Actualizado: 29/11/2021 15:04
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Bolivia

Difamando a diestra y siniestra

La nueva estrategia de Evo Morales: acusar de faltas graves a los enemigos internos del gobierno y darlos de pasto a la opinión pública.

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Uno de los procedimientos que el gobierno de Evo Morales utiliza sistemáticamente para reafirmar su poder y que revela más que otros la naturaleza del régimen es la difamación. Según dos diputados del MAS (Movimiento al Socialismo), René Ramos y Humberto Iquiapaza, entre el 12 y el 16 de octubre de 2003, el ministro de Finanzas de Gonzalo Sánchez de Lozada ordenó la sustracción del Banco Central de Bolivia de la módica suma de 800 millones de bolivianos (100 millones de dólares).

Las cámaras del servicio de vigilancia filmaron la escena y la televisión la divulga una y otra vez. En las imágenes se puede ver a los funcionarios y a los guardias llevando los fajos de billetes y las cajas negras. El pueblo es testigo. Sin embargo, Juan Antonio Morales, ex presidente del Banco Central, comentó: "si su denuncia fuera cierta, el circulante habría aumentado de golpe en casi 30%, lo que se habría reflejado en fuertes incrementos de precios o pérdida de reservas internacionales, lo que no sucedió. Por otra parte, los problemas de almacenamiento y de transporte de mil millones de bolivianos, por su peso y volumen, hubiesen sido también formidables, más aún en un país convulsionado, con carreteras bloqueadas".

Desde luego, se trata de atacar más aún, como si fuera necesario, al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien ya carga con una acusación de genocidio por lo que convendría llamar la masacre de octubre de 2003. En aquel momento, la represión de la policía y el ejército contra los manifestantes que bloqueaban La Paz para reclamar la nacionalización de los hidrocarburos y la reconstrucción del país por una Asamblea Constituyente, causó 60 muertos y 140 heridos.

Por estos hechos se abrió un juicio ampliatorio de responsabilidades que agrega una acusación a la anterior y hace de sus ministros de Finanzas y de Gobierno, así como del ex presidente del Banco Central y de otros altos funcionarios, asociados cómplices del robo de recursos nacionales.

De paso, y para seguir por el mismo camino, el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, acaba de anunciar la apertura de un juicio de responsabilidades contra Prisma Energy, la subsidiaria de la quebrada Enron, propietaria en asociación con Shell del 50 por ciento de las acciones de la empresa Transredes, especializada en el transporte de hidrocarburos. Por ese mismo caso, también contra el ex presidente Sánchez de Lozada, su vicepresidente y unos cuarenta ministros y altos funcionarios que ocuparon cargos durante su mandato.

Procedimientos turbios

Se trata de acusaciones altamente simbólicas y de las cuales se espera un beneficio proporcional al perjuicio que ellas representan para las personas implicadas con los traidores y corruptos, y que suceden a muchas otras. Es así que la mayoría de los ex presidentes del país están acusados: Rodríguez Veltzé, de traición a la patria por haber dejado salir del país los misiles chinos que estaban en posesión del Ejército para su desarticulación; Carlos Mesa, por haber tenido la intención de conspirar con el Ejército para mantenerse en el poder; Jorge Quiroga, por haber firmado contratos 'lesivos' (para el Estado) con compañías petroleras extranjeras.


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