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Actualizado: 18/04/2024 23:36

EEUU, Elecciones, Votación

Comentarios sobre el estado del derecho al voto en EEUU

El asalto al derecho al voto más serio e intenso desde la era Jim Crow

Estados Unidos ha tenido y tiene un problema grave con el derecho al voto a pesar de haberlo incluido en la Constitución antes de que fuera votada por primera vez. Incluso, aun después de las diez enmiendas conocidas como Bill of Rights, el derecho al voto permaneció como un derecho exclusivo para hombres blancos dueños de esclavos, tierras y negocios. Es cierto que ya todos los ciudadanos estadounidenses gozan de dicho derecho. La Enmienda XV se lo otorgó a afroamericanos masculinos en el año 1870; la Enmienda XIX se lo otorgó a las mujeres en el año 1920; el Acta Snyder reconoció la ciudadanía estadounidense de los Americanos Nativos en el año 1924 y, por ende, el derecho al voto bajo la Enmienda XV. Pero esas enmiendas no cayeron del cielo. Hubo que reclamarlas y pelearlas incansablemente. Costaron vidas. Aun así, el derecho al voto es violado constantemente de jure y de facto, a través de leyes, represión, trabas y trucos de todo tipo.

Por ejemplo, bajo el sistema Jim Crow, para poder votar los afroamericanos tenían que pagar un impuesto conocido como poll tax y demostrar que sabían leer y escribir. Los exámenes, a veces difíciles, eran obligatorios para afroamericanos solamente, como si todos los blancos supieran leer y escribir. Por otro lado, el día de las elecciones, pandillas de hombres de la raza blanca, incluyendo a miembros del Ku Klux Klan, asaltaban los precintos electorales para robar urnas y quemar boletas, y aterrorizaban y hasta linchaban a cuanto afroamericano se atreviese a votar. También linchaban a ciudadanos blancos que defendían el derecho de los negros a votar. Mas o menos así fue hasta el año 1964 cuando, gracias al heroísmo de Martin Luther King, y muchos otros, el Congreso aprobó y el presidente Lyndon B. Johnson firmó la Ley de los Derechos Civiles. El FBI y la Guardia Nacional tuvieron que salir a las calles para detener la oposición violenta y hacer valer esta ley. De todos modos, las legislaturas —al menos en los estados sureños— maniobraron y encontraron múltiples maneras de limitar el derecho al voto. Y claro, el 7 de marzo de 1965 la sangre corrió en Alabama cuando la policía reprimió a cerca de 600 activistas políticos que marchaban desde Selma a Montgomery para protestar contra esas limitaciones. La historia recuerda los hechos como the bloody Sunday.

Las cosas no han cambiado mucho. O sea, hace rato que no hay domingos sangrientos y el derecho al voto está ahí; solo que ese derecho tan normal ya en una buena parte del mundo es casi constantemente asaltado y mutilado aquí en Estados Unidos. Pongamos como ejemplo el caso de los exconvictos. Históricamente, el índice de encarcelamiento en Estados Unidos ha estado entre los más altos del mundo. Las estadísticas suelen variar, pero por ejemplo, según el Prison Project Policy Initiative, en el año 2020, uno de cada cinco presos en el mundo era estadounidense. Esta nación tan libre tiene 2,3 millones de presos, 750 por cada 100.000 personas. ¿Qué tiene que ver eso con el derecho al voto? Pues el problema es que solo en dos estados y el Distrito de Columbia los convictos no pierden el derecho a votar, mientras en once estados se pierde ese derecho aun después de haber cumplido sentencia. Como resultado, ¡millones de ciudadanos quedan fuera del proceso democrático por completo! Pero veamos comparativamente como dos estados de la Unión, Virginia y Florida, han enfrentado ese asunto.

En el año 2016, el gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, firmó una orden ejecutiva para restaurar el derecho al voto a más de 200.000 exconvictos. En marzo del año que transcurre, el gobernador Ralph Northam restauró el derecho al voto a otros 69.000 exconvictos virginianos, y la legislatura de ese estado ya trabaja en una propuesta de ley para restaurar automáticamente el voto a convictos una vez cumplidas sus sentencias. Todo lo contrario ha sucedido en Florida, donde el gobernador DeSantis y la legislatura republicana bloquearon la Enmienda 4, la cual restauraría el derecho a votar a 1,4 millones de exconvictos y había sido aprobada en referendo por 5.2 millones de floridanos, el 64.6% de los votantes del estado. El gobernador DeSantis y la legislatura republicana respondieron a la voluntad popular con una ley que obliga a exconvictos a pagar ciertos honorarios legales para recuperar el derecho a votar, algo que muchos han considerado como el regreso a la vieja práctica del poll tax. De todos modos, cuando Michael Bloomberg, exalcalde de New York y multibillonario, preguntó cuánto era el monto que los exconvictos debían, pues él lo pagaría, el gobernador DeSantis y legisladores republicanos alegaron que no se sabía exactamente la cantidad, que era muy difícil determinarla. Encima de eso, el fiscal general de la Florida, Ashley Moody, pidió una investigación criminal contra Michael Bloomberg y que Ron DeSantis apoyó.

Las limitaciones al derecho al voto proliferan en múltiples formas y siguiendo tácticas y estrategias muy diversas. Cuando no es la identificación con foto, es el limite al uso de la boleta ausente, supuestos errores en el registro de votantes, trucos en la actualización de dirección de domicilio, y dos procesos conocidos como voter purge y gerrymandering entre otras iniciativas netamente antidemocráticas. Por ejemplo, hasta el año 2010, el Brennan Center ForJustice había contabilizado unas 180 propuestas de leyes en 41 estados de la Unión para limitar el ejercicio del voto. Según un conteo de ACLU y CNN, en marzo del año 2021 había 360 propuestas de leyes en 47 estados, todas para limitar el derecho al voto. Y desde entonces notamos un esfuerzo redoblando en ese sentido porque, según los republicanos, hubo fraude durante las elecciones del año 2020. Citemos algunos ejemplos.

La legislatura del estado de Iowa aprobó una ley para limitar el calendario y horario de votación. Dicha ley también requiere que todas las boletas, incluyendo las ausentes, sean recibidas antes del cierre de los precintos el día de las elecciones. Por su parte, el senado del estado de Georgia aprobó una ley que requiere una identificación para quienes deseen usar boletas ausentes. La ley elimina el uso de la licencia de conducción como recurso legal para dicho servicio, en funcionamiento desde 2005, y también prohíbe proveer de agua o refrescos a votantes que sedientos esperan por la oportunidad de votar en largas filas o colas. En Arizona, la legislatura aprobó una ley que elimina cerca de 200.000 votantes del registro electoral, solo porque están inscritos como solicitantes permanentes de boletas ausentes. De esos 200.000, 20.000 son votantes americanos nativos y 50.000 son hispanos. Además, la ley reduce el número de días de votación, incrementa los requisitos para la identificación con foto, y exige que las boletas ausentes sean contabilizadas antes del día de las elecciones. También hay propuestas tan ridículas —al menos para mí— como la de Texas que prohíbe votar en la noche. Y en el estado de Florida, el que más me preocupa porque es donde vivo, trabajo y pago impuestos, la legislatura propuso y el gobernador DeSantis firmó la Ley SB90, la cual limita el uso de documentos de identificación para votar y enviar y recoger boletas ausentes enviadas por correo. Pero quizás el asalto más escandaloso al derecho a votar no viene de las legislaturas estatales sino de la Oficina Postal, donde el señor Louis DeJoy, jefe de esa agencia federal, hace un esfuerzo extraordinario —que él llama reformas— por retrasar e impedir el envío de boletas por correo.

Mientras tanto, los jueces y tribunales federales, incluyendo la Corte Suprema, observan y callan bajo el pretexto de que son los estados los que regulan y administran las leyes electorales y las elecciones en sí, cuando lo cierto es que fue la mayoría conservadora en la Corte Suprema, a través de su decisión en el caso Shelby County v. Holder de 2013, la que ha posibilitado toda esa red nueva de limitaciones y condicionamientos al derecho al voto.

Por tanto, para detener lo que muchos consideran el asalto al derecho al voto más serio e intenso desde la era Jim Crow, haría falta un sistema nacional o federal de elecciones que proteja ese derecho contra todo tipo de leyes, mecanismos y trucos propuestos y legislados en las legislaturas estatales. Es precisamente eso lo busca For the People Act, también conocida como H.R.1 e introducida y aprobada en 2019 en la Cámara de Representantes. Sin embargo, ésta fue entonces inmediatamente bloqueada por los republicanos guiados por Mitch McConnell, líder de la mayoría en el senado. El H.R.1 fue introducida y aprobada una vez más en la Cámara de Representantes en marzo de 2021. Igualmente, los demócratas propusieron y aprobaron en la Cámara de Representantes el John R. Lewis Voting Act, nombrado así en honor al gran luchador por los derechos civiles y el derecho al voto en particular. Ambas propuestas de ley ahora esperan por el voto en el senado federal, pero ya los senadores republicanos han amenazado con bloquearlas a través del proceso parlamentario conocido como filibusterismo. Entonces ahora el reto está en eliminar el filibusterismo, y el senador demócrata por West Virginia, Joe Manchin, ha prometido votar en contra de las propuestas y la eliminación del filibusterismo. Recordemos que los senadores demócratas necesitan todos los votos demócratas disponibles, 50, para aprobar cualquier ley en el Senado.

Sería irónico que la historia se repitiera: el senador Strom Thurmond, por Carolina del Sur, utilizó el filibusterismo para impedir la votación por The Civil Rights Act de 1957. El hombre estuvo hablando por 24 horas y 18 minutos, sin parar. Impuso un récord aún vigente. De todos modos, la ley fue aprobada tan solo dos horas después de que el senador Thurmond terminara su filibusterismo, y el senador pasó a la historia como un oponente al sufragio universal y a la democracia en general.

Por si acaso, la contraofensiva republicana no solo incluye el filibusterismo. Por ejemplo, el senador republicano por la Florida Rick Scott ya propuso una ley para prohibir, en todos los estados de la Unión, el registro automático de votantes y el establecimiento de reglas a nivel nacional para la identificación de éstos. Y debemos esperar muchas restricciones más si los republicanos recuperan la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de 2022, lo cual es muy probable si se tiene en cuenta que los demócratas tienen una ventaja mínima en ambas cámaras de la legislatura federal e históricamente el partido del presidente de turno pierde la mayoría en por lo menos una de las cámaras en las elecciones post-presidenciales.

En todo caso, si sumamos todas las restricciones, votar se convierte en un trabajo forzado y por tanto repulsivo, lo cual invitaría a muchos a no registrarse y, por ende, no votar, renunciar a ese derecho tan importante. Quizás sea eso lo que se busca. Y si no, ¿por qué tantas restricciones? ¿Por qué tanto asalto al derecho al voto, columna vertebral de toda democracia?

Quizás no quieren democracia. Quizás olvidan que mientras más leyes y restricciones, menos libertad. Votar es un derecho constitucional y no un favor que los políticos nos hacen, y el sistema electoral estadounidense es seguro, uno de los más confiables en todo el mundo.

Bibliografía

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https://www.cnn.com/interactive/2021/05/politics/black-voting-rights-suppression-timeline/

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https://www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/felon-voting-rights.aspx

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https://thehill.com/homenews/state-watch/517877-florida-attorney-general-scrutinizing-bloomberg-paying-fines-for-felons

“Florida Voted to Give 1.4 Million Felons the Right to Vote. It Hasn’t Gone Smoothly”, por Arian Campo-Flores y Jon Kamp. The Wall Street Journal. 8 de febrero de 2020.
https://www.wsj.com/articles/florida-voted-to-give-1-4-million-felons-the-right-to-vote-it-hasnt-gone-smoothly-11581174000

“Going Full Jim Crow: Attorneys Hammer Florida AG for Criminally Investigating Bloomberg’s Payment of Ex-Felons’ Fines”, por Jerry Lambe. Law & Crime. 23 de septiembre de 2020.
https://lawandcrime.com/high-profile/going-full-jim-crow-attorneys-hammer-florida-ag-for-criminally-investigating-bloombergs-payment-of-ex-felons-fines/

“Inside the Republican Plot for Permanent Minority Rule: How the GOP Keeps Cheating its way into Power – and May Get Away with It again in 2020”, por David Daley. The New Republic. 15 de octubre de 2020.
https://newrepublic.com/article/159755/republican-voter-suppression-2020-election

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https://www.prisonpolicy.org/reports/pie2020.html

Northam restores voting rights for 69,000 with felony convictions”, por Gregory S. Schneider. The Washington Post. 16 de mazo de 2021.
https://www.washingtonpost.com/local/virginia-politics/virginia-voting-felons-northam/2021/03/16/b171271e-868d-11eb-82bc-e58213caa38e_story.html

“The Rise of Legislative Antidemocracy”, por Zachary Roth. The Brennan Center for Justice. 12 de marzo de 2021.
https://www.brennancenter.org/our-work/analysis-opinion/rise-legislative-anti-democracy

“Ron DeSantis Says Amendment 4 Should be Delayed until He Signs Bill from Lawmakers”, por Michael Van Sickler. Tampa Bay Times. 13 de diciembre de 2018.
https://www.tampabay.com/florida-politics/buzz/2018/12/13/ron-desantis-says-amendment-4-should-be-delayed-until-he-signs-bill-from-lawmakers/

“Virginia Governor Restores Voting Rights to Felons”, por Sheryl Gay Stolberg y Eirk Eckholm. The New York Times. 22 de abril de 2016.
https://www.nytimes.com/2016/04/23/us/governor-terry-mcauliffe-virginia-voting-rights-convicted-felons.html

“What percent of the U.S. is incarcerated?” (And other ways to measure mass incarceration)”, por Peter Wagner and Wanda Bertram. Prison Policy Initiative. 16 de enero de 2020.
https://www.prisonpolicy.org/blog/2020/01/16/percent-incarcerated/

© cubaencuentro

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