El brillante rescate de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, junto a otros secuestrados, el pasado 2 de julio, llenó de gloria al mandatario colombiano Álvaro Uribe y a las fuerzas armadas de su país. Pero mientras se tejía la leyenda y con razón se culpaba de múltiples violaciones de derechos humanos a los terroristas de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), se soslayaban las reiteradas denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército colombiano.

El paso a retiro de 27 militares, entre ellos tres generales, cuatro coroneles y siete tenientes coroneles, estremeció recientemente a esta sociedad suramericana. También por violaciones de derechos humanos, sólo cuatro días antes, tres coroneles habían sido jubilados por Mario Montoya, jefe del Ejército, quien posteriormente renunció a su cargo.

Un cuadro horripilante

A los crímenes de toda naturaleza que perpetran en Colombia los paramilitares de ultraderecha y las FARC de ultraizquierda, se suma lo que eufemísticamente se conoce por "falso positivo", o sea, el cadáver de una persona asesinada por el Ejército, pero que no es miembro de las FARC.

Según la revista Semana, se han dado distintos casos de "falsos positivos" o ejecuciones extrajudiciales. Con el fin de incrementar el número de bajas, se mata a personas por las que nadie va a preguntar, es decir, locos, drogadictos, marginales y "muchachos con antecedentes judiciales". A otros se les asesina porque se sospecha que tienen vínculos con la guerrilla, pero no se pueden comprobar. Y no falta la ejecución en contubernio con la mafia de la droga.

Una idea de la magnitud del caso se revela en las 2.742 ejecuciones extrajudiciales que investiga la fiscalía colombiana, que ya ha condenado a 43 personas. Y sólo por sucesos del año pasado.

Después que en 2004 Michael Frühling, entonces director en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, le informó a Uribe de esta expansión criminal, los opositores al Palacio Nariño en el Congreso también abordaron el tema, así como otras entidades interesadas en los derechos humanos.

Aunque la información existía, resulta difícil afirmar que Uribe demoró a conciencia la purga en el Ejército. Testigos señalan que en cuanto tuvo las pruebas del modus operandi, a través de la Comisión que él mismo ordenó sobre el caso de los muertos de Soacha, un poblado próximo a Bogotá, el presidente se indignó: "Yo presiono, pero no presiono a nadie para que haga actos criminales".

Dos días antes, había asegurado: "el interés de este gobierno no es dar de baja (matar) a guerrilleros", y añadió que prefiere que se acojan al rescate y salgan vivos de la selva.

¿Por qué tales asesinatos?

José Miguel Vivanco, director para América de Human Rights Watch, fue descalificado recientemente por Uribe cuando denunciaba estos hechos. Hace poco, Chávez hizo otro tanto, además de echar a Vivanco violentamente del país, por condenar lo que sucede en Venezuela.

Según Vivanco, los asesinatos se llevan a cabo para mostrar resultados en la lucha contra las FARC y lograr que el Comandante de la tropa ascienda y obtenga premios y recompensas por dar "baja" a presuntos enemigos.

Los premios a los que ejecutan la "acción" pueden ser días libres y otros estímulos, así "como las recompensas que si bien se les dan a civiles, también incitan la corrupción de militares", indicó Semana.

Todo esto se vincula estrechamente con el llamado conteo de las bajas o body count, que, por cierto, se llevó a cabo en Vietnam. Es una fórmula que todavía no se ha podido erradicar y que determina si ha habido o no acción. Hay que tener en cuenta que el ejército colombiano es una fuerza que creció en cerca de 60.000 efectivos en menos de un cuatrienio y son notorias las deficiencias en determinados sectores de su oficialidad.

Vale advertir que la ofensiva de Bogotá ha mermado las filas de las FARC y las ha obligado a retirarse hacia zonas más intrincadas de la geografía colombiana, pero ello, a la vez, hace que agrupaciones de tropas estén ociosas demasiado tiempo y sin nada que mostrar a sus jefes.

En espera de respuestas

Si enemigos políticos señalan a Uribe como otro de los responsables por la inercia frente a estos delitos, lo cierto es que el mandatario, cuando presentó la jubilación de los oficiales, dejó claro que "en algunas instancias del ejército hay 'personas' que puedan estar incursas en crímenes, resultado de la confabulación entre delincuentes e integrantes del ejército".

El fiscal general Mario Iguarán declaró, por su parte, que el Estado acompaña y apoya a la Fiscalía, y agregó que si ésta comprueba que se está ante un delito de lesa humanidad y no hay condenas, "sólo entonces sería procedente que la Corte Penal Internacional se preguntara e investigara" el tema.

El ex ministro de Defensa, Rafael Pardo, ha puesto los puntos sobre las íes, y poco tiene que ver aquí su aspiración a la presidencia: debemos saber al detalle qué fue lo que pasó, cuáles son las conductas, desde cuándo están ocurriendo las muertes extrajudiciales, quién controló y cuál es la dimensión del problema.

En un país en guerra como Colombia, no todo saldrá a la luz. Recuérdese que en este asunto está involucrada la credibilidad de las fuerzas que han asestado golpes demoledores a las terroristas FARC.

Quizá se opte por escoger entre la verdad brutal —la verdad no tiene remedio, dijo un poeta— o el resguardo de una ética militar ya puesta en duda. Quizás lo primero sería lo más idóneo, para luego recomponer, a partir de oficiales intocados por la corrupción y el asesinato, la ética castrense en el sin duda aguerrido Ejército de Colombia.

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