Actualizado: 16/09/2019 12:05
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Sociedad

Ni la de Quintín, ni las cien mil

El actual plan de viviendas del gobierno, como los anteriores, está condenado al fracaso por la ausencia de participación ciudadana.

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En marzo pasado, el diario oficialista Granma publicó una serie de artículos referidos a la construcción de viviendas en Cuba. Uno de ellos estuvo dedicado a Ciudad de La Habana, que en febrero sólo había concluido 619 de las 10.672 planificadas para este año y donde el 29 por ciento de las 589.000 viviendas están en regular o mal estado.

Otro habló del municipio tunero de Jobabo, donde de las 1.335 casas que estaban en ejecución a principio de año sólo se han concluido 19. Luego le tocó el turno al municipio habanero de Nueva Paz, en el cual el 53 por ciento de los inmuebles está en regular o mal estado. Y después el periódico se trasladó a Consolación del Sur, en la provincia de Pinar del Río.

Como los cuatro artículos contienen un denominador común, a saber, la responsabilidad familiar en la construcción de los hogares, hablaré sólo del último de ellos.

"La construcción de la vivienda de Quintín Amparo Chirino no avanza a buen ritmo. Hace varios días que no se trabaja. Lo indica la hierba que ha comenzado a salir en lo que será el piso. El cemento a granel que le han entregado para la obra podría echarse a perder y las cabillas para los arquitrabes que darán consistencia a la armazón de paredes muestran los primeros síntomas de corrosión". Así comienza el artículo Sin tiempo que perder.

En septiembre del pasado año, Granma publicó un reporte —acerca del informe presentado a la Asamblea Nacional del Poder Popular por el secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros— en el que se dio a conocer que, debido al "mejoramiento de las posibilidades financieras del país", se iban a "construir y terminar no menos de 100.000 viviendas nuevas por año a partir del 2006", el "mayor plan habitacional aprobado en Cuba durante toda su historia".

Según el reporte, la nueva concepción se basa en el concepto de que "el constructor principal sea la propia familia que vivirá el inmueble", pues la "batalla de ideas", en la que están ocupados los constructores profesionales, no debe afectarse en lo más mínimo.

Surgida coyunturalmente del conflicto entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, la "batalla de ideas" —prohibición del debate constructivo entre ideas y su conversión en marchas, consignas, tribunas y discursos movilizativos desde y por el poder político— se ha convertido en una cortina para ocultar la incapacidad del Estado en la solución del problema habitacional.


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