El asalto del domicilio por hordas afines al gobierno, así como la quema de sus pertenencias y la agresión física de la esposa, hijos y familiares del ex vicepresidente de la República, Víctor Hugo Cárdenas, intelectual aimara que goza de prestigio y respeto en todos los ámbitos del país, ha causado estupor en Bolivia, suscitando manifestaciones de repudio en los medios más diversos.

Hechos similares, en aplicación de la llamada "justicia comunitaria", ocurren cada vez más en el altiplano boliviano. De hecho, ese país enfrenta un régimen que se rige por sus propias normas: en ciertas partes del país ha dejado de estar vigente el Estado de Derecho y, en su lugar, se aplican medidas coercitivas en contra de quienes no se someten a los designios del MAS (Movimiento al Socialismo).

El sábado pasado, una turba de pobladores, seguidores de Evo Morales, asaltó y saqueó la vivienda del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y atentó contra la vida de su esposa y sus dos hijos, en la comunidad de Sankajahuira, cantón de Huatajata, del municipio Achacachi, a 90 kilómetros de la capital, La Paz. Las cámaras de una cadena de televisión captaron los incidentes. Mientras los atemorizados ocupantes abandonaban la casa, algunos pobladores los persiguieron lanzándoles pedradas y latigazos. Debido a las lesiones sufridas, tres personas permanecen aún hospitalizadas, entre las cuales está Lidia Katari, esposa de Cárdenas, y su sobrino, que fue llevado hasta la plaza central de la comunidad y allí fue flagelado.

Mientras ocurrían los hechos, Cárdenas, quien se encontraba en La Paz, alertado por su esposa de lo sucedido, trató infructuosamente de prevenir a las autoridades para que tomaran cartas en el asunto. Según declaró en una entrevista publicada más tarde en el diario La Razón, cuando oían su nombre le colgaban el teléfono.

Pero lo más grave es que mientras ocurrían estos hechos, un contingente policial se encontraba a 200 metros de la casa, y permaneció impasible, sin hacer el menor gesto para impedir la agresión. Lo que significa que los habitantes de la casa habrían podido ser linchados, sin que las autoridades responsables de la preservación de la seguridad de los bolivianos interviniesen, lo cual es totalmente factible, dado que en esa misma zona meses atrás fueron torturados y decapitados varios perros a manos de los "ponchos rojos", a manera de advertencia a los prefectos que abogaban por el respeto del estatuto autonómico.

Los "ponchos rojos" es una agrupación de indígenas armados que obedece a las directivas de Álvaro García Linera, vicepresidente de la República, quien, pese a pertenecer a la categoría de los "blancos", es el vocero de la postura étnica más radical del gobierno. Es un hecho que las hordas violentas tienen una ligazón directa con el oficialismo y son alentadas por el MAS, el partido del presidente, y al igual que en Venezuela, tienen carta blanca para atacar a los opositores.

En Bolivia, apoyándose abusivamente en la tradición —hecho que significa una regresión institucional flagrante—, esas prácticas son consideradas constitucionales, tras el resultado del referéndum que eligió por mayoría la constitución propuesta por Evo Morales. Por supuesto, quienes hacen uso de ellas, que tanto recuerdan la época del nazismo hitleriano, no van a entrar en consideraciones tales como que "para la aplicación del capítulo cuarto", referido a la "jurisdicción indígena originaria campesina", y sus artículos 190, 191 y 192, es necesario una "Ley de Deslinde Jurisdiccional" establecida en el inciso 2. La justicia "ancestral" se rige por la costumbre y las decisiones de la comunidad, hoy apoyada por la nueva CPE.

Violencia por ley

¿Pero quién es Víctor Hugo Cárdenas, para que el odio del gobierno se cierna sobre él y se le aplique la "justicia comunitaria" contenida en la Constitución adoptada recientemente mediante referéndum? Es un intelectual de la etnia aimara que fue vicepresidente del primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997). Durante su mandato, se decretó la Ley de Participación Popular, por la cual el país pasó de 35 alcaldías a 325, incorporando todas las regiones a establecer una relación orgánica con el Estado, e instituyó el bilingüismo en la educación pública.

Gracias a esa ley, el partido de Morales se hizo de varias alcaldías y de allí dio el salto para convertirse en una fuerza política. Si medimos grados de pertenencia a la cultura indígena, Morales ante Cárdenas es un mestizo, como hay varios millones en Bolivia que ni siquiera dominan ninguna de las lenguas originarias. En cambio, Cárdenas no sólo se expresa oralmente y escribe en aimara, es un intelectual de gran valía, y no sólo en aymara, además posee un dominio del castellano que muchos intelectuales le podrían envidiar. Tuve la oportunidad de escucharlo a raíz del discurso que pronunciara en Madrid cuando le otorgaron el Premio Bartolomé de Las Casas, (1994), que se otorga "para distinguir a aquellas personas, instituciones u organizaciones que hayan destacado a lo largo del tiempo en la defensa del entendimiento y concordia con los pueblos indígenas de América, en la protección de sus derechos y el respeto de sus valores".

Víctor Hugo Cárdenas se hizo acreedor de esa distinción por ser también ex director ejecutivo del Fondo Indígena para América Latina y primer vicepresidente indígena de Bolivia.

El odio del gobierno a Víctor Hugo Cárdenas es por el hecho de que Cárdenas hizo campaña por el NO a la nueva constitución, por considerarla regresiva y antidemocrática, y que su nombre se baraja como la candidatura con mayor fuerza para enfrentarse a Morales en las próximas elecciones presidenciales que tendrán lugar en diciembre próximo, lo que significaría un obstáculo serio a la ambición de la presidencia vitalicia: un totalitarismo constitucional puesto en boga por el socialismo del siglo XXI, que es una adaptación del castrismo a la época.

Para que no queden dudas, sin entrar en sutilezas, Evo Morales declaró en Viena que "piensa quedarse mucho tiempo en la presidencia". Esa es la razón del ataque a Cárdenas: amedrentarlo para obligarlo al exilio, pues no se ha atentado contra su persona, sino como él mismo dice: "cobardemente a su familia". Recuerda que cuando luchó contra las dictaduras de Bánzer y de García Mesa, "ni esos tiranos se han atrevido a atacar a las esposas y a los hijos. A los dirigentes políticos sí nos detuvieron, nos torturaron. Yo mismo he sufrido esos atentados, pero nunca se habían atrevido con las esposas, con los hijos y con la familia, el Gobierno de Evo Morales es peor que las dictaduras militares".

Argumentos oscuros

El pretexto para invadir la casa propiedad del ex vicepresidente es que la comunidad pretende hacer allí un asilo de ancianos. Cárdenas responde a esta cuestión en la entrevista de
La Razón: "En el mundo aimara, los ancianos y ancianas nunca son encerrados en un asilo, deben vivir con sus familias hasta el último día de vida. Por eso, veo una mano negra, intereses oscuros que desconocen la cultura aimara y que están promoviendo esta actitud criminal. Si ellos quisieran destinar mi propiedad a otro fin, en la Constitución está la figura de la expropiación, que es perfectamente legal. El Congreso tiene que aprobar una ley, se hace una valoración de la propiedad y el Estado le paga a los dueños".

El presidente Evo Morales, por su parte, opinó que los ataques de los que ha sido objeto la casa y los familiares de Cárdenas son un asunto que el ex vicepresidente "tenía que resolver con su comunidad de acuerdo a usos y costumbres". "Yo no sé, es un asunto entre ellos", dijo Morales, sacudiéndose la responsabilidad de proteger a ciudadanos indefensos. Además, culpó al ex vicepresidente de haber provocado este odio por haber actuado contra el gobierno, criticando y hablando en contra de las autoridades.

Por su parte, el vicepresidente García Linera, adalid del racismo indigenista, declaró que Víctor Hugo Cárdenas debe preguntarse "qué daño habrá hecho a sus vecinos, a los pobladores, a las personas de su comunidad y de la provincia, para que lo repudien y se sientan distanciados de él y lo critiquen. Ese es un tema que el señor Cárdenas tiene que responder ante la historia". Luego insistió en que "la historia lo ha sancionado, lo ha castigado y las repercusiones de esos actos dañinos en contra de Bolivia repercuten hasta hoy".

El presidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, Edwin Rojas, en un contacto telefónico con el diario La Razón, considera que los autores de los hechos "serían acusados por allanamiento a domicilio, por lesiones a los ocupantes del domicilio, amenazas de muerte, daño calificado —que es cuando destruyen las cosas del domicilio— y asociación delictuosa. Si esta gente tiene antecedentes de haber cometido estos actos irregulares, podríamos calificarlo como una organización criminal".

Muñeco ajusticiado

Según La Razón, el grupo comunitario "ponchos rojos" de la región del altiplano norte declaró "estado de sitio amuki" (silencio) en la región de Sank'ajawira, municipio de Huatajata, y otras poblaciones de la provincia Omasuyos —donde el sábado tuvo lugar la agresión contra la vivienda y los familiares de Cárdenas—, para asegurar que la casa del político ya fue expropiada por no cumplir la función social establecida en el artículo 54 de la nueva Constitución Política del Estado para convertirla en una "casa de ancianos".

Ante las tajantes y contundentes declaraciones de las máximas autoridades del Estado, el presidente y el vicepresidente, avalando los hechos, y la entrada en acción en el conflicto de los grupos de choque "ponchos rojos", es poco lo que puede hacer la ley. Ya en una ocasión Morales declaró que él tomaba las decisiones y luego llamaba a los abogados para que "compusieran la ley". La vulnerabilidad de la sociedad es un hecho consumado, como también la división radical entre las dos Bolivia. Como vemos en las agresiones al intelectual Cárdenas, el oficialismo no puede continuar afirmando que se trata de una ruptura entre "blancos racistas" e indígenas que buscan resarcirse de los "quinientos años de opresión".

Lejos de interceder para que se restaure el Estado de derecho, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSTUB) y de la Federación Departamental de Mujeres Indígenas Bartolina Sisa —organizaciones aliadas al MAS— respaldaron la toma de la propiedad y las agresiones. Tras un cabildo abierto que tuvo lugar, los dirigentes de los nueve cantones del sector Lago Cordillera de la provincia Omasuyos, al que pertenece Sankajahuira, donde está situada la residencia de Cárdenas, decidieron ratificar la expulsión del ex vicepresidente del pueblo, así como la toma de su vivienda, porque, dijeron, fue adquirida "de forma ilegal".

Acto seguido, la "justicia comunitaria" actuó de forma simbólica, por ahora, mediante el ajusticiamiento de un muñeco de trapo representando a Víctor Hugo Cárdenas. Sentado en una silla, en el centro de la plaza del pueblo, el político fue juzgado y golpeado duramente con un látigo hasta que cayó al suelo "muerto".

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