El gobierno peruano cedió el lunes ante el reclamo de nativos amazónicos y dijo que derogará dos cuestionadas leyes relacionadas con inversiones en la Amazonía peruana, que desencadenaron las peores manifestaciones contra el presidente Alan García en sus tres años de mandato y dejaron 34 muertos, informó Reuters.

El primer ministro, Yehude Simon, se reunió con algunos líderes de los indígenas en una zona en el centro de Perú y afirmó otra vez que estaría dispuesto a renunciar luego de solucionar el violento conflicto que dejó varios policías y nativos muertos hace más de una semana.

Según los indígenas, los civiles muertos serían decenas.

Simon dijo que este martes presentaría al Congreso un proyecto de ley pidiendo que se deroguen los decretos que los indígenas afirman afectan sus territorios.

En el primer acercamiento con los nativos luego de los violentos sucesos del 5 del junio, Simon prometió además que el gobierno levantará el estado de emergencia en Amazonas, donde murieron tras los enfrentamientos 24 policías y 10 civiles.

Simon pidió disculpas a los nativos agredidos en la protesta y afirmó que los dirigentes de los indígenas prometieron al gobierno reabrir temporalmente una carretera en San Ramón que estaba bloqueada desde el viernes, corte que afecta el suministro a la zona selvática central del país.

Los nativos amazónicos insisten en la eliminación de varias leyes bajo el argumento de que los "despoja" de sus tierras ricas en recursos naturales como petróleo y gas.

"No los vamos a defraudar, los compromisos que hemos adquirido ahora (...) se cumplirán sino no tendría ninguna razón el haber venido hasta acá", dijo Simon tras la reunión en la que se firmó un acuerdo de 12 puntos con los nativos.

El ministro del Ambiente, Antonio Brack, quien participó en el diálogo con los nativos, dijo que el gobierno ha cedido todo lo que podía para restablecer la paz con los indígenas.

"Creo que ha llegado el momento de construir el futuro y no llorar sobre el pasado", dijo Brack a periodistas.

Mesa de diálogo

La semana pasada, el Congreso —en medio de la presión— suspendió dos importantes leyes relacionados al conflicto y el gobierno anunció la formación de una mesa de diálogo con representantes de los nativos para modificar las normas.

La leyes formaban parte de la implementación de un pacto de libre comercio que Perú ya suscribió con Estados Unidos.

Más tarde, en una conferencia de prensa, Brack indicó que se trabajará con el Congreso para reemplazar las leyes antes de que "nos caiga" con una sanción de Estados Unidos porque no se estaría cumpliendo el pacto comercial bilateral.

La ministra de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, dijo la semana pasada que Washington apoyaría a Perú a encontrar un consenso con los nativos para solucionar las protestas.

La mesa de diálogo, integrada también por representantes de la Defensoría del Pueblo, Iglesia y antropólogos, revisará otros decretos cuestionados por los nativos amazónicos.

La vicepresidenta de la organización indígena conocida por sus siglas como AIDESEP, Daysi Zapata, reclamó que no ha sido invitada a estas conversaciones y dijo que la intención del gobierno de derogar las cuestionadas leyes es tardía.

"Antes de escuchar promesas debemos ver realidades, gestos que la AIDESEP solicitó al gobierno peruano (...) los pueblos ya están cansados de promesas", afirmó en un comunicado.

El líder de AIDESEP, Alberto Pizango, está acusado de rebelión y sedición y permanece refugiado en la embajada de Nicaragua en Lima, bajo la condición de asilado.

Simon afirmó que el Gobierno no ha excluido a la AIDESEP y que participarán en el análisis de las leyes cuestionadas.

Mientras tanto, el conflicto permanece aún tenso.

Cientos de campesinos que apoyan la causa de los nativos amazónicos continuaban el lunes apostados en la cabecera de la pista del pequeño aeropuerto en Andahaylas, ubicado en los andes de Perú, paralizado desde el viernes por la protesta.

En Yurimaguas, en el norte de Perú, los nativos abrieron la carretera por algunas horas el lunes pero después continuaron el bloqueo de una principal vía que los aisla de otras ciudades, pero sin incidentes de violencia con la policía.

Tensiones con Bolivia

Entre tanto, el gobierno de Perú llamó en consulta a su embajador en Bolivia luego de declaraciones del mandatario Evo Morales en torno al manejo oficial de las protestas de indígenas.

Morales afirmó hace unos días que las violentas protestas en Perú contra una ley de inversiones en la Amazonía peruana eran una "gran lección" para entender las demandas ambientales de los pueblos originarios de este país sudamericano.

Los comentarios se dieron luego de que el presidente peruano, Alan García, sugirió que Morales, el primer mandatario indígena de la vecina Bolivia, estaría detrás de las violentas manifestaciones que dejaron al menos 34 muertos.

Desde La Paz, el canciller boliviano, David Choquehuanca, restó importancia a la convocatoria del embajador, calificándola como un procedimiento "normal" y con fines estrictamente informativos.

"Es normal que un gobierno a través de su cancillería pueda convocar a consultas a sus embajadores. Nosotros lo hacemos permanentemente, convocamos a nuestros embajadores en caso de requerir alguna información directa", dijo Choquehuanca a reporteros en La Paz.

Choquehuanca afirmó que Bolivia no veía la necesidad de convocar a consultas a su embajador en Lima y que aprovechará una escala que hará el martes en la capital peruana para conversar con el representante diplomático boliviano ante el gobierno de Alan García.

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