Por fin el tan anunciado regreso de Alberto Fujimori a Perú parece que va a ser posible. Y será en grande, como se merece "El chino", o sea, ya no en calidad de candidato presidencial, sino de presidiario. Sería como un cuento de hadas, de no ser porque este es el comienzo de un nuevo vía crucis de enredos judiciales donde falta mucho para un justiciero final feliz. Me pregunto si llegará el día en que esa versión andina de Dr. Jekill y Mr. Hyde que son Fujimori y Montesinos, puedan mirarse sin rencor tras las rejas, y en la actitud de apasionado abandono de quienes ya no tienen nada que perder, se digan el uno al otro: "Al fin solos".

Pero comencemos por el principio, porque nuestro antihéroe (recuérdese lo poco heroico que fue huir del Perú en un avión cargado de maletas de dinero), ahora está detenido en Chile. Y ya se aprestan sus abogados —el peruano César Nakasaki y el chileno Juan Carlos Osorio— a impugnar la posible extradición a Perú. También el muy estricto gobierno japonés ha pedido que le envíen de regreso al delincuente; parece que le han agarrado cariño y pretenden seguir dándole cobijo en la más confortable impunidad. La verdad es que "El chino" se hace querer.

Lo primero que salta a la vista es esta inexplicable vocación kamikazee de Fujimori al pretender ir de aquí para allá como si tal cosa, avalado por los muchos peruanos que, a pesar de todo y para vergüenza del país, aún lo adoran. El caso es que la detención del ex mandatario ha caído como una braza sobre la leña, conmocionando a dos países que en las últimas semanas estaban enfrascados en una controversia sobre sus límites marítimos, que tensó una vez más sus relaciones diplomáticas.

"Fujimori ha puesto una bomba de tiempo en las relaciones entre Perú y Chile, al trasladarse al país del sur en pleno 'impasse' suscitado por el tema marítimo. Su actitud se aproxima mucho a la traición a la patria, al involucrarse en una situación que atenta contra el Estado peruano y perjudica sus vínculos con Chile", sostuvo Alejandro Deustua, analista en temas internacionales. Según declaración de Fujimori, cuando se dispuso a hacer escala en hotel Marriot de Santiago, sabía que estaba corriendo un "riesgo calculado".

¿En qué estaría pensando realmente? Con toda certeza su "riesgo calculado" tenía sus antecedentes esperanzadores. Según reportes periodísticos de Tokio, Fujimori dijo a un periodista japonés que había escogido ese país porque creía que el gobierno chileno no haría nada contra él, en una suerte de represalia contra Perú por el tema de los límites marítimos.

Pero tampoco puede olvidarse que Fujimori abrió las puertas a las inversiones chilenas en Perú, que hoy ascienden a unos 4.000 millones de dólares. Mantuvo como presidente muy buenas relaciones con tres gobiernos chilenos, el de Patricio Alwyn, Eduardo Frei y Ricardo Lagos: habrá pensado que entre hombres de negocios y trapicheos estaba a buen recaudo.

Otro aspecto que habría considerado al elegir Santiago, sería la turbia tradición chilena de no aceptar pedidos peruanos de extradición, como sucedió con los empresarios acusados de corrupción durante el gobierno de Fujimori, Eduardo Calmell del Solar y Daniel Borobio, que siguen actualmente prófugos, además de gozar de las gestiones del mismo abogado que hoy representa a nuestro antihéroe.

El retorno del rey caído

Fujimori deberá enfrentar en Lima 21 procesos penales por violaciones a los derechos humanos y enriquecimiento ilícito, entre otros cargos, y además pesa sobre él una inhabilitación por el Congreso para que no pueda ejercer cargos públicos hasta 2010. También en Colombia se le acusa de tráfico de armas, a la par que a su media naranja, Vladimiro Montesinos.

La pregunta es: ¿acaso todo esto no es suficiente para poner al kamikazee frustrado en un avión inmediatamente y que los peruanos den curso al proceso judicial? Porque está claro que el problema de fondo atañe a la justicia peruana y a nadie más. Cualquier tecnicismo legal que obstaculice la fluidez del proceso no sólo es un atentado contra la legalidad internacional, sino un agravio a Perú.

Existe un antecedente legal digno de tenerse en cuenta para pasar por encima de esos peligrosos 60 días en que los tribunales chilenos decidirán la extradición. Se trata de la pasada detención de un delincuente que guarda más de una analogía con nuestro antihéroe. Paul Schaefer, ex cabo del ejército nazi, líder de la Colonia Dignidad y prófugo de la justicia chilena, fue detenido el 10 de marzo en Argentina, pues sobre él pendía una orden judicial de arresto por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet.

Conocida su detención, el subsecretario del Interior chileno, Jorge Correa Sutil, viajó inmediatamente a Buenos Aires, se reunió con el ministro del Interior argentino, Aníbal Fernández, y logró convencerlo de utilizar la rápida vía de la expulsión antes que el complicado y largo trámite de la extradición. Así, el 12 de marzo, Schaefer abordó un avión de la Fuerza Aérea chilena con destino a Santiago, y el día 14 compareció ante el juez Joaquín Billar.

Ahora sólo queda esperar y evaluar las maniobras de la justicia chilena, pero está claro que la vía de la ágil expulsión es la única verdaderamente idónea: a las excrecencias se les expulsa, no se les extradita. Sesenta días de burocracia judicial, además de ser un peligro a causa de las maniobras de los leguleyos defensores, se parece mucho a una falta de respeto. Como dicen los fujimoristas en Perú: qué regrese "El chino". Pero que regrese cuanto antes, calladito y atado de manos, como quiere esa otra gran mayoría de peruanos que fueron vejados y oprimidos, y que al reclamar justicia se están salvando a sí mismos.

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