En estos días, cuando la Asamblea General de la ONU estudia el proyecto de resolución que establece el Consejo de Derechos Humanos —que sustituiría a la actual Comisión de Derechos Humanos (CDH)—, la Cancillería cubana ha emitido un sorprendente comunicado.

En una declaración titulada Nuevo golpe al multilateralismo, difundida el pasado 28 de febrero, el MINREX sostiene que "Cuba ha venido participando activamente en los debates sobre la reforma de la CDH con un espíritu constructivo y total transparencia". El gobierno cubano, autoproclamándose defensor del Tercer Mundo una vez más, denuncia que Estados Unidos pretende imponer un Consejo de Derechos Humanos que tenga amplios poderes punitivos y capacidad sancionadora contra los países del Sur, "en contraposición con la cooperación internacional en materia de derechos humanos, función que la Carta de las Naciones Unidas asigna a las instituciones que se ocupan de esta materia".

Más adelante, la nota del MINREX afirma que La Habana "actuará en la defensa de la justicia, del Derecho Internacional y de la tan necesaria cooperación internacional a favor de la promoción y protección de todos los derechos humanos para todos los pueblos y todas las personas".

Estas declaraciones son sorprendentes, sobre todo si tomamos en cuenta que La Habana no ha suscrito algunos de los principales instrumentos internacionales en la materia, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptados en 1966. Y que el gobierno cubano se ha negado, reiteradas veces, a cumplir las resoluciones de la CDH y no ha permitido la entrada al país de los relatores y representantes especiales designados por este organismo para constatar en el terreno la situación de los derechos humanos en la Isla.

Pero, además, las declaraciones del MINREX llaman la atención, porque están en franca contradicción con la posición de rechazo al Consejo de Derechos Humanos, adoptada por el gobierno cubano en las negociaciones encaminadas a establecerlo.

Reforzar el mecanismo

Ya el 5 de septiembre de 2005, poco más de una semana antes del comienzo de la Cumbre Mundial 2005, Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional habían dado la voz de alarma en un comunicado conjunto: "Se pretende que la propuesta de crear un nuevo Consejo de Derechos Humanos con mayor autoridad y que pueda reunirse a lo largo del año, examinar los derechos humanos en todos los países y abordar todas las situaciones de derechos humanos, sea un logro clave de la Cumbre Mundial. Ha obtenido el aval de una abrumadora mayoría de Estados de todas las regiones del mundo. Amnistía Internacional y Human Rights Watch manifiestan su grave preocupación, no obstante, por el hecho de que unos 15 países encabezados por Cuba, y entre los que figuran Venezuela, Myanmar, Turkmenistán, Pakistán, Belarús, Vietnam y Siria, estén bloqueando cualquier avance en esta importante reforma".

Conviene aquí hacer un paréntesis y remontarse a los orígenes del Consejo de Derechos Humanos y al debate que antecedió a la Cumbre Mundial 2005, celebrada del 14 al 16 de septiembre pasados, en coincidencia con el aniversario 60 de la fundación de la ONU y la apertura del período de sesiones de la Asamblea General.

En el informe de Kofi Annan a los Estados miembros de la ONU sobre la aplicación de la Declaración del Milenio, titulado "Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos", divulgado en marzo de 2005, Annan incluyó dos propuestas de importancia fundamental para reforzar el mecanismo de derechos humanos de la ONU.

Primero, propuso a los jefes de Estado y de Gobierno que, ante la disminución de la credibilidad y el profesionalismo de la Comisión de Derechos Humanos, los Estados miembros deberían acordar reemplazar la Comisión por un Consejo de Derechos Humanos de carácter permanente, jerarquía superior y composición más reducida.

De acuerdo con la propuesta, los miembros del Consejo serían elegidos directamente por la Asamblea General por el voto de una mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes. Los miembros del Consejo deberían comprometerse a acatar las normas de derechos humanos más rigurosas.

Asimismo, Annan llamó la atención hacia el insuficiente financiamiento de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, y subrayó que aunque esta tenía un papel cada vez más amplio que desempeñar en las respuestas a las crisis de derechos humanos, seguía estando mal equipada. Según Annan, el compromiso de defender los derechos humanos proclamados por los Estados miembros debería verse reflejado "en la dotación de recursos que permitan fortalecer la capacidad de la Oficina para ejercer su mandato".

La Habana: 'no al aumento de presupuesto'

En junio de 2005, el entonces presidente de la Asamblea General, el canciller de Gabón, Jean Ping, presentó un proyecto de documento elaborado a partir de las propuestas de Annan, que fue alcanzado tras un intenso proceso de consultas y negociaciones con las delegaciones de los Estados miembros. Posteriormente se entregaron copias del documento a cada delegación para que fuera sometido a consulta con sus respectivas capitales.

El 13 de septiembre de 2005, la Asamblea General adoptó un proyecto de resolución titulado "Proyecto de documento final de la Reunión Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General de septiembre de 2005", que sirvió de base para la Cumbre Mundial 2005. En la referida sesión, la última del período de sesiones número 59 de la Asamblea General, el viceministro de Relaciones Exteriores cubano, Abelardo Moreno, se manifestó contrario al aumento del presupuesto de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos:

"Adicionalmente, desearíamos reservar nuestra posición sobre determinados aspectos incluidos en el documento que, a juicio de mi delegación, no responden ni a los intereses de la mayoría de los Estados miembros de esta Organización, ni tampoco a los de mi país. Entre ellos se encuentra el párrafo 124, en particular la formulación que solicita duplicar los recursos asignados a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, formulación que contradice la escasez de recursos de la que tanto se ha hablado en este proceso y que privilegia a un determinado sector en detrimento de otros, para los cuales se dice que no hay ni presupuesto ni dinero".

Para disgusto de la delegación cubana, tres días después los Estados miembros de la ONU adoptaron el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, que refrendaba la decisión de duplicar los recursos del presupuesto de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para los próximos cinco años, y de establecer el Consejo de Derechos Humanos.

La doble vara de Caracas

En un episodio digno de mención, momentos antes de la adopción del Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, y refiriéndose al Consejo, el canciller venezolano Alí Rodríguez Araque, declaró: "Por cierto, adelanto desde ya, una proposición para las discusiones del mismo, en el sentido de que no pueden formar parte del Consejo de Derechos Humanos aquellos países que no hayan ratificado las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, pues es un verdadero contrasentido que Estados que no hayan suscrito tales convenciones puedan tener injerencia alguna en materia de derechos humanos".

Aunque al parecer la alusión iba dirigida al gobierno de Estados Unidos, por su oposición al Estatuto de Roma que establece la Corte Penal Internacional, parece que en Caracas nadie advirtió que Cuba quedaría descalificada para integrar el Consejo, por no haber suscrito los instrumentos básicos del derecho internacional de los derechos humanos.

El 23 de febrero pasado, el actual presidente de la Asamblea General, el sueco Jan Eliasson, dio a conocer el proyecto de resolución que establece el Consejo de Derechos Humanos. Según el proyecto de Eliasson, el nuevo Consejo tendría 47 miembros divididos en cuotas regionales y elegidos por una mayoría simple de la Asamblea General, para un período de tres años.

Para elegir a los miembros del Consejo se debería tomar en cuenta su aporte a la protección y promoción de los derechos humanos, así como sus compromisos internacionales en la materia. Por votación de una mayoría de dos tercios de los miembros del Consejo, se podrá suspender a un miembro que cometa violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos.

Para Human Rights Watch, el proyecto que establece el Consejo es un importante avance en relación con la Comisión de Derechos Humanos y contiene elementos muy positivos, como el hecho de que se vincule la participación en el Consejo con la trayectoria de los países en materia de derechos humanos y que los miembros del Consejo deban cooperar con este organismo y sus mecanismos.

Aunque HRW reconoce que se omitieron algunos elementos clave de la propuesta de Annan, como el requisito de que los miembros del Consejo sean elegidos por una mayoría de dos tercios de la Asamblea General, duda que la apertura de nuevas negociaciones sobre el texto del proyecto del Consejo rinda un mejor resultado, particularmente si se tiene en cuenta que muchos Estados que infringen sistemáticamente los derechos humanos están interesados en debilitarlo.

Lo mejor y lo bueno

La Unión Europea se ha sumado a los que apoyan el proyecto de resolución, entre los que figuran Louise Arbour, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y el propio Annan, quien ha dicho que "lo mejor no debe ser enemigo de lo bueno".

Washington, por su parte, se opone al proyecto actual y ha declarado que votará en contra si este llegara a someterse a votación, pues aduce que se trata de una reforma "cosmética". Estados Unidos prefiere un Consejo más pequeño —y por tanto, más eficaz en teoría—, con entre 20 y 30 miembros elegidos por una mayoría de dos tercios de la Asamblea General. La adopción del proyecto de resolución que establece el Consejo reviste la mayor urgencia, pues este lunes debía iniciarse en Ginebra el período anual de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos.

Queda por ver si La Habana, luego de poner todo su empeño en socavar el nuevo Consejo de Derechos Humanos, apostará por lanzar su candidatura al Consejo. O si convencido de que no saldría elegido, apoyará la candidatura de un aliado (¿Venezuela?).

Es de sospechar que, en el fondo y muy a pesar de su retórica, La Habana ve con buenos ojos la renegociación del proyecto de resolución, con la esperanza de que otros gobiernos presenten modificaciones que debiliten aún más el nuevo Consejo.

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