Nicaragua está ahora en primera línea en la lucha por la democracia. La revolución sandinista terminó cuando los nicaragüenses eligieron en 1990 a Violeta Chamorro como presidenta. Fue este un momento luminoso, pero la luz no tardó mucho en apagarse, lo cual no debe asombrar, dada la desconcertante historia del país, pletórica de sultanes como los Somoza y de intervenciones armadas norteamericanas. A pesar de ello, aún hay esperanzas.

Lo que más preocupa ahora al presidente Enrique Bolaños es poder permanecer en su puesto hasta el fin de su mandato, en enero de 2007. Durante algún tiempo, todo parecía indicar que este sufriría el mismo destino que más de una docena de presidentes latinoamericanos en las últimas dos décadas, quienes vieron tronchados sus mandatos antes de tiempo como consecuencia de revueltas sociales o alegatos de malversación. Bolaños, sin embargo, estuvo a punto de dejarlo inconcluso por razones bien distintas.

En noviembre de 2004, los congresistas sandinistas y liberales modificaron la Constitución para restringir los poderes presidenciales. Y en 2002, Daniel Ortega y Arnoldo Alemán fraguaron un pacto que se impuso en todas las instituciones importantes. Únicamente la presidencia quedó fuera de su alcance.

Bolaños no se quedó quieto y contraatacó del mismo modo, desafiando la infracción cometida por liberales y sandinistas, a quienes acusó ante el Tribunal Centroamericano de Justicia, que sentenció a su favor. El Tribunal Supremo Nicaragüense —una rueda dentada más de la conspiración Ortega-Alemán— había declarado, poco antes, los cambios como "constitucionales" y clamó jurisdicción única en el asunto.

Acto seguido se dieron protestas en toda la nación, supuestamente como consecuencia del encarecimiento de los costes del transporte público y los precios de los bienes básicos, pero en realidad dirigidas a hacer dimitir al presidente.

El papel de la OEA

En vez de complacerlos, Bolaños apeló a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Carta Democrática Interamericana. Una comisión de ese organismo visitó Nicaragua en mayo de 2005. Poco después, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, visitó el país y nombró al diplomático argentino Dante Caputo como su representante personal en Managua. A finales de septiembre, Insulza mandó a Bolaños una tajante carta en la que lo apremiaba a negociar y lograr un compromiso sin demora.

A mediados de octubre, Bolaños y Ortega habían logrado aplacar la crisis que se avecinaba. Acordaron que el presidente terminaría su mandato, las reformas constitucionales quedarían congeladas hasta que abandonara el puesto, la asamblea legislativa aprobaría las medidas necesarias para que el Fondo Monetario Internacional enviara las cantidades aprobadas de antemano —aún pendientes—, y que los sandinistas se abstendrían de bloquear el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (CAFTA, por sus siglas en inglés).

Después de poner el grito en el cielo por considerar equivocados los acuerdos, los liberales se subieron al carro de los otros.

Sin duda, el gran perdedor ha resultado ser Alemán, quien permanecerá sin derecho a amnistía y bajo arresto domiciliario. Recordemos que su descarada malversación de 100 millones de pesos de los fondos públicos durante su presidencia, es lo que más ha marcado los problemas personales que lo asedian. Una vez comenzado su mandato, Bolaños —que fue vicepresidente de Alemán— dejó pasmados a los liberales al lanzar una campaña contra la corrupción que afectó en primer lugar a su anterior jefe.

En cuanto al pacto, los sandinistas ganaron rápidamente la delantera y la han mantenido, hasta el punto que Ortega no tuvo en cuenta a los liberales en sus deliberaciones con Bolaños. Pero esto no dice mucho; hay que tener cuidado con el traicionero camino de la política nicaragüense. Ortega y Alemán aún pueden unirse otra vez.

Estados Unidos también jugó un papel importante en la distensión de la crisis que sobrevenía. A principios de octubre, el subsecretario de Estado Robert Zoellick visitó Nicaragua y no tuvo pelos en la lengua al calificar de vandálicas las actividades contra Bolaños. Caputo calificó la visita de Zoellick de "severo mensaje público (…) con acciones detrás del telón que facilitaron enormemente" su mediación.

El poder del voto

La crisis está muy lejos de haber terminado. En noviembre de este año, Nicaragua celebrará sus próximas elecciones presidenciales. La OEA, el gobierno de Bush y el pueblo nicaragüense demandarán conjuntamente unos comicios libres y justos. Todos los candidatos —incluidos los disidentes Herty Lewites (sandinista) y Eduardo Montealegre (liberal)— deben tener derecho a participar. Encuestas recientes indican que Ortega ocupa el tercer puesto, mientras Lewites y Montealegre batallan por el primero.

Quienquiera que gane las elecciones en una lucha justa, debe ser aceptado por el resto. Al mismo tiempo, todos los que están comprometidos por lograr la democracia en Nicaragua deben luchar porque se realicen unas elecciones verdaderamente libres.

La OEA tiene su Carta Democrática Interamericana, invocada por Bolaños y hábilmente aplicada por Insulza. La severa actuación de Zoellick en el país para mejorar la situación, deberá ser la postura que tome Washington, así como también lo que el embajador norteamericano en la OEA, John Maisto, ha denominado "un apoyo multilateral relevante".

Por último, los nicaragüenses no deben olvidar bajo ningún concepto la responsabilidad que poseen ante su país. Los políticos tienen que entender que los turbulentos tiempos pasados han quedado atrás. Los ciudadanos deben ganar otra vez el poder de su voto, expresado tan elocuentemente en la elección de Violeta Chamorro. Si las trampas electorales se imponen, los protagonistas internacionales deben estar preparados para imponer las sanciones adecuadas.

Incluso un día parcialmente nublado será una muy buena noticia para la democracia en Nicaragua.

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