Francia no tiene crudo, pero posee una de las más poderosas industrias petroleras del mundo; un elemento clave de su economía. La compañía privada Total es el cuarto grupo petrolero a nivel mundial y está presente en 130 países.

Los grupos petroleros enfrentan un agudo problema ante la opinión pública, puesto que una de las características de los países que poseen las mayores reservas de crudo —excluyendo a Noruega— es la poca vocación democrática. Es una verdad de Perogrullo que las democracias occidentales cierran los ojos ante las violaciones que se cometen en los petro-Estados, los cuales disfrutan así de impunidad.

En Birmania, Total es la compañía de mayor influencia y, pese a la habilidad proverbial de la diplomacia francesa, cuesta negar que la presencia de la trasnacional de hidrocarburos favorece a una de las más férreas dictaduras del escenario político contemporáneo.

La presión internacional ha logrado que se apliquen a la junta militar sanciones como la de negar visas a los miembros del gobierno y congelar sus haberes, y la prohibición de la importación de armamento. Pero de las medidas ha estado excluida la explotación de los hidrocarburos, lo que beneficia a Total y el resto de las compañías petroleras que actúan en Birmania.

Ética dudosa

Desde hace algún tiempo se le reprocha a Total no sólo favorecer con sus inversiones los intereses de la junta, sino también cerrar los ojos ante los métodos empleados por los militares que controlan el campamento de gas de Yadana, situado en el sur del país, donde la población es obligada a realizar trabajos forzados.

Total se ha defendido asegurando que, por el contrario, obra en favor de la población birmana, creando puestos de trabajo.

El gobierno francés ha asumido la defensa de la empresa. El ministro de Asuntos Exteriores, Bernard Kouchner, el célebre fundador de Médicos sin Fronteras, comprometido con los derechos humanos, declaró en junio 2009 al semanario Le Nouvel Observateur, que "no se constató el uso de trabajos forzados por la empresa Total" en Birmania, por lo que tanto Europa como Francia han excluido a la industria petrolera de las sanciones impuestas a la dictadura de la junta.

Kouchner, sin embargo, admitió ante una comisión de la Asamblea Nacional Francesa, que el único modo de presión serio contra la junta birmana provendría de Total, puesto que no existen relaciones comerciales entre la Unión Europea y Birmania, pero que una medida de esa naturaleza era imposible llevarla en la practica, porque el cierre del campamento de Yadana significaría el corte del suministro de gas a la población birmana y a la ciudad de Bangkok.

El gas birmano se exporta hacia Tailandia. Si Total abandonara Birmania, las petroleras chinas podrían ocupar su lugar. Los resultados en ese caso podrían ser peores, ya que China, uno de los países donde la violación de los derechos humanos constituye un método de gobierno, es uno de los principales sostenes políticos con los que cuenta la junta birmana.

Algunos aspectos a tener en cuenta son que el consorcio de Yadana, dirigido por Total y en el que participa también la estadounidense Chevron, está ligado por un contrato comercial a Tailandia. Si Total se niega a cumplir con la junta birmana, ésta puede apoderarse de las instalaciones de la compañía. Y es evidente que las sanciones impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos no han dado resultado alguno.

La opinión de la diplomacia europea es que, mientras los países vecinos no se sumen a las sanciones, no hay mucho que esperar y, por supuesto, no se puede contar con China en ese aspecto.

Denuncias de ONG

Pese a las reiteradas negaciones de Total en cuanto a prácticas incorrectas, un informe de la ONG americano-tailandesa Earth Rights Internacional (ERI), hecho público por el diario parisino Libération el 10 de septiembre, acusa a la empresa petrolera francesa y a la estadounidense Chevron de constituir los principales sostenes financieros de la junta que monopoliza el poder en Birmania desde 1962, de "favorecer un alto nivel de corrupción" en el país, y de ser indirectamente cómplices de "trabajos forzados y de ejecuciones" en el campo petrolero de Yadana.

La ONG afirma que, en lugar de a impulsar la economía de uno de los países más pobres del mundo, las ganancias del petróleo van a parar a las cuentas secretas personales que los miembros del gobierno mantienen en los bancos de Singapur. Igualmente, revela que la zona de los yacimientos está bajo control del ejército birmano.

Tras dos años de investigación, la ONG ERI señala que el yacimiento de Yadana aportó a la junta más de 4.000 millones de dólares desde el año 2000, cuando se comenzó a explotar, hasta 2008. Total obtuvo 483 millones de dólares de ganancias y Chevron 437, luego de haber pagado el 30% de impuestos exigido por el régimen y un 10% de coste de producción.

De acuerdo con el informe de ERI, lejos de llegar al presupuesto nacional, el 75% del dinero ha ido directamente a las cuentas privadas de los jerarcas del régimen.

Total invoca, por su parte, un informe sobre el campamento de Yadana elaborado por el organismo independiente estadounidense Collaborative for Development Action (CDA), que respalda la versión de la empresa en cuanto "al desarrollo material que (…) le ha otorgado a la población" y a su contribución "a garantizar la paz y la tranquilidad en la zona".

ERI corrige esta versión, denunciando que la CDA entrevistó a los habitantes de la zona en presencia de representantes de Total y de miembros de los servicios de inteligencia militares, y afirma que los consultados fueron preparados de antemano y amenazados.

Un caso tipo

El caso birmano es un ejemplo de la impunidad de la que gozan los países productores de hidrocarburos y de las pocas esperanzas que pueden albergar a los millones de habitantes que viven bajo esos regímenes, a pesar de sus riquezas.

En Venezuela, la presencia de la empresa petrolera francesa incluso ha marcado con su impronta el modelo organizativo de la estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA).

El gobierno de Hugo Chávez ha favorecido particularmente la presencia de Total en el país, otorgándole concesiones importantes. Esto explica el trato cuidadoso del que goza el gobierno del teniente-coronel venezolano en el ámbito oficial francés, y la discreción de la prensa gala en lo que se refiere al amordazamiento de la democracia en el país sudamericano, a las violaciones de los derechos humanos, al laxismo de Caracas ante la ola de delincuencia y a la adopción de leyes destinadas a configurar una dictadura constitucional.

Total acaba de anunciar que invierte 25.000 millones de dólares en la explotación de un bloque en el campo petrolero del Orinoco, en Venezuela. Según PDVSA, que colabora en el proyecto, este plan incluye la construcción de una refinería de petróleo.

Las organizaciones de defensa de los derechos humanos en Francia observan cierta discreción cuando se trata de países cuya denuncia puede ser lesiva para los intereses económicos franceses, y aún más si se trata de gobiernos que se otorgan la etiqueta de "izquierdistas".

Es urgente que los organismos competentes tomen en cuenta esta anomalía, que deja sin defensa a millones de personas sometidas a regimenes arbitrarios, ante la indiferencia de aquellos que se benefician de las materias primas, explotadas en condiciones más que reprochables.

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