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Obama, sólo si el puño se abre

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Respecto al caso cubano, la posición de Estados Unidos se ha visto fortalecida en la Cumbre de las Américas que este domingo cerró sus puertas en Trinidad y Tobago. No habrá concesiones adicionales a las ya ofrecidas en los últimos días al régimen de La Habana, o al menos es lo que puede deducirse de la intervención del presidente Barack Obama durante la clausura de la Cumbre. La pelota está en la cancha castrista.

En Trinidad, Obama ha puesto en circulación un estilo de hacer política en el que las buenas maneras no están reñidas con la solidez de ciertos principios irrenunciables para una democracia como la norteamericana. Se pueden decir las verdades más duras sin renunciar a la cortesía, la moderación o la sonrisa. Y se puede dialogar sin dejar por ello de defender la libertad y los derechos individuales en las mismas narices de sus enterradores. Es bueno, por ejemplo, que Luiz Inacio Lula da Silva, quien ha declarado que no deben esperarse gestos del castrismo para que Estados Unidos continúe relajando el embargo, se entere de que la carretera es de doble vía. La responsabilidad es compartida. O mejor: existe algo que se llama responsabilidad, aunque la clase política latinoamericana pretenda seguir ignorándolo.

“El gobierno cubano podría liberar a los presos políticos o reducir los impuestos sobre las remesas que se envían desde Estados Unidos”, dijo Obama en la conferencia de prensa de clausura. “Sería una buena señal, un ejemplo de colaboración donde ambos gobiernos estaríamos trabajando para mejorar el nivel de vida del pueblo cubano”. Es lo que algunos han dado en llamar “inteligencia emocional”. Una invitación a meditar sobre el valor de la política práctica.

Esto de la reducción de los impuestos a las remesas suena particularmente inteligente. Despolitiza el discurso, desmotivando el “trabajo ideológico” de los “compañeros”.

Mientras, la mano no negocia si el puño no se abre.

Cortesía Libertad Digital.



Metralla contra Carlos Alberto Montaner

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Las campañas castristas -o procastristas, que para el caso es lo mismo- contra Carlos Alberto Montaner engrosan la munición des-informativa con que el régimen de La Habana y sus amanuenses ametrallan, desde hace medio siglo, a la opinión pública internacional. Fruto de esta obsesión oficialista es la última andanada, circense como ya es habitual, de la licenciada Rosa Cristina Báez Valdés.

A Báez Valdés se le ha ocurrido una idea de campeonato: recoger firmas contra “la doble moral mediática”. ¿Cuál es esa? Supuestamente aquella que permite que las columnas de Montaner circulen en los medios de prensa latinoamericanos. Básicamente, en este caso particular, la licenciada no pudo resistir la lectura de un artículo publicado por El Heraldo de Colombia. Así que ha llamado a impedir que “un terrorista que no ha cumplido su condena” (a estos defensores del castrismo no se les ocurre ni que están vivos) continúe publicando. “Fuera Montaner de la prensa y los medios de nuestro continente”, dispara. Tanta pólvora, sin embargo, no disuelve el “aroma” con que estos menores contagian, en su incontinencia, a quienes se meten con ellos en la cama.

“La campaña finaliza el Día del Periodista, 4 de agosto de 2009, en donde una Comisión de Periodistas hará entrega a Bell Lemus, director de El Heraldo, República de Colombia, de todas las adhesiones recogidas”, reza el panfleto que distribuye una llamada “Red Informativa Virtin”. Una campaña, por cierto, dirigida a amordazar la libertad de expresión. Orientada a impedir que un periodista publique. Empeñada en negarle la palabra a un escritor. Son estas las lecciones aprendidas en cincuenta años de totalitarismo.

El castrismo, ya se sabe, no puede ganar la Batalla de Ideas. Sólo puede, a mucho tirar, demorarla. Y, para eso, únicamente en su territorio sin fronteras, en la Isla abandonada a la corriente del golfo. Amordazar a todo un continente es harina de otro costal.

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Honduras: El Golpe de Estado de Manuel Zelaya (I)

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Al momento de ser destituido por el Ejército, tras una orden del Tribunal Supremo (TS) hondureño, el presidente Manuel Zelaya se aprestaba a dar un Golpe de Estado en Honduras: A imagen y semejanza de su referente político, el golpista Hugo Chávez, pretendía alterar la Constitución con el propósito de reelegirse.

Cabe recordar cómo se las arregló Chávez para burlar la voluntad popular hace pocos meses en Venezuela, convocando un segundo referendo –por supuesto, ya concebido para ganar por las buenas o por las malas- apenas un año después de que el primero expresara claramente el sentir del pueblo venezolano: No a la reelección indefinida del discípulo de Fidel Castro.

En el caso de Zelaya, se trataba de darle también un golpe a la Constitución hondureña, pero pasando por encima del Congreso y del TS. Estas últimas, no se olvide, son instituciones claves en cualquier democracia que se respete; de hecho, entre otras cosas, han sido diseñadas para hacer respetar las estructuras democráticas de las que la Constitución de la República es base fundamental. Tanto el Congreso como el TS habían desautorizado previamente a Zelaya, que pretendía convocar un plebiscito –bajo cobertura, seguramente, de los petrodólares chavistas- para alterar la Carta Magna.

Una democracia funcional es antes que nada, incluso por encima del presidente de turno, un conjunto de reglas e instituciones que garantizan el Estado de Derecho, y que no pueden ser arbitrariamente alteradas. Es lamentable la destitución a la fuerza de un presidente, ciertamente, pero mucho más lamentable resulta, sin duda, que un presidente intente la destitución a la fuerza del orden constitucional, institucional, legal, que se ha dado un país. Es lo que intentaba Zelaya en Honduras y es lo que ha conseguido en los últimos años, en la región, más de un aspirante a dictador vitalicio.

En democracia, corresponde al Ejército defender el orden constitucional cuando el poder ejecutivo, o cualquier otro, lo amenaza. Va siendo hora de parar en seco la demolición de las estructuras democráticas en Latinoamérica, proceso llevado a cabo, en la última década, desde la institución presidencial. Ojalá lo consigan los hondureños.

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Honduras: El Golpe de Estado de Manuel Zelaya (II y final)

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En el artículo anterior aseguraba que es lamentable la destitución a la fuerza de un presidente, aunque mucho más lamentable resulte que un presidente intente la destitución a la fuerza del orden constitucional, institucional, legal, que se ha dado un país, como hizo Manuel Zelaya en Honduras. Algunos lectores han insistido, sin embargo, en que la denuncia del intento de Golpe de Estado previo con que el ex presidente hondureño pretendía cambiar las reglas del juego político constituye un intento -en el caso que nos ocupa, mío- de justificar el uso, mal empleado, de la fuerza militar. Nada de eso.

El artículo anterior hace hincapié en la circunstancia previa que desató la destitución del presidente. Sigo creyendo, y con esto no descubro el agua tibia, que en democracia corresponde al Ejército defender el orden constitucional cuando el poder ejecutivo, o cualquier otro, lo amenaza, y fue esto último lo que ocurrió en Honduras. Con el agravante, por cierto, de la intromisión de poderes extranjeros –del chavismo en particular- en la ecuación. Pero ello no quiere decir que apruebe las maneras, las formas, con las que se llevó a vías de hecho la detención y expulsión de Zelaya. Cuando escribí que “es lamentable la destitución a la fuerza de un presidente” fue eso exactamente lo que quise decir.

Pero lo más importante aquí, me parece, es el saludable precedente que sienta la actuación de las instituciones democráticas hondureñas, más allá de sus pifias de estilo o procedimiento. Desoyendo al Congreso, al Tribunal Supremo y a la mismísima Constitución (incluso a su propio partido y a muchos de sus votantes, a los que previamente traicionó… y esto sería ya materia de otro artículo), Zelaya pretendía "refundar la nación mediante una Asamblea que cambiara las reglas de juego del sistema político”. Y todos sabemos lo que eso significa aquí y ahora: Desmontar los mecanismos y estructuras democráticas para desembocar, paulatinamente o no, en un sistema totalitario como el castrista, o en uno en proceso de serlo, como el chavista. Así que la respuesta de las instituciones hondureñas al intento de golpe de Zelaya ha sido ejemplar, y debería servir de ejemplo en Latinoamérica (descontando, por supuesto, las pifias de procedimiento anteriormente mencionadas).

Si en América Latina los actores políticos respetaran las estructuras democráticas y se limitaran más efectivamente los poderes del Ejecutivo, como pasa en los países civilizados, mucha gente ya habría salido de la pobreza y nos hubiéramos ahorrado un sinfín de dictaduras y masacres. No hay que olvidar que en la última década el auge del autoritarismo en el continente, en países como Venezuela, Nicaragua, Bolivia, etcétera, ha respondido a oscuras maniobras presidenciales. En una región donde el fraude, el tráfico de influencias y los petrodólares pervierten los procesos electorales y de consulta, resulta imprescindible limitar todavía más los poderes del Ejecutivo, reforzando el papel de contrapeso para el que fueron concebidos poderes como el Legislativo y el Judicial y blindando la condición de referente de las constituciones nacionales. Una Constitución no puede ser, cada dos por tres, ese papel mojado con que el presidente de turno se suena las narices.

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Las violaciones del violador

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El ex presidente Manuel Zelaya ha violado tantos artículos de la Constitución hondureña, tantos procedimientos establecidos por las instituciones de ese país y tantos preceptos democráticos en apenas unas horas, que uno no sabe por dónde empezar. En cualquier caso, aquí algunos de los artículos de la Carta Magna violados, y rogamos a los lectores que si nos quedamos cortos, o incurrimos en imprecisiones, nos lo señalen:

Artículo 51 (violado por Zelaya). “Para todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales habrá un Tribunal Nacional de Elecciones, autónomo e independiente, con jurisdicción y competencia en toda la República…”

Artículo 205 (violado también). “Corresponden al Congreso Nacional… Decretar la restricción o suspensión de derechos de conformidad con lo prescrito en la Constitución y ratificar, modificar o improbar la restricción o suspensión que hubiere dictado el Poder Ejecutivo de acuerdo con la Ley…”.

Artículo 239 (violado). “El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública”.

Artículo 272 (violado). “Las Fuerzas Armadas de Honduras…se constituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el orden público y el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República”.

Artículo 279 (violado). “El Jefe de las Fuerzas Armadas… sólo podrá ser removido de su cargo por el Congreso Nacional, cuando hubiere sido declarado con lugar a formación de causa por dos tercios de votos de sus miembros; y en los demás casos previstos por la ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas”.

Artículo 322 (violado). “Todo funcionario público al tomar posesión de su cargo prestará la siguiente promesa de ley: Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”.

Artículo 373 (violado). “La reforma de la Constitución podrá decretarse por el Congreso Nacional, en sesiones ordinarias, con dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros. El decreto señalará al efecto el artículo o artículos que hayan de reformarse, debiendo ratificarse por la subsiguiente legislatura ordinaria, por igual número de votos, para que entre en vigencia”.

Artículo 374 (violado). “No podrán reformarse, en ningún caso, el artículo anterior, el presente artículo, los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al período presidencial, a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la República, el ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título y el referente a quienes no pueden ser Presidentes de la República por el período subsiguiente”.

Como se podrá apreciar, Zelaya no debía haber sido expulsado del país: Debía estar detenido a la espera de un juicio, o simplemente debió haber sido destituido. En todo caso, ése habría sido el error de bulto de los demócratas hondureños: No haberlo puesto a disposición de la justicia, o no haberlo cesado sin más. Le dieron cuerda para seguir enredando la pita, y ahora hasta los tontos útiles la enredan con él.

¿O era peor el remedio que la enfermedad?

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El Reducto que los ingleses se negaron a canjear por la Florida

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Autor: Armando Añel

Armando Añel

Escritor, periodista y editor. Reside en Miami, Florida.
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