Quienes escucharon los alardes de honestidad de Augusto Pinochet durante su mandato, no imaginaron los millones de dólares que desde muy temprano había comenzado a acumular. El 13 de septiembre de 1975, el caudillo discurseaba:

"Este es un gobierno honorable. Por eso es que el pueblo nos apoya. Y cuando yo tenga que irme, llegaré hasta la notaría y retiraré mi sobre con mis haberes, nada más. Incluso, a lo mejor me voy con menos de lo que tenía cuando asumí este cargo".

Develado en julio de 2004, con el caso del Banco Riggs toda esta parafernalia cayó con estrépito. Una investigación encargada por el Congreso de Estados Unidos desacreditó a Pinochet y el propio banco expuso su culpa, incluso financieramente. Al Estado norteamericano le pagó 16 millones de dólares y tuvo que apoyar con 8 millones a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Cálculos muy conservadores indican que el ex golpista mantenía cuentas en el Riggs por más de 20 millones.

Si el banco al menos costeó su error, la impunidad de Pinochet continuó hasta su muerte. A esto habría que sumar el usufructo, en forma de negligencias de la justicia, que sus parientes heredaron.

Frustración chilena

De una manera u otra, jueces íntegros como Juan Guzmán, Sergio Muñoz y Carlos Cerda, decididos a lograr una condena contra Pinochet y sus familiares, fueron apartados del caso, que con el tiempo daría un vuelco sorprendente.

La otrora primera familia chilena cargaba implicaciones en delitos como evasión de impuestos y falsificación de pasaportes, así como más de una mención en los trasiegos de las cuentas en el Riggs.

Los chilenos que esperaban justicia quedaron frustrados. Con excepción del hijo menor de Pinochet, Marco Antonio, poco a poco han sido sobreseídos la esposa del general, dos hijas y una nuera. A todos los colaboradores se les anuló el proceso, entre ellos a Óscar Aitken, ex albacea de Pinochet.

El diario La Nación señala que a este caballero se le acusaba de eludir impuestos por cerca de medio millón de dólares, fruto de honorarios adicionales que pactó con Pinochet y de los ingresos que percibió por cuentas del Banco de Chile en Nueva York y en Coutts y Cía.

Fuera de cualquier eventualidad judicial, al hijo mayor y homónimo todavía se le recuerda su protagonismo en el escándalo de los "pinocheques", mediante los cuales recibió —según varias publicaciones chilenas— entre un millón 200 mil y tres millones de dólares de la comandancia del Ejército por sus servicios en la compra de la empresa de armamento Valmoval.

Si no todas, la mayoría de las anulaciones se cocieron entre el juez Juan González y la Quinta Sala de Apelaciones de Santiago. En una de sus últimas decisiones, Lucía, la hija mayor, emergió libre de cargos por pasaporte adulterado y evasión tributaria por cerca de 900.000 dólares.

Alegres desenlaces

No hay exageración al admitir que algo de carnavalesco resuman las informaciones sobre el tema. El abogado defensor, Hugo Ortiz, argumentó que, sobre el pasaporte, "no tiene la señora Lucía responsabilidad, pues fue error de un funcionario al escribir su nombre en el documento", subrayó.

Entre decenas de preguntas que caben en el proceso, colocaremos dos: ¿Cómo pudo aceptarse la liviandad de un error mecanográfico dentro de un proceso judicial? ¿Se equivocó también el funcionario con el resto de los pasaportes, arma para escapar u ocultar viajes?

Con respecto a la evasión de impuestos, Ortiz afirmó que "fue tanto el interés por procesarla, que en la causa que se dictó se olvidó colocar su nombre, por lo tanto nunca estuvo procesada por el delito que se le imputa".

Más de un observador infiere que si el resto de los familiares han sido favorecidos en madejas tan alegremente trazadas, otro tanto sucederá con Marco Antonio, aunque ciertamente dos nuevos elementos se incorporaron a su causa hace muy pocos días.

El menor de los hijos varones, que aparece en los informes del Senado norteamericano como receptor de fondos de las cuentas del ex general y compartiendo con su padre la titularidad de algunas otras, acaba de ser acusado por un sujeto cuyo nombre no trascendió.

La nota de La Nación indica que el individuo declaró sobre "algunas operaciones financieras entre el general y su hijo y el entramado de sociedades montadas para ocultar y administrar la fortuna".

Muy poco después, y según la agencia de prensa suiza ATS, autoridades helvéticas envieron a Chile documentación bancaria vinculada con la fortuna del clan Pinochet en la nación europea. Al parecer, se develará una vieja suspicacia. A unos 17 millones de francos suizos ascenderían los caudales del dictador y sus allegados.

Creer que estos datos obligarán a un replanteo del caso, quizá cuaje en una vana ilusión. Muchas pruebas siempre parecen agruparse y nada ha sucedido, salvo la anulación de procesos. Incluso, varios analistas recibieron la exculpación de la mayoría de los familiares como el primer paso para que se les entreguen los dineros hasta del Riggs.

Bien observada, la estrategia del viejo zorro puede catalogarse de brillante. Mientras vivió fue testigo de cómo sus subordinados —y no él— dieron con sus huesos en la cárcel por las multitudinarias violaciones de derechos humanos.

Anciano próximo a los 90 años, sabedor de su muerte cercana y también de la demora de una condena en su contra, dejó atados los cabos para que se le atribuyera a él cualquier sospecha de dolo financiero. El propio Pinochet corroboró públicamente lo anterior cuando la justicia llamó a su esposa. En fin, su familia ya casi toda salió del atolladero. Así lo quiso el Don, y así ha sido.

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