ideas. El juez Kennedy citaba así otro precedente, esta vez establecido por la Corte Suprema de Estados Unidos en 1969 a través del caso Brandenburg v. Ohio y que vino a ser, es, la Ley de la Nación que garantiza la libertad de expresión como medio fundamental para el libre flujo de ideas en foros públicos y que el gobierno, incluyendo al presidente, no puede regular ni limitar. Usando la decisión del magistrado Kennedy como precedente, el juez Buchwarld entonces falló en mayo del 2018 que el presidente Trump no podía bloquear a sus críticos en Twitter por ser anticonstitucional bajo la Primera Enmienda de la Constitución. En otras palabras: Trump perdió.

El presidente Trump apeló el fallo, apelación que fue rechazada de plano en julio del 2019 por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. Los tres jueces de esa Corte reafirmaron unánimemente la decisión del juez Buchward. El presidente Trump volvió a apelar, pero esta vez el Tribunal de Apelaciones se negó rotundamente a revisar el caso, precisamente porque el Presidente Trump no tenía argumentos nuevos, no tenía “caso”.

El presidente Trump ignoró las decisiones de los tribunales y continuó bloqueando en Twitter a sus demandantes. El Instituto Knight tuvo que volver a demandarlo en julio de 2020, a lo que el presidente respondió con una apelación a la Corte Suprema de Estados Unidos en agosto de 2020. Justo el 21 de enero de 2021 el Departamento de Justicia desechó la apelación porque el periodo presidencial de Trump había caducado y por tanto la apelación era irrelevante.

Por si acaso, el presidente Trump no ha sido el único funcionario público en bloquear a sus críticos en Twitter. Por ejemplo, la representante Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata por New York y para muchos una socialista, hizo lo mismo que el presidente Trump y por las mismas razones. Ocasio-Cortez bloqueó en Twitter a Dov Hikind, exrepresentante estatal por New York, y a Joey Saladino, excandidato a representante al Congreso. Ambos, republicanos, demandaron a la representante Ocasio-Cortez en julio de 2017 bajo la Primera Enmienda de la Constitución. Sin embargo, a diferencia del expresidente Trump, Ocasio-Cortez selló un acuerdo extrajudicial con los demandantes y se disculpó públicamente.

Pero veámoslo al revés; o sea, veámoslo desde la posición de Twitter. ¿Puede Twitter bloquear al presidente Trump, a la representante Ocasio-Cortez u a otra personal pública cualquiera?

El presidente Trump no ha demandado a Twitter todavía, así aún no existe opinión legal y formal, de un juez quiero decir, sobre el asunto. Entonces reconozco que antes de opinar quizás debería yo esperar a que Trump o alguien demande a Twitter.

De todos modos, por el momento comento que como bien afirmó la representante Salazar en su video, Twitter es una empresa privada. Además, cabe recordar que en julio de 2014 la Corte Suprema de Estados Unidos, en el caso Citizens United, falló que compañías eran personas y como tal tenían personalidad propia, jurídica, sobre todo. Ello implica que Twitter, siendo empresa y persona, tiene el derecho a establecer códigos de conductas éticas, morales y hasta jurídicas en el ámbito y jurisdicción de su empresa y persona. Twitter, a través de su personalidad jurídica, se reserva el derecho a defenderse a sí misma contra ataques verbales y físicos, contra su ética y prestigio corporativo. Incluso Twitter puede expulsar de su dominio físico y jurídico a quienes violaran su reputación. ¡Es lo que haría Donald Trump en sus hoteles y campos de golf! ¿O no?

Donald Trump es dueño de una cadena hotelera. Si yo o cualquier persona creáramos desorden en uno de esos hoteles, si decimos, por ejemplo, malas palabras e insultos como el expresidente hizo en Twitter casi todos los días durante cuatro años, estoy seguro que los administradores de dicho hotel me expulsarían y posiblemente hasta llamarían a la policía. Quizás me prohibirían la entrada a ese hotel de por vida.

Entonces, respeto la preocupación de la representante María Elvira Salazar, pero me parece cómico que se cuestione a Facebook y Twitter por negarle a Donald Trump el uso de esa plataforma para hacer política. ¡Trump hizo lo mismo, por Dios!

Una cosa es ser ciudadano privado y otra es ser ciudadano público y de contra presidente de una nación. El ciudadano privado Donald Trump un día decidió convertirse en ciudadano público y usar gratis a Twitter, una corporación privada, como trampolín para provecho político personal. Gracias en gran medida a Twitter, el ciudadano público Donald Trump pudo mantener comunicación directa y gratis con sus seguidores y salir electo presidente de la república, presidente no solo de sus seguidores fieles sino de todos los estadounidenses.

Para concluir comento que una vez tuve una cuenta en Facebook, a través de la cual vi y leí tanta tontería y mentira que decidí cancelarla. Hace años ya de eso. Hoy por hoy no tengo cuentas en Twitter, Facebook, Instagram ni en ninguno de los mal llamados medios o redes sociales. Para mí, todos son medios antisociales, pero ese es otro tema.

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