La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia nicaragüense desbrozó el camino para la tan ansiada reelección del presidente Daniel Ortega, seguidor a pie juntillas de su homólogo venezolano, Hugo Chávez, y sobre todo de la tendencia a perpetuarse en el poder de un grupo de mandatarios en América Latina.

Si impulsada por los miembros sandinistas la Corte Suprema de Justicia rechazó la prohibición de la reelección presidencial continua —Ortega enfatizó el carácter irrevocable de la decisión—, todavía quedan varios escollos legales que la oposición pretende capitalizar.

Gabriel Álvarez y Omar García, expertos en derecho constitucional, recuerdan que un inciso de la Carta Magna establece, para altos funcionarios que deseen postularse, el requisito de renunciar a su cargo un año antes de los comicios, lo cual tiene como objetivo crear "igualdad de condiciones".

Se aduce que ello evitaría que los funcionarios abusen de su poder institucional en la campaña y de los recursos del Estado.

De acuerdo con Álvarez, la pretensión de igualdad desaparecería con la candidatura a la reelección de Ortega, por lo que éste debe renunciar un año antes de la convocatoria a las urnas, en 2011, o incumplir el inciso constitucional y que ninguno renuncie.

El experto afirma, no obstante, que la Corte Suprema mostró, en su "único afán de permitir la reelección" del mandatario, nada más que la punta de un iceberg plagado de contradicciones legales, "contrasentidos y absurdos".

Como resulta habitual en estos casos, Ortega llamó a la oposición a que se tranquilice, y se preguntó "¿cuál es el miedo?", pues en las elecciones —añadió— "el pueblo va a decidir".

Sin embargo, como ha afirmado —y fotografiado— el diario La Prensa, que se edita en la capital nicaragüense, "empleados públicos son obligados por Daniel Ortega a plantarse en las rotondas de Managua por las tardes para respaldar la reelección del presidente. En eso gastan los recursos del Estado, indica el rotativo.

Una frase de rompe y raja

El diputado opositor Adolfo Martínez Cole, de la Bancada Democrática Nicaragüense, señaló que Ortega estaría obligado a renunciar un año antes, "si es que al final del túnel se acepta como válida la inaplicabilidad" del precepto legal.

El "si" condicional de Martínez no es ausencia de certeza en la arbitrariedad del accionar del orteguismo, sino acaso experiencia en la habilidad que han mostrado los patrocinadores del socialismo del siglo XXI para imponer al cabo, de una manera u otra, sus objetivos.

Y precisamente estas vías —muchas veces violentas— recuerdan los sectores democráticos en el país centroamericano cuando aluden a la reciente declaración del comandante Tomás Borge: No importa lo que el FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) tenga que hacer y el precio que deba pagar, pero no volverá a entregar el poder nunca más.

Es otra de las lindezas de quien, por cierto, se ufanó en un artículo de escapar de su cama de enfermo para dirigir despiadados ataques contra el reconocido poeta y ex ministro de cultura nicaragüense Ernesto Cardenal, devenido enemigo a toda voz, dentro y fuera de su país, de Ortega y su seguidores.

Llama poderosamente la atención, por otra parte, que Borge, autor de ideas como la citada, se atreva a escribir sobre la "implacable campaña de desprestigio (…) contra el presidente de Nicaragua".

Muchas dudas

En el caso de Ortega, habría que tener en cuenta que son muchas las dudas en cuanto a su limpieza moral (su hija adoptiva denunció abusos sexuales en su contra), y sus actuaciones políticas, entre ellas el pacto con el ex presidente Arnoldo Alemán y su Partido Liberal Constitucionalista. Alemán fue condenado por corrupción a 20 años de cárcel.

Un suceso que pasó a la tradición política —y sin duda humorística— del país fue el escandaloso fraude que perpetró el ejecutivo en las elecciones municipales del año pasado.

Nada extraño hay entonces en que el arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal Nicaragüense, monseñor Leopoldo José Brenes, exija la anulación del fallo de la Corte Suprema que permitiría la reelección de Ortega.

Los socialistas del siglo XXI han demostrado habilidad para "enderezar" sus constituciones, aunque en el proceso se escuchen martillazos y a la postre se vean abolladuras, y finalmente reelegirse.

En un reciente editorial, La Prensa reivindica la movilización social como única forma de impedir la legitimación de tales poderes.

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