Actualizado: 16/09/2019 12:05
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Sociedad

El drama de la vivienda

Una de las causas del éxodo masivo, conflictos familiares y matrimoniales y fuente de desesperanza y descontento.

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La familia es la célula fundamental de la sociedad y el hogar su asiento natural. Por ello desde que el hombre abandonó los refugios naturales y la vida nómada, la vivienda pasó a constituir, por su insustituible y privilegiada función en el disfrute, educación y estabilidad, una condición básica de existencia, una de las necesidades más determinantes para los seres humanos y uno de los problemas de mayor preocupación y ocupación para los individuos, las instituciones, la familia, la sociedad y el Estado.

En Cuba su satisfacción siempre fue precaria. El ritmo de crecimiento aventajó la oferta de habitáculos y si el déficit resultante no fue mayor en la primera mitad del pasado siglo, se debió a las diversas opciones existentes de arrendamiento, compra y construcción.

En la segunda mitad del siglo la revolución priorizó el tema. En los primeros dos años se creó el Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda para dedicar los fondos de la Lotería Nacional a ese fin; se planteó "a todo el que construya una casa para vivirla" eximirlo de impuestos durante 10 años; se dictó la Ley sobre la Rebaja de Alquileres para favorecer a los sectores de menores ingresos; se aprobó la Ley 218 sobre la venta forzada de solares yermos; se creó la Dirección de Viviendas Campesinas para la construcción en zonas rurales y se aprobó la Ley de Reforma Urbana en la que se reconocía la "posesión de la vivienda como derecho imprescindible e inalienable del ser humano".

Sin embargo, no se le prestó la debida atención a la importancia de la participación ciudadana, de forma autónoma y paralela al Estado, en la solución del problema habitacional.

Desde esa limitada óptica comenzó el primer plan para construir los 32.000 apartamentos anuales que requería el crecimiento demográfico en aquel momento; plan que no pudo rebasar, en los 11 años que van de 1960 a 1970, las 11.000 viviendas anuales como promedio. Agregando unas 230.000 al déficit antes existente. Un discurso de la época expresaba el "revés" sufrido mediante una falsa contradicción: "o nos desarrollamos —decía— o nos dedicamos a construir viviendas", cuando el planteamiento debió ser "desarrollarnos y construir viviendas".

La temprana experiencia puso en evidencia la ausencia de la participación autónoma de la sociedad. Eso, al parecer, fue lo que condujo a la idea de la "participación popular", pero sin autonomía, desde y dependiente del Estado. Esta nueva visión se puso en marcha en 1971 con la creación de las "microbrigadas": 33 trabajadores que, transformados en constructores, erigían un edificio, cobraban sus salarios por la empresa estatal, mientras la vivienda terminada pasaba a ser propiedad de la empresa para que esta la entregara en usufructo a los seleccionados.

Leyes y regulaciones

A pesar del auge alcanzado por ese movimiento de "participación popular", el ritmo de las construcciones entre 1971 y 1980, que demandaba entonces unas 38.000 viviendas anuales para cubrir el crecimiento poblacional, fue inferior a las 17.000 anuales de promedio, lo que añadió otras 200.000 al ya abultado déficit. La década de los años ochenta irrumpió con una población superior a los 10 millones de habitantes, para los que se requerían entonces unas 45.000 nuevas viviendas por año.

Ante ese reto, el gobierno se propuso a partir de 1981 elevar las construcciones hasta unas 100.000 anuales para satisfacer el crecimiento y disminuir gradualmente el déficit acumulado, pero nuevamente, a pesar de los enormes esfuerzos, no se pudo rebasar la cifra de 40.000 anuales como promedio en la primera década, lo que arrojó otro déficit de unas 50.000 viviendas.


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Derrumbe en la esquina de las calles Águila y Colón, en la Habana ViejaFoto

Derrumbe en la esquina de las calles Águila y Colón, en la Habana Vieja.