Reflexión sobre la violencia

Si bien es cierto que caracterizar a los grupos insurgentes como "actores políticos" —pese a los métodos que emplean— es una metodología adecuada, no es menos cierto que una de las características que crea la singularidad de la violencia en Colombia es la preeminencia en su práctica del uso de métodos delincuenciales como medio de financiación y arma política. En particular, la participación activa en la producción y el comercio de drogas, que se ha convertido en un método de guerra y, por ende, de hacer política.

Este hecho dificulta otorgarles el estatus de "fuerza beligerante", como lo exigen las propias FARC, y a su vez, dificulta la constitución de un espacio propicio para una salida de guerra negociada con la colaboración de la comunidad internacional, como debería ser el desenlace al que aspira el Estado colombiano, según lo plantea el autor.

Las definiciones del conflicto

El primer capítulo de Una democracia asediada trata de determinar la caracterización del tipo de conflicto armado que existe en Colombia. El autor baraja las diferentes definiciones propuestas por los especialistas: guerra civil, guerra contra la sociedad, guerra ambigua y guerra antiterrorista, las cuales no son adecuadas para caracterizar el caso colombiano. El autor le niega, sobre todo, el carácter de guerra civil. Más que un supuesto poderío de la insurgencia, se ha constatado la debilidad del Estado y el comercio de drogas ilícitas como factores que explican las dimensiones y la duración del conflicto.

Se han documentado las relaciones de interdependencia entre los traficantes de droga, (convergencia entre coca y Kaláshnikov), las guerrillas y los grupos paramilitares, simbiosis que ha dado lugar a una verdadera "economía de la guerra", directamente relacionada con el mercado de la droga y el mercado de armas. Esto hace que intervenga la lucha contra la droga, lo que de por sí le da un carácter internacional al conflicto y tiende a quitarle su carácter político.

Pizarro admite que en el estado actual del debate no se siente con capacidad de proponer un concepto alternativo a los ya ventilados y que tipifique el tipo de guerra que se lleva a cabo en el país. Sin embargo, propone catalogarlo como "un conflicto armado interno (inmerso en un potencial conflicto regional complejo), irregular, prolongado, con raíces ideológicas, de baja intensidad (o en tránsito hacia un conflicto de intensidad media), en el cual las principales víctimas son la población civil y cuyo combustible principal son las drogas ilícitas".

El segundo capítulo es de gran utilidad, porque caracteriza los rasgos de los grupos armados que hoy enfrentan al Estado —FARC, ELN y AUC—, contextualizando las circunstancias de su surgimiento y el desarrollo de cada uno a partir de un bosquejo histórico. El tercer capítulo gira en torno a la definición de los grupos armados: ¿se trata de grupos guerrilleros o han derivado hacia el terrorismo? Igual pregunta se hace con respecto a las fuerzas paramilitares.

Apoyándose en el marco analítico surgido en Estados Unidos en torno a las modificaciones en el campo del terrorismo, bajo la influencia de la globalización y la revolución tecnológica, el autor inquiere sobre el posible tránsito de la naturaleza del conflicto en Colombia —de una guerra contrainsurgente a una antiterrorista— y el dilema que puede suscitar dicha situación ante la aplicación de medidas normativas que deriven en actitudes reñidas con la democracia.

El capítulo cuarto se adentra en el estudio de la economía política de las guerras internas o el tema de los "diamantes ensangrentados", combustible de los conflictos armados en varios países africanos. Tema ampliamente desarrollado con cifras y estadísticas elaboradas por organismos competentes. Particularmente bien documentado, este capítulo deja establecido que existe una simetría directa entre el incremento de los cultivos de coca y la expansión de los grupos al margen de la ley.

Sin embargo, el autor considera errónea la asimilación de los grupos guerrilleros a simples carteles de la droga, pese a constituir uno de sus principales recursos políticos y, por supuesto, el impulsor de la guerra, como ha sucedido con algunos grupos premilitares para quienes la guerra de contrainsurgencia es una fachada, pues el narcotráfico se ha convertido en la verdadera motivación.

El actor del capítulo cinco es Colombia y el contraste entre una democracia ininterrumpida, una estabilidad macroeconómica en relación con el resto de los países de la región, al punto de haber escapado a la crisis de la deuda de los años ochenta, que azotó a todo el continente latinoamericano.

El capítulo seis se centra en el estudio del impacto del conflicto colombiano en el plano internacional y, en particular, en las relaciones entre Washington y Bogotá. El papel preponderante que juega Estados Unidos en el marco del conflicto, comenzó en 1998, tras la salida del gobierno de Ernesto Samper, cuyo mandato se caracterizó por graves tensiones diplomáticas entre ambos países.

El capítulo siete es un balance de la política seguida por Álvaro Uribe, que según el autor está dirigida a desembocar, tarde o temprano, en una solución negociada a la manera de las negociaciones de paz en Centroamérica.

Cuando el libro se publicó, todavía el presidente de Venezuela no había entrado abiertamente en el conflicto colombiano, ni tampoco existía el gobierno de Rafael Correa en Ecuador. Pese a haber sufrido serios reveses en el plano militar interno, en el internacional las FARC han realizado exitosamente una guerra mediática gracias al impacto del caso Ingrid Betancourt y el apoyo innegable que han encontrado en los gobiernos de Venezuela y Ecuador.

Las circunstancias favorables de que gozan las FARC en la actualidad en el plano internacional, debido al chantaje que ejercen con los rehenes, alejan la posibilidad de que el Estado colombiano logre el "punto de inflexión" que Pizarro menciona como condición para entablar negociaciones de paz.

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