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Actualizado: 30/07/2014 17:36
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Política Migratoria

Gobierno cubano: la política migratoria “se ha basado en el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a viajar”

El régimen justifica que se mantengan las “medidas” para “defenderse” del “robo de cerebros”, obligando una vez más a los solicitantes del nuevo pasaporte a contar con una “autorización” que dependerá de la burocracia de la Isla

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El Gobierno cubano, que anuncia hoy la modificación de su política migratoria, indica en Editorial publicado en Granma y titulado “Por la voluntad común de la Nación Cubana”, que su política migratoria aplicada a lo largo de estos 50 años “se ha basado en el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a viajar, a emigrar o residir en el extranjero y en la voluntad de favorecer las relaciones entre la Nación y su emigración”.

La información, divulgada en el diario oficialista, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista (único), añade que “Las disposiciones para regular los flujos migratorios del país (anterior a las que ahora se modifican, según el régimen), fueron adoptadas en medio de circunstancias impuestas por las agresiones que en esta esfera se han implementado por las diferentes administraciones norteamericanas, con el estímulo de sus aliados en Miami”.

Para La Habana, el tema migratorio ha estado sometido a “fuertes campañas mediáticas diseñadas y dirigidas” por el Gobierno de Estados Unidos “y otras fuerzas que en ese país se han opuesto a la Revolución”, a fin de “sembrar la confusión en la opinión pública internacional” y el pueblo.

“No han sido pocas las víctimas, incluso mortales, de las dramáticas situaciones generadas a partir de la politización por parte de los enemigos de Cuba de esta sensible cuestión”, indica.

El Gobierno cubano subraya que la política estadounidense ha incluido “desde campañas mediáticas y ‘robo de cerebros’, hasta atentados terroristas, sabotajes y agresiones de todo tipo”.

Por lo que, siendo “víctima del despojo indiscriminado de sus profesionales” y “mientras persistan las políticas que favorecen el ‘robo de cerebros’, dirigidas a despojarnos de los recursos humanos imprescindibles para el desarrollo económico, social y científico del país, Cuba estará obligada a mantener medidas para defenderse en este frente”, señala el Editorial.

Las medidas a las que hace referencia el editorial de Granma están recogidas, en parte, en los acápites F y H del artículo 23.

El primero de estos acápites indica que los ciudadanos cubanos que “carezcan de la autorización establecida, en virtud de las normas dirigidas a preservar la fuerza de trabajo calificada para el desarrollo económico social y científico-técnico del país, así como para la seguridad y protección de la información oficial” no podrán obtener el nuevo pasaporte estipulado en la disposición.

El segundo señala que tampoco podrán cumplir este requisito para viajar “cuando por razones de interés público, lo determinen las autoridades facultadas”.

Dependerán de dicha “autorización”, según recoge la Sección Sobre el tratamiento hacia los cuadros, profesionales y atletas que requiren autorización para viajar al exterior, “directivos superiores y directivos en los aparatos centrales de los órganos, organismos, entidades nacionales, consejos de la Administración y organizaciones superiores de dirección empresarial”, además de directivos y ejecutivos que trabajen en “actividades vitales para el desarrollo económico, social y científico-técnico” de Cuba.

También deberán estar pendientes de este nuevo “permiso de salida” “los graduados de la educación superior que realizan “actividades vitales” en “programas estratégicos, proyectos de investigación y servicios de salud”, “técnicos de nivel medio especializados” en funciones de “mantener los servicios de salud y la actividad científico-técnica, así como “atletas de alto rendimiento, técnicos y entrenadores vitales para el movimiento deportivo cubano”.

Para los directivos, los graduados de educación superior y los atletas de alto rendimiento, entre otros, la “autorización” podrá tardar cinco años en ser concedida; para los técnicos de nivel medio, el plazo será de tres años.

Es así que, escudándose en la la política de Estados Unidos hacia Cuba —incluyendo la, según el Gobierno, “criminal” Ley de Ajuste Cubano—, el régimen de la Isla vuelve a supeditar el derecho a viajar de una importante parte de la ciudadanía cubana a una “autorización” que dependerá de los “intereses” de la burocracia de la Isla.


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