Al contrario de lo que sucede en Bolivia, en Ecuador, el presidente Rafael Correa tiene bien agarradas las riendas del poder. La nueva Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente obtendrá casi con seguridad el sí en el referendo del próximo 28 de septiembre. La Asamblea dio el paso a la Carta Magna con un holgado margen (94 vs. 32) a favor del oficialismo.

Aunque tener las riendas bien sujetas en política casi siempre significa violación de algunas reglas democráticas, parece que Correa no es la excepción. Se dice que la renuncia del otrora presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, se debió a presiones provenientes de Carondelet, luego que el legislador advirtiera que quedaban demasiados artículos por discutir con límite muy cercano.

Mientras la prensa de diferentes credos políticos no ocultó que la Asamblea trabajaba contrarreloj, intentar una posposición del límite impuesto por Correa significaba para el ejecutivo nuevos retrasos en sus planes. Así que a Acosta no le quedó otro camino que la renuncia.

Su sustituto, Fernando Cordero, dijo a la prensa, poco antes de ser puesto por el voto oficialista al frente de la Asamblea, que "no hubo paquetazo", pero dejó perplejos a los lectores cuando añadió: No "es extraño que un día en menos de tres horas hayamos aprobado 33 artículos".

"Paquetazo" se llama en Ecuador a la aprobación de cuerpos completos de la Constitución analizados no al detalle, sino votados en paquete, lo cual indica falta de prolijidad y seriedad en la actuación de la Asamblea.

Este tipo de actuación tuvo su consecuencia cuando la oposición abandonó la sesión en la que se aprobaron textos constitucionales en medio de reclamos de que no "se hizo artículo por artículo sino en paquete", y acusaron a la mayoría oficialista por la "limitación de los debates".

Después de las declaraciones de Cordero, nadie se extrañó cuando dijo que la Constitución tiene elementos "perfectibles", y reiteró que el proyecto puede tener "defectos que, incluso, pueden estorbar en el futuro".

Duras palabras

Uno de los más acerbos críticos del proceso fue el ex vicepresidente y político de izquierda León Roldós, quien en carta al presidente de la Asamblea afirmó que cerca de la mitad del texto constitucional fue modificado por la presión del abogado Alexis Mera, "urgido por Rafael Correa para esa misión".

Pocas horas antes de renunciar a la Constituyente, exhortó: "que no queden en el papel las declaraciones y los principios de progresividad en los que trabajamos más de siete meses", y subrayó: "no callaré en cuanto a las mentiras que aparecen en la parte orgánica y de institucionalidad del Estado, y los riesgos de fascismo que conlleva".

Entre otras cosas, criticó Roldós que al Estado se le atribuyan funciones de transparencia y control como expresión de ciudadanía, "cuando la mayoría absoluta de sus integrantes tienen su exclusiva matriz de designación en el Presidente de la República, al igual que en la Corte Constitucional, en que sólo desde el poder político se pueden proponer candidatos".

Roldós hizo alusión al incremento en el doble del presupuesto estatal ecuatoriano en el último año gracias a los precios del petróleo, y advirtió que "la mentira y el fascismo" (con este dinero) "puede generar réditos electorales". Más claro ni el agua: el presupuesto estatal podría ser utilizado por Correa para lograr sus objetivos políticos.

Por otra parte, las palabras con que el mandatario festejó la aprobación de la Constitución no fueron bien acogidas por el oposicionista Pablo Lucio Paredes, quien evaluó el discurso como divisorio en vez de tratar "de unir al país". De acuerdo con Paredes, el presidente vino como siempre a hablar del pasado, y añadió que Correa "no quiere hablar de cómo está el país en el presente".

Para Correa, evitar el presente es evitar, por ejemplo, alusiones a su popularidad en declive, afectada en especial por la decisión reciente de incautar tres canales de televisión y varias emisoras de radio —la mayoría de oposición— bajo el manto de un proceso judicial financiero.

Aristas de la Constitución

Fue el propio Lucio Paredes quien en mayo pasado levantó la voz contra el cambio —a través de 35 artículos— de las definiciones macroeconómicas del país, donde, según Paredes, no se reconoce el sistema de "economía social de mercado", que es "el reflejo de las libertades de las personas para poder producir, invertir, consumir", y precisaba entonces "que esa libertad se está eliminando".

En este sentido, observadores ven con preocupación que en manos del ejecutivo quedan la formulación de la política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, que antes manejaba el Banco Central de Ecuador.

Asimismo, la Carta Magna confiere a Carondelet la facultad de promulgar decretos, leyes de emergencia y de disolver el Parlamento si "obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo".

A pesar de "su tinte socialista", en realidad la Constitución responde más al poder político estatal que a cualquier otro sector o ideología.

A pesar del importante cúmulo de cuestionamientos, no pasaron inadvertidas las declaraciones de la asambleísta Annabella Azin, del oposicionista Partido Renovador Institucional Acción Nacional, quien señaló que "el objetivo de esta Constitución es perennizar en el poder al presidente Correa, para que pueda controlar todos los actos de nuestra vida. Votar 'no' se convierte entonces en una obligación cívica si queremos salvar a nuestro país", enfatizó.

No hay duda de que Rafael Correa se ha hecho una Carta Magna a la medida de su gusto y, claro, de su poder.

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