Siguiendo el ejemplo de Venezuela, ya se ha comenzado a hablar en Bolivia de la necesidad de que Evo Morales se presente en elecciones cuantas veces desee. Para esto habrá que realizar al menos un cambio en la recién estrenada Constitución, la cual señala en su artículo 168 que el período del presidente "del Estado es de cinco años", y puede ser reelecto "por una sola vez de manera continua".

Pero si Hugo Chávez lo logró, por qué no Morales, deben preguntarse en el Movimiento al Socialismo (MAS), la principal apoyatura del mandatario boliviano. Claro que esto implica, al igual que Chávez, echar por tierra promesas anteriores, como la que hizo Morales para poder aprobar la nueva Constitución. El ex sindicalista se comprometió entonces a no optar por una nueva reelección en los comicios de 2015.

Al compás de estos primeros amagos, el mandatario afirmó, sin sonrojarse, que la limitación de mandatos "fomenta la corrupción''. Incluso intentó cimentar su criterio: "Si un alcalde no puede volver a presentarse, va a ser más fácil que robe durante su mandato. Si puede ratificarse, puede seguir trabajando honestamente'', aseguró.

Contrariamente a lo que expresa Morales, el tejido de una malla de corrupción, la colocación de hombres incondicionales en puestos claves y la creación de una clientela, como se le llama en ciencia social, es mucho más frecuente cuando el mandato se reitera. Un mayor tiempo en determinado cargo hace más fácil el conocimiento al detalle de los resortes débiles y ayuda a cuajar las complicidades imprescindibles.

Cae Morales en otra contradicción flagrante si recordamos que la Constitución, que se supone refunde Bolivia, dice que no se pueden reelegir ni el contralor, ni la Defensoría del Pueblo, ni el fiscal general, ni los miembros del Directorio del Banco Central, entre otros. El ex líder cocalero reduce, al coto que le conviene, la elección indefinida.

En el próximo diciembre, sin embargo, Morales deberá presentarse a los comicios para el mandato 2010-2015. En lo que resta para esta disputa enfrentará problemas que más que disminuir crecen, sin contar la crisis económica internacional que ya afecta en proporciones más duras que lo esperado.

Es un hecho que la oposición se enfrentará a la reelección indefinida con todas sus fuerzas, y como predomina en el Senado, probablemente los partidarios de Morales se verán obligados a esperar hasta las elecciones de fin de año para llevar a cabo una campaña en toda la línea, con el fin de ver si cambia en su favor la correlación de fuerzas en la Cámara Alta. Desde luego que una premisa fundamental es que el ex sindicalista triunfe en diciembre venidero.

Corrupción

Si efectivamente bastante agua pasará hasta entonces bajo los puentes del acontecer boliviano, el jefe del Palacio Quemado debe aprovechar para borrarse las salpicaduras que lo alcanzan, como sucede con el actual escándalo de corrupción protagonizado por el ex presidente del todopoderoso YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), Santos Ramírez, de origen quechua.

Muy cercano a Morales, Ramírez compartió luchas políticas desde que ambos eran diputados por el MAS. Aunque las evidencias obligaron al mandatario a poner a su amigo en prisión preventiva, no pocos opinan que Ramírez es un "chivo expiatorio" para limpiar la imagen del gobierno.

El analista Fernando Untoja, por ejemplo, asegura que Ramírez es "un anzuelo del MAS para distraer y desviar la atención enfocada sobre otras personas en el poder ejecutivo". Una idea de la extensión de las irregularidades la graficó el senador del MAS, Gastón Cornejo, quien sostuvo que este partido "está herido de muerte", a causa del escándalo en YPFB.

Otro escándalo, el de los 33 camiones con mercancía que traspasaron sin revisión la frontera del departamento de Pando, involucró al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a quien el oficialismo no permitió un careo con un importante implicado en el contrabando. Seguidamente, el caso fue cerrado. Hasta los aliados del MAS pidieron la destitución de Quintana.

Implementación de la Carta Magna y reconciliación

Un ancho espectro del quehacer político boliviano lo ocupa la compleja implementación del cuerpo legal, al que se añadirá la elaboración de más de cien leyes complementarias. La implementación será una oscura ilusión si previamente no se sientan, con verdaderos deseos de llegar a acuerdos, el ejecutivo y los departamentos llamados separatistas por el oficialismo, o sea, Tarija, Beni y Santa Cruz.

Mientras Pando, con estatuto autonómico, es controlado políticamente ahora por el gobierno, Chuquisaca ha devenido francamente opositor, pero sin dicho estatuto. Hay que recordar que gran parte de las leyes por elaborar pertenecen al terreno de las autonomías.

En un artículo reciente, el diario local El Deber señalaba que "no está claro en qué términos quiere don Evo Morales que los bolivianos fumemos la pipa de la paz y dejemos de pelearnos como perros y gatos". Tal claridad se perfila imprescindible tanto para la unidad del país como para la descentralización que buscaría la flamante Ley de Leyes, a la cual se le atribuye, sin embargo, una tendencia indigenista y estatista. Esto asemeja, sin duda, un nudo gordiano.

Sucede además que mientras el Palacio Quemado convoca a los líderes de todos los departamentos a negociar, lleva a cabo represiones contra opositores, con énfasis en Pando, que sufrió ocupación militar luego de la muerte violenta, el 11 de septiembre pasado, de cerca de 20 civiles. El prefecto del departamento, Leopoldo Fernández, fue encarcelado, no sin protesta opositora.

Por otro lado, su homólogo de Santa Cruz, Rubén Costas, dejó claramente sentada su postura, que coincide en lo esencial con la del resto de sus colegas. Luego de condenar "los abusos" del gobierno, agregó que hasta que "no haya condiciones, no vamos asistir a ningún tipo de encuentro".

Costas exige observadores internacionales en el diálogo, y la participación de todos los "actores de la sociedad civil, política y municipios".

Por lo pronto, el próximo 3 de marzo no asistirán Tarija, Beni, Santa Cruz ni Chuquisaca a la reunión que convocó el Palacio Quemado, y anunciaron que se reunirán antes, el 27 de febrero, para "defender la democracia".

El Diario, decano de la prensa boliviana, aseguró en su edición digital que en "tres años, la búsqueda de consensos no consiguió sus propósitos y los resultados revelan más fracasos que éxitos".

El académico Carlos Cordero sostiene que el dilema boliviano estriba en que "los actores" (oficialismo y oposición) no han podido "articular un proyecto país plural, y continúan enfrentados".

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