Los argentinos han reabierto por estos días una vieja herida. Isabel Martínez de Perón (su nombre verdadero es María Estela Martínez), viuda del pontífice del justicialismo y presidenta entre 1974 y 1976, fue recientemente detenida en Madrid, y hoy se halla en libertad provisional. Aunque historiadores la pintaban inhábil para empujar el carro del Estado, y de floja personalidad, tuvo arrestos para trepar desde bailarina de cabaret en Panamá hasta la Casa Rosada.

Siempre en precario cuando se le compara con Eva Perón —dueña de su excelencia y su rumbo—, Martínez de Perón espera, ya con 75 años, por la conclusión de un proceso de extradición que se perfila extenso.

¿Cuál es la culpa de esta anciana a quien las sombras de hace tres décadas vienen a atormentar?

La primera historia

Cumplida una nueva victoria electoral, Juan Domingo Perón vuelve al poder en 1974. Como vicepresidente lleva a su tercera esposa. Al morir el caudillo, en julio de ese año, ésta toma las riendas del país.

Pero no son tiempos fáciles. Argentina se sacude. Derecha e izquierda no dan tregua, y entre los mismos peronistas se sacan los ojos por ocupar el vacío dejado por el argentino más trascendente y polémico del siglo. Los militares, con larga presencia política en América Latina, acechan su hora. Los derechos humanos se violarían en forma cada vez más masiva.

Y he aquí el origen de la detención de la ex mandataria, consecuencia de la declaración el pasado año, por el juez federal Norberto Oyarbide, de la no prescripción de los crímenes perpetrados por la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina). El magistrado los catalogó de crímenes de lesa humanidad. Posteriormente, enviaría un pedido de detención internacional contra la Perón, pocos días después del dirigido por el juez Raúl Acosta.

El gestor de la funesta Triple A fue un carcamán muy próximo a Isabel Perón, y antes también a su marido. José López Rega desplegó una pesada capa de influencia a partir de su jefatura en el Ministerio de Bienestar Social durante el período de la otrora bailarina.

Pasará a la historia como "El Brujo", mote generado por su afición al esoterismo, que compartía con Isabel.

La Triple A llevó a cabo asesinatos selectivos, fundamentalmente contra marxistas y el ala izquierda del peronismo. Las víctimas se estiman en 1.500 personas.

Una coincidencia bastante dilatada señala que los métodos de la entidad paramilitar serían adoptados por los regímenes castrenses, a quienes se atribuyen 30.000 desaparecidos.

De acuerdo con Oyarbide, existe documentación y elementos de prueba que podrían inculpar a Isabel Perón. Estos indican que la ex mandataria "sabía del accionar del grupo paramilitar y su dependencia de El Brujo", dijo a la prensa.

Además del hallazgo de armas en el ministerio de López Rega y el conocimiento de la importación de otros cargamentos donde pudo involucrarse el ejecutivo, los querellantes aluden a nuevos testimonios y al hecho de que la Perón designara embajador a El Brujo y, como sus colaboradores, a otros dos jerarcas de la Triple A. La designación se efectuó cuando a fines de 1975 ya se les acusaba de integrar la corporación represiva.

Dichos colaboradores —Miguel Ángel Rovira y Rodolfo Almirón— se encuentran hoy en manos de la policía.

Las estrechas ligaduras entre López Rega y la ex bailarina se inician públicamente en el momento en que ella lo introduce en el entorno de Perón. Para el escritor Miguel Bonasso, ambos eran agentes de la CIA con el encargo de espiar la intimidad del líder del justicialismo.

Recuérdese que la biografía montonera de Bonasso suele restarle credibilidad entre determinados sectores argentinos, y esto para no entrar a analizar la confesión del creador de El presidente que no fue y Recuerdo de la muerte: "los historiadores me odian".

Por otra parte, las violaciones masivas de derechos humanos en Argentina se iniciaron antes del golpe de Estado contra Isabel en 1976, y quizás por indicación de Juan Domingo Perón, comenta a Encuentro en la Red Gabriel Salvia, presidente de CADAL (Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina).

Barbaridad jurídica o salud para la memoria

Para uno de los abogados defensores, Atilio Neira, la causa no amerita una vinculación forzosa con la ex presidenta, por cuanto "ella no tuvo responsabilidad alguna" en los delitos cometidos, pues "no conocía los hechos", dice tajante.

Niega asimismo la firma por Isabel en 1975 de decretos que ordenaban "aniquilar el accionar de la subversión". Si acoge, por otro lado, un vínculo de El Brujo con la CIA, aleja de la agencia a la otrora mandataria, pero subraya: "Hay muchos elementos que no se han tocado" en la causa, y recomienda "que se abran los archivos de inteligencia militar, que se pidan los archivos de la CIA y los vínculos del aparato de inteligencia norteamericano con el golpe de Estado en Argentina".

Desde otra esquina piensa el candidato presidencial Roberto Lavagna. Este asegura que con la detención y la publicidad sucedánea se encubren problemas de la actualidad nacional, como por ejemplo el alza de precios del mes de enero.

Víctima y testigo, el secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Eduardo Luis Duhalde, reveló que no le constaba que la ex presidenta supiera del accionar de la Triple A y ni siquiera de que López Rega fuera su jefe, pero que era de público conocimiento tanto una cosa como la otra, y asestó que no podía ignorar lo que pasaba.

Mientras el presidente Néstor Kirchner responde que "no puede haber impunidad para nadie" y descarta intencionalidad política en la confección del caso, el ex fiscal general y principal acusador en el sonado proceso contra las juntas militares, Julio César Strassera, considera "una barbaridad jurídica", "un mamarracho" y "un disparate" el andamiaje para llevar a juicio penal a 'Isabelita'.

Strassera es el mismo que pidió cadena perpetua para todos los integrantes de las tres juntas llevadas a tribunales. En el suceso que nos ocupa, lo acompaña un considerable número de letrados.

De acuerdo con ideas que transcribe y que envió a Encuentro en la Red, Gabriel Salvia anda por otro sendero: "A pesar de algunas controversias y sospechas de politización, es muy saludable para la memoria y la justicia en la Argentina que citen a declarar a la ex presidente Isabel Martínez de Perón".

Si Salvia coincide en que los crímenes "cometidos entre 1976 y 1983 representan la etapa más negra de la Argentina", también "hay que buscar responsables en aquellos políticos y dirigentes guerrilleros que previamente incentivaron el clima de violencia en el país. Por eso, está muy bien que se procese a 'Isabelita' y a sus ex ministros como Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf, por ejemplo".

Otro mundo, otra historia

Dos elementos a favor de la defensa incorporó una entrevista del diario La Nación con quienes asesoran a doña Isabel. Uno de ellos es, sencillamente, que la mandataria no firmó los decretos que ordenaban "aniquilar el accionar de la subversión". Lo hizo el entonces presidente provisional del Senado e interino del país, Ítalo Argentino Luder.

Isabel no los rubricó porque a la sazón se encontraba en la localidad cordobesa de Ascochinga, recuperándose de un problema de salud, añade La Nación.

Tampoco falta quien enarbola —y esto no lo recuerda el periódico— que quizá los malhadados decretos (2270/75 y 2272/75) tuvieron la intención de restar poder a El Brujo, aunque por sus consecuencias aceleraron la guerra sucia emprendida por los militares contra cualquier atisbo de inconformidad.

Los documentos aluden a un Consejo de Seguridad Interior constituido por el presidente y los jefes de las fuerzas armadas, y extienden a todo el territorio la autorización para actuar contra las organizaciones "subversivas".

El otro elemento matiza sin duda el azaroso proceso. Cuando la Perón regresó de su licencia médica, dispuso limitar y reglamentar los decretos mediante una serie de proyectos de ley que envió al Congreso y que, según algunos, obligaron a los militares a apurar el pucherazo. No podían tales condicionamientos convertirse en ley, pues por sí mismos hubieran impedido cualquier dictadura, alegan entendidos.

Voces y ausencias

Vale anotar, en fin, que un testimoniante en el caso pudiera ser sin duda Ítalo Luder, pero éste padece mal de Alzheimer y no irá a interrogatorio.

Otro personaje de aquellos tiempos, El Brujo, claudicó en 1989 ante lo que Jorge Luis Borges llamó nuestra vieja "costumbre de morir". Escapó así —otra antigua costumbre— de una larga sentencia, aunque para entonces ya estaba preso.

A pesar de que aparece dispuesta a declarar, Isabel Martínez de Perón carga una avanzada edad y un físico endeble. Los pedidos de extradición sirvieron para sacarla de un virtual enclaustramiento en su chalet de las afueras de Madrid y, como se ha dicho, tal vez para afectar más su salud. "Puede entonces apresurarse el fallecimiento de la señora", criticó uno de sus abogados.

En medio de la recia polémica, quizá tengan razón los que argumentan que la ex jefa de Estado debió ser citada como testigo, para que dijera todo lo que sabe, y no como imputada —un claro exceso—, al igual que el despropósito del pedido de detención, añade al cotarro Gregorio Badeni, muy prestigioso abogado y académico.

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